Las aerolíneas advierten de que “no habrá cambios” sobre el cobro por el equipaje en cabina

Las cuatro aerolíneas amenazadas con una histórica sanción de la Dirección General de Consumo contra sus prácticas comerciales, en lo que se refiere al cobro por el equipaje en cabina o por la reserva de asientos junto a viajeros dependientes, van a ir a por todas en la confianza de que sus políticas cumplen la normativa europea. Las firmas de bajo coste Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea, entre las que mueven más tráfico de viajeros en España, podrían cargar con una multa que totaliza 150 millones de euros, pero el proceso administrativo está aún en fase de alegaciones y cabe el recurso en vía judicial. Con meses de batalla por delante, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha explicado que lo previsible es que nada cambie a corto plazo.

“Todas las compañías aéreas permiten subir a la cabina equipaje de mano que puede ir bajo el asiento delantero, y algunas cobran suplemento por el trolley [maleta de pequeñas dimensiones] y otras no lo hacen. Creemos que se explica de forma clara, pero estamos a disposición del Ministerio de Consumo y de las asociaciones para mejorar la transparencia”, ha dicho el representante del sector en una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana en Madrid.

El argumento de que “nada cambiará en los próximos meses” se basa en que “no hay resolución en firme”. Las compañías en el foco del Gobierno tienen hasta mediados de junio para presentar recurso de alzada ante el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, que, a su vez, contará con tres meses de plazo para responder a las empresas. Agotada la vía administrativa, y si se confirma una resolución adversa, las aerolíneas no dudarán en acudir a la Audiencia Nacional en defensa de su libertad para fijar las políticas tarifarias. En esta nueva vía todo dependería de si el magistrado que atienda el caso acepta, o no, medidas cautelares que mantengan la actual situación.

La histórica sanción, adelantada por la SER, penaliza prácticas que la Dirección General de Consumo considera abusivas. Organizaciones de consumidores como OCU y Facua han aplaudido la acción del Ministerio, mientras que el sector aéreo aprecia un ataque frontal al Reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que quedó establecida la referida libertad tarifaria. De hecho, recuerda esta mañana el presidente Gándara, la Comisión Europea avaló en 2013, a pregunta parlamentaria, que cobrar un suplemento [por el equipaje en cabina] es legal y compatible con el derecho comunitario”. Consumo y organizaciones como OCU reconocen que las compañías aéreas tienen derecho a determinar las medidas y pesos del equipaje de mano que puede llevarse a bordo, pero no a cobrar un importe extra por ese equipaje.

Ryanair sería la compañía que carga con la mayor sanción, seguida por Vueling y, a distancia, por Easyjet y Volotea. Consumo ha eludido ofrecer el desglose de las cifras. La irlandesa fue pionera en el cobro por el conocido como trolley de cabina en 2018, pero también se le recrimina la imposición de un pago de 20 euros por la impresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto. “La exigencia de un coste desproporcionado por reimpresión de la tarjeta de embarque supone una práctica abusiva, al no corresponderse con costes reales asumidos por la empresa y generar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes”, se puede leer en el expediente.

Consumo abrió diligencias en junio de 2023, ante denuncia de asociaciones de consumidores, pero el pulso con las aerolíneas se remonta a más de dos años atrás. Las políticas investigadas son el cobro del suplemento por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y personas dependientes; falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio, que suele ser más bajo en la oferta inicial; cobrar un suplemento por el equipaje de mano de los pasajeros, y no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos u otros servicios adicionales.

El presidente de ALA ha tachado de “desproporcionada” tanto la cuantía de las sanciones como la posible prohibición de estas políticas comerciales en el futuro. El colectivo de aerolíneas estima que 50 millones de viajeros al año de Ryanair, Vueling, Volotea y Easyjet optan por tarifas básicas al no portar en sus desplazamientos más que un equipaje de mano que puede acomodarse bajo el asiento delantero y que, por tanto, no paga tarifa alguna. “Estos 50 millones de viajeros, que son entre un 30% y 40% del total, son los primeros que se verán afectados al tener que pagar por un servicio que no utilizan, pero una subida de las tarifas mínimas afecta a toda la curva de precios. Lo que han hecho las compañías hasta ahora es dar libertad de elección a los consumidores”, ha defendido Gándara, quien teme que cunda ahora la confusión en las puertas de embarque de los aeropuertos españoles.

“En los aviones de corto radio no caben más de 90 trolleys en cabina, pero hay 180 asientos. Eso motiva que muchas maletas tengan que bajarse a la bodega con el consiguiente retraso en la salida del vuelo. Al final se ven afectados todos los viajeros”, añade Javier Gándara. Durante su intervención también ha dejado claro que sería difícil gestionar una eventual prohibición española sobre la tarificación del trolley en vuelos que parten del exterior y tienen como destino este país.

ALA se está dirigiendo a la Comisión Europea, por una supuesta injerencia del Gobierno español en la normativa del mercado, con el fin de que tome cartas en este asunto doméstico, pero que afecta a buena parte de la movilidad en Europa. “España y el Gobierno, de confirmarse las sanciones, están dando la espalda al resto de Europa”, se quejan desde el colectivo, que advierte de un impacto en la conectividad del país y en la economía.

Las aerolíneas trabajan en estos momentos con la Comisión Europea, por requerimiento de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la estandarización de las dimensiones y peso que debe tener el equipaje para ser considerado de mano. Al margen de ello están las políticas comerciales, por lo que el sector aéreo reclama la armonización normativa en toda la UE. “Venir con estas sanciones, y con una posible prohibición unilateral en España, carece de lógica”, ha sentenciado Javier Gándara en defensa de las aerolíneas asociadas a ALA.

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