Uno de cada cuatro euros de la factura de las pensiones se paga con impuestos y deuda pública

Los Presupuestos de este año tendrán que afrontar un desembolso en pensiones que rondará los 200.000 millones de euros, incluyendo las prestaciones contributivas, asistenciales y de funcionarios. Los ingresos por cotizaciones se situarán en el entorno de los 150.000 millones. El resto se abonará con dinero procedente de los impuestos del Estado y de la deuda pública. Esta transferencia supone que uno de cada cuatro euros de las pensiones se pagan con dinero de la caja común. Las contribuciones de los trabajadores ya no son suficientes para costear el gasto del sistema público de jubilación.

Esta insuficiencia de las cotizaciones para hacer frente a los pagos es un fenómeno que arrancó con la crisis de 2008. Desde 2011 el déficit creado se estuvo cubriendo con inyecciones del Fondo de Reserva, que llegó a tener ese año casi 67.000 millones y se quedó en unos 2.000 millones en 2019. A partir de entonces, el Gobierno ha ido aumentando las transferencias que hace desde Hacienda. Y la reforma que aprobó el ministro Escrivá estableció en 2021 una inyección anual por valor de más de 20.000 millones al año. Este traspaso de fondos se justificó en que la Seguridad Social costeaba con las cotizaciones conceptos indebidos. De esta forma, el grueso de los números rojos, que llegaron a casi 18.000 millones en 2018, se trasladó al presupuesto de Hacienda. Aun así, el déficit de las cuentas ha continuado: fueron 8.171 millones en 2022. Y para 2023, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció unos números rojos de alrededor del 0,5% del PIB (más de 7.000 millones de euros). Si bien esta cifra no incluye los 2.700 millones de recaudación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que van al Fondo de Reserva y no para pagar las pensiones, lo que elevaría el desfase al entorno de los 10.000 millones, que es la cantidad que el Tesoro concede a la Seguridad Social para completar el pago de las pensiones.

En total, la contribución que está haciendo el Estado a las pensiones alcanza los 50.000 millones de euros. El desglose consiste en unos 7.000 millones de complementos a mínimos, la partida destinada a financiar la ayuda para que las pensiones que no han cotizado lo suficiente lleguen al mínimo legal; 3.000 millones para pensiones no contributivas o asistenciales; 14.000 millones para financiar las pensiones de funcionarios o clases pasivas, y otros 20.000 millones que se corresponden con la transferencia anual que se creó en la reforma de Escrivá. Esta recoge una partida superior a los 5.500 millones que no se justifica y que simplemente se fija para “financiar otros conceptos”; cerca de 4.000 para complementos de prestaciones contributivas; unos 2.000 millones para cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria; 400 millones para pensiones a favor de familiares; otros 400 para la jubilación anticipada sin coeficiente reductor; 500 para cerrar lagunas en las carreras de cotización; 1.200 para subvenciones a los regímenes agrario, marítimo y por formación; 1.800 para reducciones de cotizaciones, y 1.000 millones para reducir la brecha de género de las pensiones.

En esta transferencia de 20.000 millones se contemplan también otros 3.200 para prestaciones por maternidad o paternidad, que se han excluido de los cálculos de EL PAÍS porque no se destinan a financiar pensiones. Por el mismo motivo, se dejan fuera las prestaciones por incapacidad temporal y las bajas laborales.

Las partidas financiadas con el presupuesto de Hacienda para pagar pensiones engrosan así los 41.000 millones. Además, el Gobierno ha estado aprobando un préstamo anual desde 2017 para cubrir el desfase presupuestario de la Seguridad Social. En 2023 ascendió a 10.000 millones de euros. Y en este ejercicio se podría volver a necesitar una cifra similar. Este crédito se financia con la deuda pública emitida por el Tesoro.

