Bruselas avisa de que la red eléctrica española no es suficiente para dar cabida a todos los proyectos renovables

El acelerón sin precedentes de las renovables en España, con 1.400 proyectos en camino, tiene un límite físico: la capacidad de la red eléctrica. Así lo advertía hace mes y medio la consultora sectorial Aurora Energy Research —”el sistema de transporte de electricidad no ha crecido a un ritmo comparable al rápido aumento de las renovables”, avisaba—, y así lo alerta la Comisión Europea en sus recientes recomendaciones anuales a España. “Las restricciones de capacidad de la red limitan una mayor integración de las energías renovables”, se lee en el documento, publicado la semana pasada.

El Ejecutivo comunitario cree que son necesarias más “inversiones tanto en infraestructura de red como en almacenamiento para integrar más electricidad renovable”. Y reconoce que el nivel de interconexión eléctrica con Francia (del 5,4%), sigue estando “significativamente por debajo” de los objetivos comunitarios para los Veintisiete: tanto para 2020 (un año en el que se tenía que haber llegado al 10%, una quimera en el caso ibérico) como para 2030 (el 15%, un objetivo al que con siete años de adelanto ya está claro que será imposible alcanzar, incluso con el nuevo cable del golfo de Vizcaya, previsto para 2027 o 2028).

Al tiempo, los técnicos del Ejecutivo comunitario dan por descontado que el Gobierno elevará sus metas de potencia renovable en su nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para sincronizarlo con la ambición, cada vez mayor, de los objetivos comunitarios a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Según los números de la propia Comisión, España debería aspirar a alcanzar los 67 gigavatios (GW) de eólica y los 35 GW de fotovoltaica en 2030, frente a los poco más de 30 y 23 actuales, respectivamente.

El problema no es tanto de demérito de la red eléctrica, una de las mejor malladas y más modernas y robustas de entre los grandes países del Viejo Continente, sino de tamaño del tsunami de proyectos fotovoltaicos —y en menor medida, eólicos— que está por llegar. También del proceso de electrificación acelerada —bombas de calor, coches eléctricos...— que necesariamente tendrá que llevarse a cabo en los próximos años para dejar atrás las energías fósiles. Que ambos procesos se desarrollen a la par es condición imprescindible e inexcusable de la transición energética. Pero para poder llevarlos a buen puerto hace falta un aldabonazo inversor en las infraestructuras de evacuación y transporte.

La renovada ambición renovable, que se plasmará en el borrador de actualización que el Gobierno español remitirá a Bruselas en junio y que con total seguridad incluirá una fuerte revisión al alza en las metas, tiene también un segundo freno más allá de la red: el capital humano. “La escasez de mano de obra y de cualificaciones en sectores y profesiones clave para la transición ecológica está creando cuellos de botella”, avisa el Ejecutivo comunitario en su última tanda de recomendaciones específicas para España. La formación “de alta calidad, que responda a las necesidades cambiantes del mercado laboral”, y el reciclaje de profesionales que hasta ahora se dedicaban a otros menesteres deben ser —siempre según la Comisión Europea— dos acciones “fundamentales para reducir esta escasez y promover la inclusión y la reasignación laboral”.

Menos subsidios fósiles

Bruselas también pone el dedo en la llaga con el ritmo de despliegue del coche eléctrico, claramente más lento de lo requerido para cumplir los objetivos de reducción de consumo de carburantes fósiles. “El transporte”, según se recoge en el texto, “sigue dependiendo fuertemente de los combustibles fósiles y la movilidad eléctrica está infradesarrollada, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda”. Estas palabras constatan una realidad que ha quedado especialmente patente en los últimos tiempos: tanto la compra de vehículos a pilas —mucho más eficientes desde el punto de vista energético y fundamentales para aprovechar todo el potencial renovable que está por llegar— como la entrada en funcionamiento de nuevos puntos de recarga no solo caminan varios cuerpos por detrás de la media europea sino también de otros países del entorno más inmediato, como Portugal.

En el análisis adicional de los servicios de la Comisión, Bruselas constata cómo los combustibles fósiles “aún suponen una parte sustancial del mix [energético] español”: en 2021, el último año completo para el que hay datos, tanto el petróleo como el gas sumaron cada uno el 25% del consumo total de energía primaria, mientras que apenas el 18% provino de fuentes renovables. “La alta exposición española a los precios de estos carburantes supone un fuerte incentivo para acelerar la transición a la energía limpia”, agrega. En este sentido, los técnicos de Bruselas critican los “dañinos” subsidios a los carburantes, en los que se gastaron 3.000 millones de euros de dinero público solo en 2021, “poniendo en desventaja las alternativas bajas en carbono”. En el plano recaudatorio, zanjan, España aún tiene un gran potencial inexplorado en impuestos ambientales.

El Ejecutivo comunitario pone, asimismo, el foco sobre la renovación de los edificios residenciales para reducir drásticamente su demanda energética. El PNIEC actual cifra su objetivo en 1,2 millones de viviendas para finales de la década, algo más de la tercera parte de ellas financiadas con fondos europeos. “El despliegue de medidas de eficiencia energética en áreas con escasez pronunciada y mercados [inmobiliarios] tensionados, tanto a través de la renovación como a través de la electrificación, contribuirían a contener el consumo de energía y a afrontar la transición verde, así como ayudarían a los hogares vulnerables, más expuestos a la pobreza energética”, subraya la Comisión Europea.

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