Bruselas abre un segundo expediente a España por no cumplir con la directiva europea de conciliación

La Comisión Europea ha abierto un segundo expediente de infracción a España por no aplicar la directiva plenamente la directiva de conciliación de la UE. Esta vez lo hace por no trasponer a la norma española la obligación de implantar un permiso retribuido en las últimas dos semanas en la licencia parental. El plazo para hacerlo venció el 2 de agosto y ahora Bruselas abre el procedimiento de sanción que puede acabar, si el Gobierno no corrige la situación durante el proceso, con un sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la UE y una sanción económica. De hecho, el Ministerio de Trabajo calcula que por el primer expediente abierto España tendrá que pagar, al menos, siete millones de euros.

La directiva de conciliación entre la vida laboral y familiar, que se aprobó en 2019, marcaba un doble plazo para su trasposición a las leyes nacionales de los Estados miembros. El primero concluía el 2 de agosto de 2022 y, entre otras medidas, contemplaba “la disposición para proporcionar el derecho a dos meses de permiso parental intransferible y adecuadamente remunerado”, explica el comunicado de la Comisión. España ya no cumplió entonces y Bruselas puso en marcha el primer procedimiento de infracción. El Gobierno hizo cambios legales y eso suspendió el expediente, pero las modificaciones no fueron suficientes y se reabrió en julio.

Cuando se puso en marcha ese expediente, que ya ha llegado a los tribunales, Bruselas pidió una sanción económica de 9.760 euros diarios desde el incumplimiento de la transposición de la directiva y nunca menos de 6,8 millones de euros. A esto se sumará, desde el momento en el que exista una sentencia del Tribunal General o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una extensión de la multa “de 43.920 euros diarios desde la fecha de la sentencia en el presente procedimiento hasta que el Reino de España cumpla con su obligación”.

Justo dos años después del primer plazo vencía el segundo, el que se recoge la obligación de fijar un permiso parental de dos semanas retribuidas al final del periodo, y es por este por el que se abre ahora un nuevo expediente. Abrir expediente es la primera amonestación de la Comisión Europea a un Estado miembro cuando no aplica una norma europea. En este punto, el Ejecutivo de la Unión da dos meses de plazo para que el Estado corrija la situación o explicarla. Si esta respuesta no convence en Bruselas, el siguiente paso consiste en emitir una opinión razonada y demandar una opinión razonada. Y si tampoco en esta ocasión el Gobierno de turno convence, la Comisión demanda al Estado ante los tribunales.

La trasposición de esta directiva no está siendo fácil ni pacífica en el Gobierno de coalición. La aplicación de un permiso de ocho semanas, cuatro de ellas retribuidas, está recogida en el pacto de Gobierno que el PSOE y Sumar firmaron hace un año por estas fechas. También la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso por nacimiento, acogida o adopción forman parte también de los compromisos de ese pacto. De ahí que los de la formación minoritaria en el Ejecutivo, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la cabeza, han reclamado públicamente una y otra vez que ambas medidas se materialicen, a pesar de los problemas presupuestarios que ha venido argumentando la parte socialista del Ejecutivo.

Que en agosto se hiciera público desde el Ministerio de Trabajo la cuantía mínima con la que podría ser sancionada España es, claramente, un movimiento para presionar a sus socios, especialmente al departamento de Hacienda. En este escenario, es, por tanto, probable que vuelva a abrirse este capítulo en la negociación de los presupuestos entre la parte socialista del Gobierno y la de Sumar para resolver la situación.