Una vez sumadas todas, las transferencias del Estado al sistema de pensiones ascienden al entorno de los 51.000 millones. Esta cantidad supera el déficit presupuestario que se prevé para este año en el conjunto de las Administraciones Públicas, unos 46.000 millones. Y supondría casi la mitad de la recaudación del IRPF o el 80% del gasto en educación. En otros países europeos que tienen sistemas en mayor o menor grado contributivos —es decir, que se sufragan con cotizaciones sociales—, una parte de las pensiones también se financia con impuestos. Pero la principal diferencia quizás sea que, en la mayoría de los casos, esa inyección con tributos se usa, sobre todo, para costear la pensión mínima y universal garantizada.

Un modelo creciente en Europa

El Ministerio de Seguridad Social esgrime que la opción de financiar una parte de esta factura con tributos es un modelo habitual y creciente en los países del entorno comunitario debido a las jubilaciones del baby boom —aquella generación nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX—, que en otros Estados de la UE han comenzado antes. “En los países europeos de referencia la financiación de las pensiones, en los sistemas de corte continental, en gran parte proviene de las cotizaciones y hay una parte más pequeña que se financia vía impuestos, ya que hay un componente redistributivo muy importante”, explican estas fuentes ministeriales.

Sin embargo, muchos expertos recelan de esta forma de financiar las pensiones a través de transferencias crecientes de impuestos. “Es una opción legítima, si bien resulta contradictoria con un sistema contributivo, como el español, que genera las prestaciones mediante el pago de las cuotas sociales por parte de sus beneficiarios”, opina Miguel Ángel García, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y exdirector de Ordenación de la Seguridad Social. Es más, asegura que esta política de financiación “resulta bastante opaca, e incluso puede confundir a la mayoría de la población a la hora de valorar la situación del sistema, cuando lee y escucha en los medios de comunicación que el déficit de la Seguridad Social es relativamente reducido, solo del 0,5%”.

“Estos datos permiten hacerse una idea clara de cuál es el estado de las pensiones. Puede interpretarse como el plus de generosidad que el sistema ofrece por encima de lo que sería sostenible con una lógica de seguro social de reparto puro”, dice Ángel de la Fuente, director de Fedea y autor de un estudio sobre estos números. De la Fuente añade: “Este déficit contributivo podría ser cuestionable en la medida en que se están complementando prestaciones contributivas que en principio no habría por qué subvencionar. Se trata de recursos adicionales que se están detrayendo de otros usos posibles”.

Sin embargo, el Gobierno ha defendido esta manera de financiar las pensiones en el Plan de Recuperación que envió a Bruselas: “Cierto es que las necesidades financieras del Estado en su conjunto no desaparecen, pero se trasladan a un ámbito —el estatal— en el que existen mecanismos específicos que permiten atenderlas sin hacer recaer todo el esfuerzo en un aumento de los costes laborales, lo que resulta contraproducente dada la alta tasa de desempleo que arrastra el mercado laboral”. Es más, este traslado de los llamados gastos impropios al Estado está también avalado por el Pacto de Toledo, y está implícita en la reforma de pensiones apoyada enteramente por los sindicatos y, en parte, por la patronal.

Esta última reforma de pensiones vuelve a actualizar las prestaciones con el IPC y se centra en aumentar los ingresos, ya sea con las transferencias de Hacienda o subiendo cotizaciones mediante el destope de las cuotas y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). No obstante, instituciones como la Autoridad Fiscal, el Banco de España o la OCDE han apuntado que la reforma no será suficiente para equilibrar un sistema que, además, va a enfrentarse a la jubilación del baby boom en los próximos años. Por este motivo, Bruselas impuso un examen de las cifras cada tres años. La primera evaluación se hará en 2025 y, si se proyecta que el gasto suba demasiado en el futuro una vez restadas las medidas de ingresos, entonces se exigirá un ajuste a cinco años por ingresos o gastos.

De momento, los supuestos que usará Bruselas, que ya han sido publicados, no son los que empleó Escrivá para presentar su reforma. Utilizan un crecimiento menor y, por lo tanto, abren la puerta a que en el 2025 se tenga ya que activar el mecanismo de ajuste del sistema. De no tomarse ninguna decisión, se pondría en marcha una subida automática de las cotizaciones por valor del desajuste estimado a razón de un quinto al año.

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