Sordo (CC OO) y Álvarez (UGT): “No cambiar el despido generará inseguridad a las empresas”

Cuando se realizó esta entrevista la sociedad española estaba en vilo ante el periodo de cinco días de reflexión anunciado por el presidente del Gobierno para analizar si seguía o no en el cargo. Ahora, algo más tranquilos por la permanencia de Pedro Sánchez, y mientras se celebra el Primero de Mayo, los máximos líderes sindicales del país han hecho suyos algunos de los compromisos del líder del Ejecutivo para no dimitir: quieren intensificar las negociaciones con empresarios y Gobierno para, en lo que resta de legislatura, sacar adelante “una agenda social, una agenda reformista, y una agenda de regeneración democrática”, en palabras del secretario general de CC OO, Unai Sordo. Su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, por su parte, pone en valor que la relación de los sindicatos con la sociedad “ha mejorado mucho” en los últimos años, lo que sirve para lograr objetivos —que incluyen la reducción de la jornada, la reforma de la indemnización por despido o la del subsidio de desempleo— . A ambos les preocupa la reconfiguración de la izquierda en un momento en el que “España y Europa corren el riesgo de que una ola reaccionaria se lleve por delante los derechos democráticos”.

Pregunta. Junto con el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral, en el lema de la manifestación de este miércoles apelan al pleno empleo. Con casi tres millones de parados, ¿de dónde deben salir esos empleos?

Unai Sordo. Si España hace bien algunas cosas que tienen que ver con reindustrializar el país a medio y largo plazo, teniendo en cuenta las posibilidades del cambio de modelo energético, creo que tenemos la oportunidad de atraer una inversión productiva que genere un incremento de las tasas de empleo en los próximos años.

Pepe Álvarez. España tiene un problema muy serio desde el punto de vista de la recolocación de las personas que están en desempleo. Para avanzar en ese camino tenemos que remover los servicios de empleo de las comunidades autónomas y hablar también de las condiciones del entorno para que esos empleos puedan ser cubiertos. La vivienda, por ejemplo, es un gravísimo problema para poder llegar al pleno empleo.

P. Pero los empresarios siguen denunciando que falta mano de obra en determinados sectores como el tecnológico, donde los salarios se están incrementando para retener a los trabajadores.

P. Á. Si se están subiendo los salarios es porque las patronales son conscientes de que tienen que pagar mejor. Dentro del país tenemos suficientes personas para cubrir esas vacantes. Yo creo que la actual responsable de los temas de inmigración, la ministra Elma Saiz, está cayendo en los mismos errores que su antecesor, el señor Escrivá, en la interpretación de esas cifras macro, y respecto a la idea de establecer cupos de contratación en origen, algo que no tiene ningún sentido. Para el país es mucho más rentable trabajar con las personas desempleadas, formarlas, y rebajar así las cifras de desempleo. A mí me da la sensación de que hay una parte del empresariado que sueña con construir barracones, meter ahí a la gente y retenerle los pasaportes, como todavía se hace hoy en el sector agrario.

U. S. Se están dando tres dinámicas distintas que conviene no confundir. Por un lado, las empresas españolas tienen un volumen de vacantes menor que el conjunto de las economías europeas. A veces tienen problemas para encontrar trabajadores en sectores donde las condiciones salariales y los convenios de trabajo son miserables. El ejemplo más paradigmático de esto se da en el agrario, donde miles de personas todos los años se van de España a Francia a vendimiar. Por otro, es lo que comentaba antes Pepe con el tema de la vivienda. No es que los salarios que se ofrecen en algunos lugares sean de miseria, pero no son suficientes para vivir en entornos muy inflacionados, como lo son, por ejemplo, las islas. Y el tercer problema tiene que ver con la falta de adecuación de las cualificaciones que requieren los puestos de trabajo que se demandan. Históricamente, en España se han ofertado puestos que exigían cualificaciones mucho más bajas de las que los trabajadores tenían, y ahora el problema es justo el contrario.

P. En varias ocasiones han alertado de la parálisis en la que se ha sumido el diálogo social en los últimos meses. ¿Creen que puede desatascarse en otoño, una vez se hayan consumado las distintas elecciones (quedan por celebrarse las catalanas y las europeas), o dan el año por perdido?

U. S. No. Es verdad que la secuencia de elecciones políticas no ayuda, pero las negociaciones más sustanciales que tenemos por delante y que tienen que ver con la reducción de jornada y la recuperación del subsidio de desempleo van avanzando. Lo que ocurre es que los acuerdos no van a ser sencillos, pero, como hemos venido diciendo, son posibles, alguno incluso de carácter tripartito. El Gobierno tiene que tratar de impulsar estos proyectos legislativos, y si vienen avalados por un acuerdo con los sindicatos y la patronal, todavía mejor.

