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Trabajo admite que Bruselas ha multado a España con siete millones de euros por no retribuir el permiso parental

Este viernes ha terminado el plazo para que la normativa española recogiera el pago de las ocho semanas de permiso para atender menores que exige la directiva europea de conciliación

trabajo
Adrina, su marido y sus tres hijos concilian el teletrabajo y el cuidado de sus tres hijos durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus-19. foto: L. ricoL. Rico
Raquel Pascual Cortés

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha admitido este viernes que Bruselas ya ha apercibido y multado a España con siete millones de euros por no haber traspuesto a tiempo a la ley española la directiva europea de conciliación en lo que se refiere a la retribución de los permisos parentales. Dicho permiso para el cuidado de menores existe desde hace poco más de un año y consiste en hasta ocho semanas de ausencia en el trabajo (distribuidas como quiera el empleado) hasta que el menor tenga ocho años de edad.

Es más, durante la rueda de prensa para analizar los datos del paro registrado de julio, el número dos del Ministerio de Trabajo ha insistido —en clara apelación a los ministerios socialistas de Economía y Hacienda, que son los que manejan la distribución de las cuentas públicas— en que “hay que dar una respuesta cuanto antes a esta exigencia en el marco de los Presupuestos Generales del Estado o fuera de ellos” porque, de lo contrario, esos siete millones de multa “seguirán subiendo”.

Este viernes ha terminado el plazo ampliado que daba la directiva europea de conciliación para que los Estados tuvieran vigente este permiso parental que, según el mandato comunitario, debe tener la condición de retribuido. Es decir, que o bien a través de una prestación pública o bien a costa del empleador, el trabajador debe recibir su sueldo correspondiente mientras disfrute de esas ocho semanas de permiso, algo que no ocurre todavía en España, donde esta licencia para el cuidado de hijos existe desde junio de 2023. De hecho, la fórmula jurídica para regular este permiso fue la de “suspensión del contrato de trabajo por permiso parental”, con lo que el trabajador no recibe su sueldo durante el tiempo que se acoja a esta licencia.

El Gobierno decidió desde un primer momento retribuir al menos cuatro de las ocho semanas de este permiso, sin precisar si lo haría a cargo de las arcas públicas —como ya ocurre con los permisos por nacimiento que son costeados por la Seguridad Social, que a su vez traslada este coste al Estado— u obligaría a las empresas a correr con su financiación. Pero esta retribución aún no ha llegado, como bien ha reconocido y rechazado el secretario de Empleo, quien ha destacado que el Gobierno sí “ha dado pasos” para cumplir con esta directiva.

No obstante, el Ejecutivo intentó en mayo una maniobra legal para aumentar los periodos de cuidado de hijos que deben estar retribuidos y que computaran así para cumplir con la normativa comunitaria. En concreto, el real decreto que reguló el subsidio de desempleo aprobó que los progenitores tuvieran el derecho a concentrar el permiso de lactancia, aunque no estuviera previsto en su convenio y sin necesidad de que lo autorizaran las empresas.

Desde el Ministerio de Trabajo explicaron entonces a este diario que lo que hicieron fue utilizar la denominada “cláusula pasarela”, que está incluida en la directiva comunitaria y que “permite acumular y contar todos los permisos ya vigentes en esta materia a efectos de cumplimiento”. Así, señalan: “El permiso de lactancia que ya recoge nuestro ordenamiento, por tanto, cuenta para cumplir esta norma europea”. Si bien, recordaban también entonces que aún estaban a tiempo de cumplir con el plazo del 2 de agosto de 2024 que ha terminado este viernes.

La retribución de al menos la mitad de este permiso parental y la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso por nacimiento, acogida o adopción forman parte también de los compromisos del acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, por lo que los responsables de esta última formación, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la cabeza, han reclamado públicamente una y otra vez que ambas medidas se materialicen, a pesar de los problemas presupuestarios que ha venido argumentando la parte socialista del Ejecutivo.

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.
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