Las actas secretas del banco andorrano de los Pujol

La secuencia se desarrolla el dos de diciembre de 2014. Un alto ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra (BPA) expone ante el consejo de administración que, tras analizar la mitad de las cuentas, la institución acumula 662 clientes “de riesgo”. Y que sus depósitos suman 2.000 millones de euros.

La etiqueta “de riesgo” refiere a un paraguas que cubre a políticos, exdirigentes, altos funcionarios, procesados judiciales y clientes con más de un millón. Y lleva al directivo de esta entidad elegida por el clan Pujol para ocultar entre 2006 y 2015 más de cinco millones a poner sobre la mesa una idea: el peligro de abrir cuentas a personalidades bajo sospecha.

Tres meses después de la advertencia, el Gobierno del Principado pirenaico interviene el banco por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La revelación del alto directivo figura en las actas confidenciales del consejo de administración de la BPA. Más de 1.600 celdas de Excel a las que ha tenido acceso EL PAÍS que desgranan las deliberaciones del máximo órgano de gobierno de la institución financiera entre 2005 y 2015. Préstamos, nombramientos, cuentas cifradas, creación de sociedades en Suiza y Panamá,…

La figura de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), una etiqueta que identifica a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción, protagonizó algunas de las sesiones del consejo de administración. Los documentos reflejan numerosos casos donde se analizan operaciones millonarias de clientes de diferentes perfiles y nacionalidades.

Dinero negro y 4.945 españoles

Las actas desvelan como un alto ejecutivo del banco reportó a la cúpula que la entidad tenía en julio de 2013 un total de 4.945 clientes españoles cuyos depósitos sumaban 786 millones. Y que solo 215 de ellos (85 millones) habían regularizado sus fondos en España cuatro meses antes de que acabara el plazo de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2012. El mecanismo del Ejecutivo del PP permitió a particulares y empresas blanquear dinero negro a cambio del pago del 10 %, una tasa muy inferior a los impuestos no abonados en su día.

El consejero delegado, Joan Pau Miquel, informó en julio de 2013 que 30 millones regularizados por los clientes habían aflorado a raíz de investigaciones judiciales. Y puso como ejemplo los depósitos abiertos en la BPA por la trama del caso Emperador, la presunta red de pilotada por el asiático Gao Ping.

Miquel, el hombre que reportaba al consejo estas informaciones, encargó en junio de 2012 un informe al bufete de abogados catalán Molins y Silva. El trabajo costó 82.000 euros y abordó los eventuales riesgos penales a los que se asomaban el propio Miquel y los miembros de los órganos de gobierno de la BPA y su filial en España, Banco Madrid. Hoy, el ejecutivo está procesado por ayudar supuestamente a ocultar el botín de otro grupo de “clientes de riesgo”: la trama de exministros de Hugo Chávez que expolió 2.000 millones de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Y ocultó su botín a través de una intrincada telaraña de cuentas.

Cajas de seguridad y fraude

Las actas son una radiografía certera de la actividad del banco. Así lo muestra una de estas reseñas de junio de 2013, donde se menciona que ese mes se abrieron 240 cuentas, que 27 clientes fueron catalogados de “alto riesgo” y que una auditoría interna reveló que no existía “ningún control” de visitas a las cajas de seguridad para la prevención del fraude y el blanqueo de capitales. Otra acta indica que la BPA contrató un informe a una consultora para rastrear el origen de la filtración periodística de las cuentas de unos de sus clientes más célebres: el clan Pujol.

El primer documento que rellenan los clientes cuando desembarcan en la BPA, el know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado de la institución financiera para determinar el origen de los fondos, el beneficiario real de la cuenta o la identidad de sus representantes, fue objeto de controversia en julio de 2013. Un informe de la comisión de auditoría de la entidad recogió entonces que el 57 % de estos formularios tenían irregularidades.

Y que la mayoría de estas incidencias (78 %) estaban relacionadas con la falta de información sobre los titulares o representantes reales de las cuentas. Además, según el acta, los empleados del banco no evaluaban bien el potencial riesgo de sus clientes en el 9 % de los casos.

"Infidelidad" de empleados

Las conductas irregulares de la plantilla de este banco que en marzo de 2013 empleaba a 574 trabajadores centraron parte de las preocupaciones del consejo. Un acta de septiembre de 2007 recoge la sustitución del entonces representante legal de la oficina en México tras verse envuelto en un escándalo de cobro de comisiones ilegales. Otra reseña indica que otro trabajador de esta delegación ha “causado baja” por “conducta inapropiada”. Y en otra acta de noviembre de 2011 se aborda la “infidelidad” de un tercer empleado.

Las 1.600 actas del consejo de administración de la BPA entre 2005 y 2015 han sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la Policía de Andorra. Los investigadores han puesto el foco en las sociedades y países mencionados en el informe del Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN). El documento de este organismo del Tesoro de EE. UU., que resultó clave para intervenir el banco en marzo de 2015, acusaba a la entidad de favorecer el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado.

El informe policial, de abril de 2016, rastrea las transacciones del banco con clientes de Venezuela, EE. UU., México, Panamá, Uruguay. Y también las cuentas relacionadas con las investigaciones judiciales del clan Pujol, PDVSA, Gao Ping o el caso Clotilde, que se saldó en 2015 con una condena de nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo (CiU) por aceptar sobornos de la mafia rusa,

Junto al análisis de las actas, los clientes de la BPA fueron desnudados financieramente tras la intervención del banco. La consultora PwC concluyó un año después de la caída de la entidad que 923 de los 29.000 clientes (3 % del total) de la institución financiera podían haber cometido blanqueo de capitales. El saldo de los clientes bajo sospecha sumaba entonces 1.000 millones, según PwC.

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