Hacienda avanza en el diseño de los Presupuestos pese al rechazo a la senda de estabilidad

La normativa da un mes de margen al Gobierno para que apruebe unos nuevos objetivos de estabilidad, que deberán volver a presentarse en las Cortes. Aunque el Consejo de Ministros no formalizase ese trámite la próxima semana, sino a la vuelta del verano, el Ejecutivo cree que tendría margen suficiente para cumplir con el calendario legal en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, con independencia de que PP y Vox, al que se sumó a última hora Junts, tumbaran los objetivos de déficit y deuda el martes en la Cámara baja. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que las labores para diseñar las cuentas progresan de forma autónoma guiadas por el techo de gasto, el límite que se pone al desembolso de dinero público para el ejercicio, que fue aprobado la semana pasada y no está sujeto a la votación del Parlamento.

La liturgia presupuestaria empezó hace ya un mes, cuando Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial de elaboración de las cuentas para 2025. Este documento determina las prioridades a la hora de delinear las políticas y actuaciones para el ejercicio. Los distintos ministerios y organismos públicos deben tenerlas en cuenta al remitir sus necesidades al departamento que encabeza María Jesús Montero. El ministerio las analiza una a una y estructura los programas de gastos e ingresos.

Ahora bien, para confeccionar el proyecto de Presupuestos también se deben actualizar las previsiones de crecimiento de las grandes variables macroeconómicas —el Gobierno acaba de revisar al alza sus pronósticos sobre el PIB—, determinar la capacidad de gasto y fijar el reciente objeto de discordia en el Congreso: la senda de estabilidad para los tres años siguientes, en este caso el periodo 2025-2027. Estos objetivos, que tienen el fin de garantizar la reducción de los desequilibrios presupuestarios, deben calcularse para el conjunto de la Administración y desglosarse su reparto por subsectores. Es decir, cuánto corresponde al Estado, a las comunidades, a las entidades locales y a la Seguridad Social.

Las metas fiscales son el único de estos trámites iniciales que debe votarse en las Cortes, mientras que sobre el techo de gasto solo pesa una obligación de información. “En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria”, recoge la normativa de estabilidad en su artículo 15. “El Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”, añade.

En esta ocasión ha sido Junts, en un escenario más que tenso por las negociaciones entre ERC y el PSC para que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat, quien ha dado el golpe de gracia a la senda de estabilidad, sumando sus siete noes a los del PP y Vox. La formación independentista anunció que votaría en contra de la propuesta del Gobierno el mismo día del pleno, justo después de que Montero presentara los objetivos de déficit desde el estrado del Congreso.

Considerando que la ley concede un mes para aprobar una nueva senda —que puede ser idéntica a la anterior—, el Ejecutivo podría aprovechar el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes del receso estival, para aprobarla. Sin embargo, si estirara el plazo hasta la vuelta del verano tendría margen suficiente para volver a presentar los objetivos en el Congreso y registrar el proyecto de ley de Presupuestos antes del 1 de octubre —como marca la normativa— para que estén listos “en tiempo y forma”, que es la intención de la titular de Hacienda. Y tampoco habría inconveniente, al menos desde un punto de vista legal, si se sobrepasara ese límite de 30 días: la legislación no prevé ninguna consecuencia en ese supuesto.

El Senado, fuera de juego

Además, Hacienda ha ganado algo más de margen gracias a la supresión del poder de veto del Senado sobre la senda de déficit. Esta prerrogativa —que el PP, con mayoría en la Cámara alta, ejerció el pasado marzo— fue eliminada mediante una enmienda en la ley de paridad que se aprobó en el mismo pleno en el que fueron tumbadas las metas presupuestarias.

En el peor de los casos, si el Congreso volviera a rechazar la senda, se aplicarían los últimos objetivos presupuestarios aprobados. Estos son los que se enviaron a Bruselas en la primavera de 2023 y resultan más exigentes para las comunidades y los ayuntamientos. Las metas que acaban de ser rechazadas prevén un déficit del conjunto de las Administraciones del 2,5% del PIB para el próximo ejercicio, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027. A las comunidades se les concede un desfase del 0,1%, frente al superávit de una décima que exige la senda anterior. Es decir, se limitaría su capacidad de gasto en dos décimas. Las corporaciones locales, por su parte, tendrían una décima menos para gastar el próximo ejercicio, ya que deberán cerrar con un 0,1% de superávit en lugar que en equilibrio.

Estos Presupuestos, de salir adelante, serán los primeros que se aprueben en el marco de las nuevas reglas fiscales europeas, que priorizan ahora la evolución del gasto y la reducción de la deuda, quitándole protagonismo al objetivo de déficit. De hecho, la orden de elaboración de las cuentas públicas señalaba que los distintos departamentos deberían tomar en consideración ese nuevo escenario al calcular sus necesidades. Una vez recibidas, Hacienda está ahora intentando casarlas para no detener la maquinaria presupuestaria.

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