Condenado el exalcalde de Lloret por aceptar sobornos de un empresario

El exdiputado de Convergència i Unió (CiU) Xavier Crespo ha sido condenado a nueve años y medio de inhabilitación por dar trato de favor a un empresario ruso durante su etapa como alcalde de Lloret de Mar (Selva). Crespo “benefició” a Andrei Petrov —vinculado al blanqueo de fondos de origen criminal— a cambio de un fin de semana en Moscú, de un reloj de 2.200 euros y de los 270.000 euros con los que patrocinó a los clubes de fútbol y hockey locales, muy vinculados al exalcalde. La condena a Crespo (que, desde ayer, ya no milita en Convergència) muestra que los tentáculos de la mafia rusa penetraron, también, en la esfera política.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido dos años y medio de cárcel para Crespo por cohecho y prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le atribuye ambos delitos, pero solo le condena a la pena de inhabilitación. El exdiputado nacionalista no podrá ejercer como cargo público en los próximos nueve años y medio. El tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 450.000 euros y le obliga, además, a devolver los 2.200 euros del reloj, los 5.000 del viaje a Rusia y los 133.754 euros que el Ayuntamiento de Lloret dejó de ingresar para favorecer a Petrov.

La sentencia condena a tres de los cinco acusados en el caso Clotilde, que ilustró el poderío del capital ruso en la Costa Brava. Además de Crespo, han sido castigados con penas de inhabilitación y multas el exconcejal de Urbanismo Josep Valls y Andrei Petrov, que se benefició con una bonificación ilícita en una tasa municipal. El expresidente del club de hockey, Joan Perarnau, y la arquitecta particular de Petrov, Pilar Gimeno, han sido absueltos.

Blanqueo desde Rusia

La Guardia Civil cree que Petrov es el hombre en España de Víktor Kanaikin, un poderoso empresario ruso que le hacía llegar grandes sumas de dinero de origen dudoso para invertir en el sector inmobiliario. Kanaikin, héroe de la extinta URSS, dirigió durante dos décadas la empresa que supervisa los gasoductos de Gazprom. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además, alertó en marzo de los vínculos de Petrov con Semion Mogilevich, uno de los diez más buscados por el FBI.

La conexión entre el empresario ruso y el alcalde arranca en el verano de 2007. La empresa de Petrov, Development Diagnostic Company (DDC), acababa de comprar los terrenos de la antigua plaza de toros de Lloret para construir un centro comercial. Petrov, su socio Kanaikin y la arquitecta se entrevistaron con Crespo en el consistorio. Entre todos “convinieron” que DDC patrocinaría, durante cuatro años, los clubes de hockey y de fútbol de la localidad y que ese patrocinio “comportaría facilidades para la construcción del complejo”.

Los magistrados admiten que el exalcalde no se lucró personalmente con los 270.000 euros que DDC puso sobre la mesa. Pero subraya que tanto él como el exconcejal Valls estaban “estrechamente ligados” a esas entidades. La mujer de Crespo era vicepresidenta del club de hockey y uno de los hijos de la pareja jugaba allí, si bien es cierto que percibía “pequeñas cantidades”: entre 100 y 200 euros al mes para costear los desplazamientos. Valls, por su parte, presidía el club de fútbol. Perarnau era el encargado de cobrar los cheques en la oficina de DDC, aunque no sabía nada de “lo ilegal del patrocinio”, según la sentencia.

Mientras los carteles de la compañía rusa se exhibían en las camisetas de los jugadores y en los terrenos de juego, el proyecto para construir un centro comercial seguía adelante. La sentencia considera que Petrov preparó el terreno para obtener un trato de favor del consistorio. E intentó ganarse a Crespo con regalos.

Para empezar, invitó al exalcalde y a su familia a pasar un fin de semana en Moscú (febrero de 2008). El viaje costó (entre avión y alojamiento) 5.000 euros. La sentencia subraya que Crespo “no informó” del viaje en el ayuntamiento. En el juicio, el exdiputado admitió que Petrov había sufragado la escapada, pero adujo que acudió “por responsabilidad” de alcalde y para “conocer la empresa que iba a ejecutar las obras”.

En 2009, DDC empezó las obras “sin que se cumplieran algunas de las condiciones impuestas en el acuerdo”. Ese mismo año, Petrov decidió cobrarse el favor del viaje. Su empresa pidió al consistorio “una reducción de la cuota tributaria” por la licencia de construcción. Los técnicos municipales “hicieron ver a Crespo que no era posible”. Pero el alcalde estaba “decidido a beneficiar” a DDC y dispuso “todo lo necesario” para que las obras se declararan como de “especial interés y utilidad municipal”.

Tasa reducida a la mitad

Gracias a ese ardid, pudo aplicar una bonificación del 50% de reducción de impuestos, lo que ahorró a la empresa 133.754 euros, los mismos que dejó de ingresar el Ayuntamiento. Los técnicos lo habían desaconsejado porque crearía un mal precedente, pero el exconcejal Valls hizo una “ardorosa defensa” de la medida, que fue aprobada por el consistorio. Esa bonificación constituye un delito de prevaricación, según la sentencia. Uno de los magistrados, Miguel Ángel Gimeno —presidente del TSJC— ha emitido un voto particular porque considera que no hay delito.

Más tarde, en 2010, Petrov se acordó del cumpleaños de Crespo y, “en atención a su condición de alcalde”, le regaló un reloj marca Zenith valorado en 2.200 euros. La sentencia concluye que tanto el viaje como el reloj “exceden lo que puede entenderse como aceptable”.

Desde ayer, y tras conocer la sentencia, Crespo ya no milita en Convergència. El partido de Artur Mas, sin embargo, se negó a aclarar si le ha expulsado o si se ha marchado de forma voluntaria.