El Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loterías que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales

El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe sobre la gestión de pagos de premios por parte de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en el que da cuenta de la necesidad de incrementar el control de las operaciones para una mejor prevención del blanqueo de capitales. El órgano fiscalizador ha constatado que en relación con los pagos de premios realizados entre 2019 y 2022, y con datos actualizados por SELAE, en abril de este año, 15.852 expedientes de pagos presentaban una ausencia total o parcial de documentación por valor de 759 millones de euros. En el periodo entre 2016 y 2018, con datos actualizados en julio de 2023, los expedientes incompletos llegaban a 24.806, por un importe total de 1.228 millones de euros.

Estos datos forman parte de un informe del Tribunal de Cuentas en el que se recoge que la mencionada Sociedad Estatal de Loterías operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros, y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros. El dictamen se centra en la fiscalización por primera vez del cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios. El Tribunal de Cuentas ha detectado que, en un número elevado de premios, las entidades financieras no enviaron a SELAE la documentación identificativa de los premiados.

La normativa de regulación del juego establece que los premios superiores a 2.000 euros deben ser cobrados en determinadas entidades financieras con las que SELAE ha suscrito el correspondiente contrato. El informe del Tribunal de Cuentas constata que los premios pagados a través de las entidades financieras presentan un mayor riesgo en materia de prevención de blanqueo. El motivo es que, aunque el importe global de los premios pagados por estas entidades es inferior al importe global pagado a través de los puntos de venta, el importe individual de los primeros es superior al de los segundos.

El Tribunal de Cuentas concluye que SELAE debería haber exigido a las entidades financieras la información y documentación sobre los premiados en cumplimiento de los contratos suscritos entre SELAE y las entidades, y en desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo. Este incumplimiento debería haber llevado a SELAE a requerir la retrocesión o anulación de los pagos de premios de los que no recibió la información completa. En el periodo fiscalizado estas solicitudes han sido prácticamente inexistentes.

Por este motivo, el Tribunal de Cuentas recomienda a SELAE que adopte todas las medidas necesarias para garantizar un control adecuado de la recepción de toda la documentación soporte de los pagos de premios y proceda sin demora a la reclamación a las entidades financieras de la pendiente, activando si fuera necesario la reclamación de la retrocesión. A pesar de estos problemas detectados, el informe concluye que “el diseño del sistema de prevención de blanqueo definido por SELAE es, en líneas generales, adecuado”. No obstante, el Tribunal recomienda la implementación de medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de determinados aspectos de la legislación. Entre estas medidas figura la mejora del sistema de alertas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para introducir entre otros, avisos en el caso de falta de presentación por parte de las entidades financieras de toda la documentación relativa los premiados.

Descoordinación en la vivienda

Un segundo informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre el Plan Estatal de Vivienda (PEV) en el que alerta de la descoordinación entre la administración central y las autonómicas, lo cual dificulta la consecución de objetivos y aumenta “el riesgo de que se produzcan desigualdades”. Para paliar estos defectos, el informe recomienda establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento. Todo ello con el propósito de diseñar los programas de actuación ajustados a un horizonte temporal de cuatro años y “para emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en los convenios de colaboración”.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 dispuso de 1.872 millones de euros, de los que 1.473 correspondían a la financiación estatal (el 78,70%) y 398 a la cofinanciación por las CCAA (el 21,30%). El informe recuerda que las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, sin perjuicio de las competencias que asimismo corresponden a las entidades locales. Sin embargo, “corresponde al Estado la dirección de la política general en relación, en este caso, con el sector de la vivienda a través del Plan Estatal de Vivienda”, por lo que su informe se centra en las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación realizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Entre los resultados más relevantes, el informe detecta la existencia de “una desconexión entre el PEV 2018-2021, como principal estrategia nacional en materia de vivienda, y las correspondientes estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 relacionadas con este ámbito, situación que se mantiene en la actualidad”. Se subraya en este sentido que las “debilidades” detectadas afectan “a la coherencia del Plan, y propician la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades autónomas, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades”.

El informe del Tribunal de Cuentas realiza una serie de recomendaciones al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que “coordine los futuros planes de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema”. El objetivo debe ser “alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados”. El órgano fiscalizador recomienda también establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda “con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento”, para diseñar los programas de actuación ajustados a un horizonte temporal de cuatro años y para “emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en los convenios de colaboración”.

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