P. Á. Es evidente que estamos en una legislatura mucho más compleja que la anterior. Tenemos el parlamento que hemos votado todos. Ahora tenemos que medir más cuando llegamos a acuerdos, porque si no nos aseguramos de que tendrán el aval de la mayoría parlamentaria nos va a ser difícil poder asumirlos. Me parece que esta legislatura va a tener resultados muy importantes, pero seguramente diferentes a los de la anterior.

P. En vista de la mayor dificultad que tiene ahora el Gobierno para formar mayorías, ¿temen que los empresarios, al tiempo que negocian con ustedes, estén hablando también con formaciones como Junts o el PNV para provocar una escisión dentro del bloque?

U. S. Somos conscientes de que esto está pasando, pero hay que tener en cuenta que estas dos organizaciones políticas no tienen visiones socioeconómicas demasiado parecidas. Sería un error por parte de cualquier agente social subcontratar su posición en los partidos políticos. Creo que sería más importante poner en valor la autonomía colectiva, algo que ya demostramos en la reforma laboral. Nosotros pudimos haber aprovechado la ventaja que nos daba la existencia de una mayoría de izquierdas, y, en cambio, priorizamos alcanzar un acuerdo con la patronal, porque si había un pacto tripartito iba a ser mucho más útil para los trabajadores. Es momento ahora de hacer un llamamiento a la CEOE para que apueste por la autonomía de las partes y no busque atajos políticos, que suelen ser malos a largo plazo.

P. Á. A nosotros lo que nos interesa que en la negociación CEOE tenga el convencimiento de que la jornada de trabajo se va a reducir. Y si lo hace, tendremos un margen, como en la reforma laboral, para generar las condiciones de flexibilidad en el acuerdo, e incluso trasladar parte de esas competencias a la negociación colectiva. Si lo conseguimos, con la reducción del tiempo de trabajo ocurrirá lo mismo que con la subida del salario mínimo, que se dijo que iba a ser una catástrofe para la economía y no lo ha sido.

P. Esta postura patronal, ¿puede llegar a impedir acuerdos futuros? ¿Cómo están sus relaciones con los empresarios de cara a enfilar todas estas negociaciones tan transcendentales?

U. S. Desde que firmamos el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023-2025 se han dinamizado esas relaciones y ahí están los datos de subida salarial. Esto no quita para que la jornada laboral sea un tema muy sensible que afecta de forma muy distinta a a unas patronales que a otras. Algunas no son muy contrarias porque ya está en esas jornadas más bajas, pero otras son muy reactivas, como la del campo, que es muy beligerante porque sigue aspirando a trabajar explotando a sus trabajadores. Pero esa es una tensión interna que tiene que resolver la patronal.

P. Á. Las relaciones con los empresarios están muy marcadas por la coyuntura política, que hace a la patronal estar esperando a ver si llegan días mejores. Aunque hay sectores empresariales que claramente quieren un acuerdo y espero que cuando pasen las elecciones europeas aceleraremos el proceso de negociación.

P. ¿De qué depende entonces, ahora mismo, que haya o no acuerdo con los empresarios para fijar la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales?

P. Á. No es tan sencillo, pero hay que dar esperanzas a que pueda haber un acuerdo. Va a depender también de la capacidad que tengamos los sindicatos y que tengan en sí los trabajadores para movilizarse, de hacer esta reivindicación como propia. Porque, en realidad, este recorte va a afectar sobre todo a algunos sectores, porque la media de horas trabajadas en el país está un poco por encima de las 38 horas, y hay muchos convenios colectivos de empresas que están ligeramente por encima de las 35.

U. S. En esta negociación, aparte de la reducción de jornada, son muy importante otros dos elementos: la distribución del tiempo de trabajo y el control horario. Lo que se está planteando España no es si la jornada laboral se reduce un cuarto de hora más o menos, sino cuáles van a ser los fundamentos de competitividad de la economía española en el medio y largo plazo. Pensamos que medidas como la reducción de jornada mejorarán la productividad de la economía porque favorecen que las empresas se hagan rentables de formas distintas a la vieja usanza: pagando mal, trabajando de sol a sol, a turnos absurdos de jornadas partidas y presentismo. Ese es el debate y no si CEOE va a coger a Junts por el cuello y como es una formación de derechas decirle “a ver cómo nos cargamos esto”... Espero que CEOE piense en grande y no en cómo pone la zancadilla a la negociación.

