Andorra investiga la fortuna de los dueños del principal grupo naval privado de España

Los dueños del primer grupo naval privado de España, Astilleros Armón, controlaron entre 1985 y 2012 un opaco entramado en Suiza y Luxemburgo que acumuló 85,5 millones de euros, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Los empresarios transfirieron después su fortuna a Andorra, donde un juzgado investiga el patrimonio en unas pesquisas que incluyen un reciente informe policial que cuestiona el origen de los fondos.

Los propietarios de este astillero con sede central en Navia (Asturias), Laudelino Alperi y José Ramón Fernández, manejaron durante casi tres décadas un esquema financiero en el país helvético y el Gran Ducado diversificado en bancos como Barclays, Credit Suisse, Mirabaud o Société Générale. Su estructura se completó con un ramillete de sociedades patrimoniales en Panamá, el Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas.

Entre 2012 y 2013, los armadores transfirieron sus 85,5 millones de Suiza y Luxemburgo a Andorra, un microestado de 79.000 habitantes blindado entonces por el secreto bancario. Y, en 2016, regularizaron la suma ante la Hacienda española, según los empresarios.

Tras la intervención en 2015 por un presunto delito de blanqueo de la entidad financiera en la que los armadores colocaron sus fondos, la Banca Privada d’Andorra (BPA), los agentes rastrearon la cartera de clientes sospechosos. Y situaron bajo su radar a los dueños de Armón.

Con el trasfondo de estas pesquisas, la Policía de Andorra investiga el dinero de Alperi y Fernández en una causa por blanqueo. Los funcionarios sostienen que los dueños del astillero —un conglomerado con músculo para construir 40 buques al año que en 2022 facturó 166 millones— no han acreditado el origen del capital que manejaron durante casi tres décadas en Suiza y Luxemburgo.

Las indagaciones apuntan, además, a que parte de este dinero puede ser de terceras personas. Un informe de la Policía de Andorra tramitado por el instructor el pasado febrero sostiene esta tesis. Los dueños de Armón niegan esta acusación.

Alperi, consejero delegado del grupo naval, vincula con sus negocios los 85,5 millones que él y Fernández acumularon en el país helvético y el Gran Ducado. “[Los fondos] provienen de nuestra actividad. El 90% es exportación. Mantenemos empresas en los lugares donde operamos dentro de nuestra actividad económica”, responde el directivo por correo.

Un informe pericial incorporado a la causa, encargado por los dueños de Armón, indica que los fondos fueron regularizados ante la Hacienda española en 2016. La declaración al fisco se produjo un año después de la intervención de la institución financiera andorrana.

La BPA acogía antes de 2015 a 4.945 españoles con 786 millones. Solo 215 de estos clientes —con un saldo de 85 millones— regularizaron su capital en España antes de que acabara el plazo de la amnistía fiscal de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, según desveló este diario.

El juez andorrano que indaga el entramado extranjero de los propietarios de Armón ha pedido información a Luxemburgo y Suiza. El instructor ordena esta diligencia en un auto en el que rechaza el archivo de la causa y desbloquear los fondos que los empresarios tienen embargados en Andorra desde 2015.

Las autoridades del Principado mantienen trabados 13,3 millones a los armadores, según Alperi, que asegura que una parte de los 85,5 millones que transfirieron entre 2012 y 2013 a Andorra se invirtieron en propiedades en el propio país pirenaico.

Pese a que el magistrado andorrano anunció en un auto el pasado octubre que tomará declaración a Alperi y Fernández en calidad de inculpados, el abogado del consejero delegado de Armón precisa que sus clientes no están imputados en la causa. “No se les han comunicado formalmente los delitos”, indica el letrado.

La Policía de Andorra pone en entredicho el entramado mercantil de los dueños del gigante naval para transferir sus fondos al Principado. “Carecemos de información sobre las sociedades offshore para certificar que los dos [Alperi y Fernández] son los beneficiarios últimos”, concluyen los investigadores.

