La negociación para reducir la jornada laboral entra en la recta final con la patronal cada vez más alejada del acuerdo

El Ministerio de Trabajo está cada vez más cerca de lograr un acuerdo con los sindicatos y sin la patronal para reducir la jornada ordinaria de trabajo de las 40 horas actuales a 38,5 este año y a 37,5 en 2025, tal como prometieron PSOE y Sumar a la ciudadanía con su pacto de Gobierno. El Gobierno y las centrales quieren cerrar la negociación antes de las vacaciones de agosto, a lo largo del mes de julio que acaba de empezar. Las prisas se deben a que el diálogo empezó hace meses, en enero, y a que se estrecha el margen para que aplique la primera fase, las 38,5 horas en 2024, una urgencia que enerva a los empresarios. A la vez, centrales y ministerio vienen acusando a las patronales de urdir una estrategia dilatoria, sin una verdadera intención de pactar. Con estos condicionantes, hoy lunes por la tarde se celebra una nueva reunión en el departamento que dirige Yolanda Díaz. Fuentes de la negociación creen que no se anunciará un acuerdo, pero la resolución se acerca.

La última semana ha ensanchado aún más la distancia entre Trabajo y los empresarios. El lunes pasado el ministerio puso encima de la mesa el texto de su propuesta, que este periódico adelantó el viernes anterior. Sus ejes son: una reducción de la jornada en los términos prometidos, a 38,5 horas este año desde que entre en vigor la norma y a 37,5 desde el 1 de enero de 2025; una mejora salarial proporcional de los empleados a tiempo parcial si siguen trabajando las mismas horas; la obligación a las empresas de que el registro de jornada sea digital, lo que cierra la puerta a los tan discutidos registros de papel; y las sanciones a las empresas se darán por cada trabajador con el que se incumpla, no únicamente una por compañía, lo que multiplicará un castigo que hasta ahora era asumible para muchas firmas.

Este planteamiento satisface en líneas generales a los sindicatos. Tanto UGT como CC OO apuntan algunos aspectos mejorables, pero el borrador recoge la mayoría de sus demandas. Todo lo contrario que la patronal: ni les gusta el texto ni la urgencia que transmiten centrales y Trabajo. La negociación empezó el 25 de enero, cuando arrancó un diálogo bipartito de sindicatos y empresarios que se cerró a mediados de junio sin un solo punto de encuentro. A partir de entonces entró en escena Trabajo con su propuesta, ante la que esperaba una respuesta formal de CEOE. “Si nosotros fuéramos al lunes próximo sin ninguna propuesta alternativa de la patronal, pues tendremos que tomar alguna decisión”, dijo tras la última reunión el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, retórica interpretada como un ultimátum. Y no habrá un texto alternativo de la CEOE, según confirmó el vicepresidente y líder de la asociación de autónomos ATA Lorenzo Amor ayer domingo en una entrevista en RTVE.

Era algo que ya se podía intuir tomando en cuenta las declaraciones de los líderes patronales en los últimos días. “Al monólogo yo no tengo que contestar con nada; directamente, que hagan lo que tengan que hacer”, dijo el miércoles el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras ausentarse de la firma del primer acuerdo de todos los agentes sociales en más de un año (el pacto contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+), en un claro gesto para marcar distancia en plena negociación para reducir la jornada. “Lo único que el Gobierno no puede tolerar ni propiciar en la mesa es una estrategia dilatoria”, añadió Pérez Rey.

Aunque no lo haya aterrizado en texto, una de las principales reclamaciones de la patronal para sumarse a un hipotético acuerdo era que se incrementase el tope anual de horas extra, ahora establecido en 80 horas. CEOE no ha llegado a especificar en la mesa qué destope plantea. Sea como sea, Trabajo rechaza esta posibilidad y ni la menciona en su borrador, lo que aleja todavía más la posibilidad de que los empresarios participen. Fuentes de la negociación ven “muy complicado” que la patronal se sume, pero aún creen que puede haber alguna opción por la trascendencia de la medida. Desde los sindicatos apuntan que si hay concreción en las propuestas de CEOE podría haber espacio para encontrar un punto a medio camino.