P. Hablan también de la importancia del control horario. Se cumplen ahora cinco años desde que los españoles tienen la obligatoriedad de fichar al entrar y salir del trabajo. ¿Qué balance hacen de esta medida que ahora el Gobierno quiere reforzar?

U. S. Los sistemas de control horario son manifiestamente mejorables. Se debe ir a un control digital de la jornada al que pueda acceder la autoridad laboral para evitar que las empresas tengan fácil buscar subterfugios. El otro aspecto que convendría abordar en esta materia es el del empleo a tiempo parcial y las horas complementarias, para que si estas se hacen habitualmente pasen a ser ordinarias, como forma de mejorar los salarios de estas personas, que son mayoritariamente mujeres y que, generalmente, quieren trabajar más horas.

P. Además de esta negociación, en junio o julio parece que el Consejo de Europa va a resolver si la legislación española en materia de indemnización por despido debe reformarse para que sea “adecuada” y suficientemente “reparadora” para que cumpla la Carta Social Europea. Los sindicatos se han quejado de injerencias del Gobierno para que el resultado de esta reclamación sea que todo siga como está. ¿Qué va a pasar finalmente?

P. Á. En UGT pensamos que solo hace falta ver los informes que ha hecho el Gobierno para ver hasta qué punto ha habido una oposición por parte del Ejecutivo español a nuestra reclamación desde el primer día. Pero desde que está el nuevo ministro de Justicia (Félix Bolaños) ya no hemos encontrado más elementos de torpedear el proceso. Al margen de eso, desde la perspectiva sindical hicimos una demanda conociendo las resoluciones positivas por reclamaciones casi idénticas (de Francia, Italia y Finlandia) y por eso sabemos en qué dirección va a ir la resolución. Recuerdo que España ha ratificado la Carta Social Europea, que es la que no se cumple con la actual legislación del despido. Por eso, cualquier resolución o interpretación que puedan hacer los jueces directamente de la Carta Social Europea es ley. De hecho, hay ya Tribunales Superiores de Justicia que han utilizado la indemnización que diseña la Carta Social para hacer sentencias. Por eso cuando se publique la resolución habrá que ver si nos sentamos en una mesa y trasladamos eso a la legislación o dejamos que cada juez aplique los nuevos criterios como crea conveniente, hasta que se forme jurisprudencia.

U. S. En este sentido solo puedo decir que he oído muchas veces al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, decir que una de las cosas que más ponen en valor las organizaciones empresariales es la seguridad jurídica, pues espero que eso no sea solo cuando a él le interesa. Digo esto porque si las resoluciones dicen que la legislación española no cumple la Carta Social Europea en materia de despido, lo más razonable es que los agentes sociales nos sentemos en una mesa, en una negociación a tres bandas (con el Gobierno) y lo traslademos a la ley, sería lo más maduro. Lo contrario será dejar que se genere toda una secuencia de sentencias que acabarán sentando jurisprudencia hasta del Supremo, y hasta entonces solo habrá una enorme inseguridad jurídica en las empresas, que es lo que menos quieren que pase, según dicen ellas mismas.

P. Pero ni la jornada ni el despido exigen tanta urgencia como, por ejemplo, la reforma del subsidio de desempleo, que si no está lista en junio podría suponer una merma de fondos comunitarios a España.

U. S. El decreto que no salió en el Congreso era globalmente bueno, habría que mantener el grueso del texto, mejorar algunos aspectos y corregir otros. No hay mucho tiempo, pero hay tiempo. Esto tiene que estar cerrado para junio porque si no, puede tener consecuencias en el despliegue de los fondos europeos.

P. La figura de Yolanda Díaz ha sido muy importante para que salieran adelante medidas en favor de los trabajadores, pero la tensión entre Podemos y Sumar fue clave en que no saliera la reforma del subsidio de desempleo. ¿Temen que esta figura se debilite?

P. Á. Lo único seguro es que la izquierda a la izquierda del PSOE está en un proceso de reconstrucción. Seguramente que tardaremos un tiempo no tenemos, pero en todo caso los electores van a ir reconfigurando este espacio. Pero en este punto hay que decir que más allá de las cuestiones absolutamente legítimas que pueden aparecer desde el punto de vista ideológico o partidario, es absolutamente necesario continuar con la senda de conquista de derechos para los trabajadores.

U.S. Desde el respeto a cualquier proceso interno de estas formaciones, les deseo que la reconfiguración del espacio les vaya bien. Y, dicho esto, creo que la izquierda debe estar a la altura de las circunstancias teniendo en cuenta el riesgo real que existe en Europa de una ola reaccionaria que se lleve por delante muchos derechos, incluso democráticos.

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