Los empresarios argumentan que la mayor parte de su fortuna en el extranjero (30 millones) son comisiones cobradas en Suiza de hasta el 4% por la venta de barcos, servicios de garantías, repuestos, gastos de aduana y transporte, según el informe pericial contratado por los dueños del gigante naval.

El documento, que está elaborado con las versiones de Alperi y Fernández, recoge también que la cartera de inversiones en Suiza y Luxemburgo generó 29,5 millones en intereses entre 1985 y 2012. Y destaca que los empresarios decidieron en 2012 sacar el dinero del país helvético después de que la Unión Europea instara con insistencia a Suiza al intercambio de información bancaria.

Dinero B y un misterioso empresario madrileño

Los armadores reconocen que recurrieron a sus fondos en Suiza para intercambiar dinero con empresarios que necesitaban repatriar fondos desde el país helvético a España. Alperi y Fernández abonaron en efectivo en España 8,6 millones a una familia que, después, transfería la misma suma a las cuentas de los ejecutivos navales en Suiza. Se trata de una saga que quería sacar del país helvético la herencia de su padre, un empresario madrileño fallecido en 1987 que hizo fortuna con una agencia de publicidad entre 1960 y 1970, dejó seis herederos y sus iniciales responden a E. P. S., según el informe pericial.

El consejero delegado de Armón reconoce este hecho, precisa que la cantidad intercambiada es “sensiblemente inferior” a los 8,6 millones y elude aclarar la identidad de la misteriosa familia. Los propietarios del astillero admiten también en el informe pericial que una partida de sus fondos en Suiza y Luxemburgo (26,3 millones) procede de clientes españoles, portugueses y franceses que manejaban sumas en efectivo y pagaban en B parte de las embarcaciones.

Las pesquisas judiciales sobre la fortuna de los dueños de Armón en el país pirenaico arrancaron como derivada de la causa Principal Holding. La investigación indaga un presunto tinglado societario instrumental (sin actividad real) para mover fondos de clientes dirigido por el exdirector general de la BPA Joan Miquel Prats. Una de las mercantiles a las que recurrió el exejecutivo para manejar presuntamente el dinero de sus clientes fue Seda Pirineus. Los armadores inyectaron en marzo de 2015 un total de 85,5 millones a la cuenta en la BPA a nombre de esta firma para invertir en activos financieros. “No se dispone de forma oficial que el dinero sea de procedencia lícita y que Fernández y Alperi sean los beneficiarios efectivos”, resume el juez.

El consejero delegado de Armón carga contras las pesquisas. “Los informes de la Fiscalía y la Policía demuestran que no nos conocen, no tienen interés en resolver la situación y [se mueven] con intenciones perversas”, añade el directivo.

Cuando desembarcaron en la BPA como clientes, Alperi y Fernández rellenaron el Know Your Customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado en el que los aspirantes a abrir una cuenta deben aclarar el origen de sus fondos.

Alperi y Fernández se presentaron en 2013 ante este banco como empresarios vinculados a una treintena de compañías. Indicaron que estaban interesados en depositar hasta 90 millones y explicaron que su dinero de Suiza y Luxemburgo procedía de casi tres décadas de negocio naval.

El banco advirtió que los armadores no habían aportado documentación suficiente para acreditar que eran los dueños de las sociedades a nombre de cuentas en el extranjero. Y, sin embargo, admitió como clientes a los dueños de Armón.

La BPA fue intervenida en 2015 tras la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales de Rusia, China y Venezuela. Su cartera de clientes incluyó a la constructora brasileña Odebrecht, principal red de pago de sobornos de Latinoamérica, y al grupo de exjerarcas chavistas que saqueó más de 2.000 millones de la principal empresa de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Con cinco centros en Asturias y Galicia, Armón se convirtió en 2022 en el principal grupo naval privado de España tras adquirir por 14,7 millones en concurso de acreedores el astillero vigués Hijos de J. Barrera. La firma exporta fuera de España la mayor parte de su producción, que incluye pesqueros, remolcadores, buques oceanográficos o de salvamento marítimo. Armón ha construido más de 800 embarcaciones desde su fundación en 1963.

investigacion@elpais.es

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