La caída de la demanda marca la nueva campaña vitivinícola
España, Francia e Italia reclaman un plan de choque con medidas que van desde el ajuste de la producción en el campo a más promoción del consumo. La última cosecha fue un 20% inferior a la anterior
El descenso de las exportaciones y la disminución del consumo interior marcan la nueva campaña vitivinícola, tanto en España como en el resto de los principales países productores de la Unión Europea. El sector, ante este contexto, pide más promoción del consumo, ajustes en la producción y cambios en la oferta para sortear una situación que puede afectar directamente a los precios de la uva en la nueva campaña si no se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que los precios cubran los costes de producción. En la Comunidad Valenciana, Administración y sector ya negocian ayudas directas para asegurar la rentabilidad de la actividad de los viticultores.
Esta situación se produce después de que la anterior campaña se quedara muy corta, con solo 32 millones de hectolitros, según los datos del Ministerio de Agricultura. Se trata de un descenso del 21% respecto a la anterior, porcentaje superior al 15% que estimaba el departamento que encabeza Luis Planas. Además, está un 25% por debajo de la media de las cinco últimas campañas. Un descenso que Agricultura, que no ha hecho aún su previsión para la próxima, explica por la larga seguía.
Al inicio de la vendimia, las Cooperativas Agroalimentarias preveían una cosecha algo mayor, de unos 39,7 millones de hectolitros, con un incremento en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Castilla-La Mancha, donde se estimaba un aumento de más del 30% con respecto a la campaña precedente. Las existencias, a pesar de la caída en la producción el año pasado, están por encima de los 37 millones de hectolitros, superiores a las que existían hace un año, lo que refleja el estancamiento de la demanda, tanto interior como exterior.
En el caso de las exportaciones, las ventas de vinos y mostos se han ido reduciendo en los últimos años, pasando de unos 23 millones de hectolitros de media a 20 millones. Hasta mayo, cuando se cumplieron los 10 primeros meses de la campaña 2023-2024, las ventas al exterior rozaban los 17 millones de hectolitros, un 1,1% menos. Solo en ese mes, la caída en volumen fue del 12%, según los datos de la interprofesional OIVE.
En el mercado interior, la demanda ya se sitúa ligeramente por debajo de los 10 millones de hectolitros, frente a los 11 millones de 2020, aunque se ha registrado una leve recuperación si se compara con los menos de nueve millones de hectolitros de 2021.
España, a pesar de ser uno de los principales productores comunitarios de vino, tiene una demanda por persona inferior a la de otros mercados, de solo 26 litros, frente a los 50 de Portugal y los 47 de Italia o de Francia, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino. El sector achaca este dato a las campañas en contra del consumo de vino y a los precios elevados del producto en la restauración. Este comportamiento de la demanda coincide además con una reducción de la superficie de cultivo desde 1,1 millones de hectáreas a unas 950.000, aunque es cierto que se ha registrado un incremento de los rendimientos, especialmente donde no hay limitaciones sobre los mismos, es decir, fuera de las Denominaciones de Origen.
Plan de choque
Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag han planteado a la Administración la necesidad de incluir nuevas medidas en el Plan de Intervención sectorial del Vino, que tiene un presupuesto anual de 200 millones para diferentes acciones. Por ejemplo, inversiones en las explotaciones para aumentar su competitividad, a través de mejoras en la gestión del agua, la digitalización, la conservación de los suelos o el establecimiento de ayudas para el cumplimiento de las reglas de la Ley de la Cadena Alimentaria.
En la misma dirección, el pasado mes de junio, el sector del vino de Italia, Francia y España reclamaba un plan de choque para garantizar la sostenibilidad futura de la actividad, exigiendo diferentes medidas, desde más fondos para sostener su viabilidad a nuevas herramientas para lidiar con la inestabilidad de los mercados, apoyos a la promoción y herramientas ante los desafíos que supone el cambio climático.
El sector, además de acciones para fomentar las ventas, también se plantea medidas de reestructuración y reconversión, con inversiones en los viñedos para adaptar las producciones y los sistemas de elaboración a las nuevas demandas de los consumidores. Eso es, por ejemplo, más vinos blancos, menos tintos de alta graduación y más jóvenes. Asimismo, aboga por un cumplimiento más estricto de los rendimientos máximos en las denominaciones de origen, evitar sobreproducciones con rendimientos de 18.000 y 20.000 kilos por hectárea para tintos y blancos, limitar el grado alcohólico, los porcentajes de rendimientos en bodega, las medidas sobre destilación o la cosecha en verde.
En conjunto, acciones para ajustar la potencialidad del sector y su oferta, las demandas de los mercados, con la promoción como otro de los ejes.
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