El Círculo de Empresarios alerta sobre la prórroga presupuestaria y pide un pacto fiscal a PSOE y PP

El Círculo de Empresarios, presidido por Juan María Nin, ha emitido esta semana una clara señal de alarma ante el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 y las incertidumbres que rodean a todo el proceso. La organización advirtió que la prórroga de los actuales Presupuestos podría suponer un grave retroceso en la necesaria disciplina fiscal y acrecentar las preocupaciones sobre el plan de consolidación fiscal que España está obligada a implementar bajo las normativas europeas a medio y largo plazo. Por eso, urgió a desbloquear la situación para que el próximo año tenga unas nuevas cuentas públicas.

El Círculo de Empresarios instó a la clase política a alcanzar acuerdos y consensos parlamentarios, reclamando una mayor responsabilidad y un notable ejercicio de compromiso en un contexto marcado por la fragilidad de las cuentas públicas. En particular, hizo un llamamiento a los dos principales partidos, el PSOE y el PP, para que establezcan un pacto de Estado en materia fiscal. Según la organización, este tipo de acuerdos son fundamentales, ya que las decisiones en política fiscal deben estar concebidas para ir más allá de los ciclos políticos y garantizar la estabilidad económica del país.

La entidad destacó que la situación fiscal de España sigue siendo “muy difícil”, con varios factores estructurales que agravan el escenario económico actual. Entre ellos, el estancamiento de la renta per cápita, el envejecimiento de la población y una baja productividad, los cuales están impactando negativamente en el crecimiento económico del país.

Uno de los datos más alarmantes que menciona en el comunicado es el nivel de la deuda pública, que se situó en junio de 2023 en el 108,2% del PIB, muy por encima del objetivo del 60% establecido por la Unión Europea, lo que convierte a España en uno de los países más endeudados de la región. A pesar de las previsiones del Gobierno de reducir esta cifra por debajo del 100% en 2027, la mayoría de las instituciones financieras anticipan que la deuda se mantendrá alrededor del 107%, lo que indica la necesidad urgente de reformas estructurales y una sólida estrategia de consolidación fiscal.

El Círculo subrayó que, con la moderación de las presiones inflacionistas y las previsiones de bajadas en los tipos de interés por parte de los bancos centrales, la política fiscal volverá a ser el principal instrumento para la estabilidad económica. Esto cobra especial relevancia en un momento en que las políticas monetarias expansivas, implementadas para mitigar el impacto de las crisis sanitaria y de precios, comienzan a agotarse. Por ello, la organización empresarial ve en la política fiscal no solo una herramienta clave para la redistribución de rentas, sino también el principal motor de la política social.

También advirtió que la prórroga presupuestaria para 2024 supone una “oportunidad perdida” para abordar los necesarios ajustes y reformas. Por eso, a su juicio, una segunda prórroga sería una “mala señal” que afectaría negativamente a la capacidad del Gobierno para gestionar la economía y cumplir con los compromisos europeos. La falta de un presupuesto actualizado no solo resta margen de maniobra al Ejecutivo, sino que también retrasa la implementación del plan de consolidación fiscal que podría acercar la deuda pública española a los niveles exigidos por la Unión Europea.

El Círculo también expresó su preocupación por el impacto que la prórroga presupuestaria está teniendo en las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Según la organización, estas entidades han visto limitada su capacidad presupuestaria y, en consecuencia, se enfrentan a dificultades para ejercer la disciplina fiscal que tanto necesitan. Este escenario, advirtió, puede retrasar aún más los ajustes fiscales que deben realizarse a nivel regional y local, afectando negativamente al conjunto de la economía española.

Por todo ello, las recientes discusiones sobre la posible disponibilidad de recursos adicionales y la implementación de nuevos modelos singulares de financiación autonómica no están proporcionando el marco adecuado para incentivar una política fiscal responsable. Además, el debate sobre una hipotética condonación de la deuda autonómica, lejos de ser una solución, podría generar incentivos perversos que dificulten la consolidación fiscal a nivel territorial.