CEPYME anticipa problemas

En medio de la escena irrumpe este lunes un informe de CEPYME, que anticipa “efectos negativos” en el recorte de jornada: “Una reducción no negociada del tiempo de trabajo manteniendo los salarios conllevaría un coste directo de 11.800 millones de euros, debido a las horas que se dejarían de trabajar. A este coste directo hay que añadir los indirectos en términos de afectación a la producción, nuevas contrataciones y pago de horas extra, entre otros, pero también puede derivar en el cierre de pequeñas empresas que se encuentran en una situación ya vulnerable”.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas, que participa en la mesa de diálogo, insiste en que “la negociación colectiva ha demostrado su buen funcionamiento al haber sido la herramienta que ha logrado una reducción paulatina de la jornada laboral en los sectores, empresas y territorios en que su productividad ha permitido materializarla; esta adaptabilidad constituye un éxito de la negociación bipartita”. Los sindicatos suelen contraponer este argumento destacando que en los sectores en que no se ha dado una reducción no siempre se debe a la productividad, sino a la debilidad de la parte trabajadora en la negociación. Y recuerdan que no todos los empleados están protegidos por la negociación colectiva, así que es necesario que el Estatuto de los Trabajadores regule una jornada ordinaria máxima. Es decir, que no es algo que pueda quedar exclusivamente en manos del diálogo entre empresarios y trabajadores.

CEPYME anticipa un “impacto negativo muy grave” en los sectores con jornadas pactadas más largas. Destaca aquellos en los que más empleados verían reducido su tiempo de trabajo: actividades inmobiliarias (99,8%), hostelería (99,5%), agroganadería (96,8%), comercio (96,6%) y actividades científicas y técnicas (85,3%).

Camino parlamentario

Una vez se cierre el acuerdo para reducir la jornada, la medida llegará al Consejo de Ministros y después deberá recibir el refrendo del Congreso de los Diputados. Ya hubo una aproximación a qué apoyos y rechazos reunirá por una iniciativa que Sumar presentó en el Congreso en febrero, que instaba al Ejecutivo a reducir la jornada: la propuesta salió adelante con el voto a favor de los partidos del Gobierno y de casi todos sus socios, incluidos los nacionalistas vascos de derechas del PNV. “Lejos de esa catástrofe que algunas y algunos vaticinan, en Euskadi ya tenemos los convenios colectivos con una jornada de 37,5 horas y en el caso del funcionariado la jornada es de 35 horas”, dijo a principios de año la diputada Idoia Sagastizabal.

Vox fue el único partido que votó en contra, mientras que PP y Junts se abstuvieron. Así, el voto del grupo catalán una vez más puede ser clave. El diputado Josep Maria Cervera dijo en febrero: “No esperen nuestro voto positivo sin tan siquiera haber hablado con nosotros. Tienen que contar con nosotros, como también tienen que contar con los protagonistas en los sectores afectados por esta iniciativa, con tiempo y desde el primer momento”. Esta cautela conecta con las críticas de la patronal catalana Foment, con ascendencia en Junts y que la semana pasada cargó contra la propuesta de Trabajo.

El otro partido del bloque de investidura que más problemas ha dado al Ejecutivo para sacar sus medidas adelante en lo que llevamos de legislatura, Podemos, indica a este periódico que aún es “pronto” para anticipar su posición, ya que no conoce el detalle del texto.

La reducción de jornada goza de un amplio respaldo social: dos de cada tres españoles apoyan la reducción de jornada que plantea el Gobierno, de dos horas y media a la semana, según una encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Los que más apoyan esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 24% de los votantes del PP y un 29% de los de Vox reniegan del recorte de dos horas y media de trabajo a la semana.

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