El CES advierte del riesgo de que se active el mecanismo corrector de las pensiones en 2025

El Consejo Económico y Social (CES), formado por los sindicatos, la patronal y el tercer sector, asume que el sistema de pensiones muy probablemente tendrá que abordar un ajuste en el 2025, cuando se aplique el examen sobre su sostenibilidad que ha impuesto la Comisión Europea cada tres años. Así lo recoge en su último informe anual, publicado la semana pasada. En la evaluación que se tendrá que realizar el año que viene habrá que examinar cuál es la proyección del gasto medio hasta 2050 una vez restados los ingresos. Y si esta estimación de los desembolsos en prestaciones supera el 13,3% del PIB anual, entonces habrá que afrontar un ajuste al sistema equivalente al valor del desfase. De no acordarse medidas, ya sea porque el Gobierno, la patronal y los sindicatos no las consensúan o porque el Parlamento no las aprueba, se aplicará una subida automática de cotizaciones a razón de una quinta parte por año hasta cubrir el agujero estimado.

Para calcular esa proyección de gastos se tomará, por un lado, el Informe de Envejecimiento que ya publicó la Comisión Europea a mediados de abril. Este documento concluye que los gastos serán en promedio superiores a lo que calculaba el Gobierno. Con el fin de valorar los ingresos se usará un estudio que elaborará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Esta ya realizó un informe previo basándose en las medidas que ya están anunciadas. Y considera que estas se quedan por debajo de lo que se preveía. El Ejecutivo argumenta que este informe de la Autoridad Fiscal no se ha hecho en su versión definitiva y que debería tener en cuenta algunos factores que sí incorporó el Gobierno, como el reciente afloramiento de economía sumergida, los efectos de la subida del SMI sobre la recaudación y el impacto de la reforma laboral en la estabilidad del empleo y, por tanto, en los ingresos. Algunas fuentes dudan de que se puedan utilizar para el cálculo medidas que no supongan un incremento directo de la recaudación. En cualquier caso, la patronal y los sindicatos coinciden en apuntar que, con la información conocida hasta ahora, lo más probable es que se active el mecanismo de corrección en 2025.

Y así lo dicen en el informe anual del CES: “Una estimación preliminar llevada a cabo por la Airef en 2023 situaba el aumento promedio de ingresos en el periodo 2022-2050 en el 1% del PIB. Por su parte, la Comisión Europea, en el Ageing Report 2024, ha estimado un gasto medio en ese periodo del 15,1% del PIB. De mantenerse la estimación de ingresos de la Airef, sería necesario activar en 2025 el mecanismo corrector, en tanto que la diferencia entre la estimación de gasto de la Comisión (15,1%) y la de ingresos (1%) superaría en ocho décimas el umbral de sostenibilidad”. Estas ocho décimas equivalen a unos 12.000 millones de euros con el PIB actual.

La patronal y los sindicatos no suelen estar de acuerdo en muchos temas, y precisamente por ello los informes del CES siempre se elaboran con un cuidado exquisito en su redacción. Muchas veces se recurre a una ambigüedad calculada para no levantar ampollas en ninguna de las partes. Pero el hecho de que hayan puesto negro sobre blanco este mensaje es importante: pone sobre la mesa uno de los mayores retos al que habrá que hacer frente en los próximos años. La patronal y los sindicatos jugarán además un papel esencial en la definición de este ajuste si finalmente se produjera.

El Gobierno cree que será difícil que se active este mecanismo corrector en 2025, en la medida en que se incluyan en los cálculos la mejora del PIB de 2023 y los ingresos producidos por el afloramiento, el SMI y la reforma laboral. La presión se volcará sobre la Autoridad Fiscal para que cambie el modo en que confecciona su evaluación de los ingresos.

El propio documento del CES recuerda que las estimaciones del Ministerio de Seguridad Social concluyen que no haría falta implementar ninguna medida correctora en 2025. Y señalan que “la diferencia en los datos de gasto del ministerio y la Comisión Europea se explica, fundamentalmente, por el diferente impacto estimado respecto de las medidas relativas a la revalorización de las pensiones con el IPC, la derogación del factor de sostenibilidad y la edad efectiva de acceso a la jubilación”. Por la parte de los ingresos, apuntan que “la principal causa del desfase con las estimaciones de la Autoridad Fiscal tendría que ver con que el Gobierno incluya en su estimación el impacto de las reformas relativas al mercado de trabajo, como la laboral, el aumento del SMI o el afloramiento de empleo sumergido”.

Además, según indica el informe, “la Airef no habría incluido la previsión que recoge la disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 21/2021, que establece que la Ley de Presupuestos contemplará anualmente una transferencia del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de aquellos gastos que están fuera del ámbito contributivo y para reforzar el papel del Estado como garante público del sistema en su conjunto”. Esta inyección procedente de los impuestos supera ya los 19.000 millones de euros.

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