Trabajo ofrece a la patronal más flexibilidad para organizar la jornada si acepta la reducción a 37,5 horas

El Gobierno mueve ficha para atraer a las patronales al acuerdo en favor de la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas este año y a 37,5 el que viene. El nuevo borrador que ha puesto este lunes encima de la mesa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, amplía la capacidad de las empresas para redistribuir la jornada a lo largo del año que viene. Según establece el Estatuto de los Trabajadores con su redacción actual, los empleadores pueden distribuir parte de la jornada de manera irregular a lo largo del año. Si el convenio no establece un porcentaje al respecto, la ley fija un 10% del tiempo de trabajo. Lo que plantea ahora el ministerio es que esas horas ahora en vigor en cada empresa apliquen hasta el último día de 2025 “sobre la jornada anual que tuvieran en el momento de la entrada en vigor de esta norma”. Es decir, que aunque en 2025 la jornada sea inferior, el tiempo que se pueda distribuir de forma irregular sea similar al que ahora esté en aplicación.

Con esta propuesta, Trabajo intenta acercar a los empresarios al acuerdo, tras semanas de rifirrafes. A mediados de la semana pasada la parte socialista del Gobierno reclamó un esfuerzo y menos prisa para lograr que el pacto fructifique con la patronal, y no solo con los sindicatos. Ni CEOE ni Cepyme se han pronunciado oficialmente sobre esta nueva propuesta, pero fuentes de la negociación apuntan que no parece suficiente para que cambien su posición actual.

La oferta de Trabajo no incluye modificaciones respecto a las horas extra, una de las principales reclamaciones de la patronal para participar en el acuerdo. Los empresarios piden un destope del máximo de horas extra anuales, actualmente 80, una posibilidad que el ministerio rechaza.

Trabajo ha añadido otro cambio en su borrador respecto al de hace dos semanas. Plantea que “los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras por afectar al disfrute de los periodos mínimos de descanso” sean considerados infracciones graves o muy graves (en función de las circunstancias) en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Tanto los sindicatos UGT y CC OO, como las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, se han comprometido a estudiar la propuesta y volver a encontrarse la próxima semana. Es un momento muy diferente al de la semana pasada, cuando parecía descarrilar la participación de las patronales.

“Concreción”

“La mesa ha avanzado”, ha reconocido tras el encuentro el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. “Hoy se ha asistido una mayor concreción en las propuestas que la patronal ha puesto sobre la mesa. Quiere medidas de flexibilidad que no sean temporales, que permitan una mayor capacidad de distribución del uso del tiempo en las empresas una vez reducida la jornada, y un mayor margen de adaptación para la entrada en vigor de la reducción de la jornada”, ha anunciado el número dos del departamento que dirige Yolanda Diaz. “Tendremos que estudiar estas dos propuestas, porque la vocación del Gobierno es la de alcanzar un acuerdo con todas las partes que están sentadas en la mesa”, ha reconocido.

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, ha querido poner el valor el posicionamiento de las organizaciones que representan a los trabajadores respecto de su flexibilidad durante la negociación para tratar de alcanzar un acuerdo a tres bandas. “Quiero hacer un llamamiento a la patronal: que renueve el compromiso con el diálogo social. Que concreten sus condiciones”, ha añadido Luján, quien ha recordado que la anterior modificación de la jornada laboral de 1983 —que fijó una reducción de 43 a 40 horas semanales—, fue mucho mayor, y “se hizo sin necesidad de transitoriedades”.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Formación Sindical de CC OO, no ha querido valorar la nueva propuesta del Gobierno —que busca satisfacer una de las principales demandas de las patronales durante la negociación—, pero sí se ha manifestado partidario de valorar propuestas “que vayan con el horizonte de acordar esta jornada laboral”.

Durante la celebración de la reunión, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la existencia de “suficientes elementos de flexibilidad para llegar a un acuerdo satisfactorio”, durante un desayuno informativo. En él, ha destacado la necesidad de que todas las partes se involucren en el acuerdo, y ha defendido la importancia del diálogo social “para llegar a un acuerdo con aportaciones de todos” a pesar de las “dificultades específicas” de algunos sectores y empresas, como las pymes, a las que habrá que “acompañar”.

La reunión de la semana que viene se acerca a agosto, límite que sindicatos y Trabajo venían marcando en el horizonte. Querían resolver la negociación ya para que dé tiempo a que apliquen las 38,5 horas antes de que acabe el año. El ministerio insiste menos en los últimos días en esta meta.

Una semana para destensar

El tono es diferente al de la semana pasada, cuando Pérez Rey dijo: “La posición de la patronal ha dejado mucho que desear. Ha sido decepcionante. Es una especie de burla al diálogo social”. Desde entonces han cambiado algunas posiciones.

La asamblea de Cepyme del martes arrojaba algunas pistas. El líder de la patronal de las pymes, Gerardo Cuerva, abrió el acto con críticas al Gobierno. “En estos días confusos, en que se ataca la libertad y la dignidad empresarial, en los que se dice dialogar mientras lo que se hace es imponer, alguien ha decidido que no representáis a las pequeñas empresas”, dijo en referencia a la entrada de patronales autonómicas en el Consejo Económico y Social (CES), un cambio que enfadó a las mayoritarias, así como la prevalencia de los convenios autonómicos. “Se reduce la jornada sin memoria económica y sin ninguna propuesta de compensación ni de flexibilidad”.

Sin embargo, al terminar el acto, el líder de la CEOE dio el contrapunto. “Quiero agradecer la presencia de UGT, de Pepe Álvarez, hoy con nosotros. Somos los agentes sociales, y la Constitución nos da un espacio importante para intervenir en lo público. Tenemos que trabajar en positivo el presente y el futuro. Es nuestra obligación”, dijo Antonio Garamendi, que reivindicó el diálogo social en España, “por el que nos envidian en otros países”. “Incluso cuando parece que no hay que negociar, se sigue negociando. Y es lo que vamos a hacer”, añadió, antes de volver a criticar “cuando te encuentras con un monólogo”, una crítica calcada a la que viene lanzando contra el Gobierno por su postura en esta negociación. “La legitimidad parlamentaria dictará si esto es así o no es así”. Terminó anunciando la interposición de una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo por la aprobación de la prevalencia de convenios sin negociarlo con los agentes sociales, así como la impugnación judicial por la puerta que ha abierto el Gobierno a las patronales autonómicas en el CES.

Dos días después entraba en escena la posición del PSOE. Fuentes de la parte socialista del Gobierno dijeron que no dan por cerrado el diálogo con los empresarios y prefieren tardar más para alcanzar un pacto, ya que ven posibilidades de lograr un entendimiento con ellos además de con los sindicatos. Las mismas fuentes indicaron que hay que “agotar las posibilidades de entendimiento” y que “hay que dar tiempo” al diálogo. “Prefiero llegar un poco más tarde, pero llegar todos”, añadieron desde la parte socialista del Gobierno, que urge a un acuerdo con la CEOE que, en su opinión, facilitaría un entendimiento con Junts y el PNV.

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