Cataluña es la comunidad con mayor atasco en la ejecución de fondos europeos

Cataluña y La Rioja son las comunidades autónomas más rezagadas en la ejecución de los fondos europeos desde que comenzó su reparto. Hasta el 29 de febrero de este año, ambas Administraciones autonómicas habían usado poco más de un tercio del dinero asignado, según las fichas territoriales publicadas por el Gobierno de España. En concreto, la primera había empleado el 33,1%; y la segunda, el 38,6% del capital. Ambas se sitúan así muy por detrás de la media, pues la tasa de resolución de las convocatorias supera el 55%, aunque la Generalitat alega usando datos propios que ha ejecutado aproximadamente la mitad de las ayudas recibidas. La Rioja, por su parte, ha intentado modificar su legislación para agilizar la tramitación de convocatorias, lo que ha provocado un choque con la Administración central.

El Gobierno presidido por Pere Aragonès (ERC) solo ha adjudicado 856 millones de euros en inversiones y ayudas, a pesar de haber recibido 2.589 millones de los casi 4.000 millones (3.974 millones de euros) que tiene asignados. Es la que más fondos europeos capta, solo por detrás de Andalucía. En una escala mucho menor, se observa que La Rioja es la segunda comunidad que más ha tardado en llevar a cabo estos proyectos, pues solo se han adjudicado 42 de los 110 millones recibidos (frente a un total de 328 asignados). En ambos casos se trata de las iniciativas llevadas a cabo por los órganos del ámbito autonómico, sin considerar las que dependen de entidades locales.

Entre los proyectos más importantes de Cataluña figura la fabricación de chips, fundamentales para la transformación digital. Su desarrollo, a cargo de la compañía Openchip & Software Technologies, cuenta con un presupuesto de 111 millones de euros. Otro programa aspira a reindustrializar la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, con un importe de 65 millones de euros, y hay otra serie de programas vinculados al Barcelona Supercomputing Center —consolidado como una referencia internacional en supercomputación—, para el cual hay asignados 50 millones de euros. Aunque en el caso de La Rioja el capital asignado es mucho más modesto, se van a destinar 45 millones a las obras de construcción de la variante ferroviaria en Rincón de Soto y poco más de 37 millones para la modernización de los regadíos en el río Najerilla. Además, hay 11 millones presupuestados para apoyar la actividad comercial de Logroño.

Por convocatoria resuelta, se entiende aquella para la que ya hay adjudicatarios identificados. En el caso de los planes para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de regadíos, por ejemplo, se considera que la convocatoria se lanza y se resuelve en el momento de publicación de la relación de las comunidades regantes en las que se van a licitar proyectos. Y para las plazas de formación profesional y de educación de 0 a 3 años, se parte del supuesto de que las convocatorias se lanzan y se resuelven el día 1 de septiembre de cada año en función del número de plazas creadas, y que la cuantía refleja el coste estimado de cada plaza. Cada Administración es responsable de aplicar los fondos en aquellas políticas que sean de su competencia y para ello es necesario que desde el Gobierno central se transfiera el dinero.

A dos años de que finalice el plazo para aprovechar los fondos europeos del Plan de Recuperación —en julio de 2026—, la baja tasa de resolución de convocatorias que presenta La Rioja ha hecho que el Gobierno autonómico incluyera un artículo nuevo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 a fin de poder tramitar con urgencia los procedimientos de ejecución de estas ayudas. La propuesta se ha chocado contra el muro de la Administración central, que lo considera incompatible con las directivas europeas en materia de contratación. Sin embargo, la comunidad ha defendido que cumple con las reglas comunitarias, por lo que ahora mismo ambas partes buscan alcanzar un acuerdo.

Por su parte, los datos de la Generalitat difieren a los dados por el Ministerio de Economía, pues según sus cálculos ha adjudicado inversiones y ayudas con cargo a los fondos Next Generation por más de 1.600 millones, con lo cual su tasa de resolución sería de más del 50%. El error radicaría, según su versión, en que el programa Elisa solo contabiliza las convocatorias resueltas de subvenciones, es decir, aquellas ayudas convocadas que afectan especialmente a las adquisiciones de vehículos eléctricos y la instalación de autoconsumo en hogares y empresas. Esa cifra coincide con la que tiene controlada la Generalitat, que asciende a 855,6 millones de euros. En cambio, el Ejecutivo catalán denuncia que Elisa no ha incluido los 403 millones que se habrían adjudicado a través de licitaciones para ejecutar programas, inversiones y servicios y otros 360,5 millones de euros que se han transferido directamente a entidades y entes locales de Cataluña. Asimismo, defiende que otros controles de ejecución de los fondos europeos, como el de Esade, situaba en enero pasado a Cataluña por encima de los 1.200 millones de euros de ejecución, según informa Dani Cordero.

Con esta cifra, la Generalitat estaría en línea con la media nacional, que, por otra parte, se encuentra a la cola de Europa en la puesta en marcha de las ayudas. De hecho, el último informe de la Comisión Europea, con datos hasta septiembre del año pasado, fijaba a España como el Estado más rezagado, de forma que mucho tendrían que acelerar las Administraciones su ritmo de gasto para llegar a tiempo a los plazos marcados por Bruselas. La buena noticia es que actualmente se están publicando unos 1.500 millones al mes en convocatorias y se están adjudicando unos 1.100, según los datos oficiales. De los cerca de 70.000 millones que se concedieron a España en una primera fase de las ayudas europeas, el Gobierno estima que ha lanzado en convocatorias casi el 90% y que se ha adjudicado algo más de la mitad, exactamente 34.395 millones a fecha del 4 de abril.

Si se analizan el resto de territorios, se observa que Galicia y el País Vasco son los que más convocatorias han resuelto en estos años. La primera comunidad tiene una tasa de resolución del 72,7% y la segunda, del 67,8%. Ambas registran además un presupuesto asignado muy similar, que oscila entre los 1.100 y 1.500 millones de euros. Castilla y León les sigue de cerca, pues ha adjudicado el 65% de las ayudas de acuerdo con la información de la herramienta ELISA, que es donde el Gobierno vuelca los datos y de donde se han extraído.

Asignación del presupuesto

Del análisis de las cifras, se desprende que el sector empresarial —público y privado— y los autónomos han sido hasta ahora los grandes beneficiarios del plan, con más de la mitad del total del dinero adjudicado. Les siguen las entidades locales, con poco más del 20%. Con más precisión, en diciembre del año pasado el Gobierno informó de que habían llegado ayudas europeas a más de 400.000 empresas y autónomos, a 5.000 proyectos de investigación y a más de 150.000 personas físicas. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge cuatro ejes a través de los que se canalizan los fondos europeos: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. El dinero se ejecuta a través de convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas de los diferentes ministerios, comunidades y ayuntamientos.

En una visión general, España destaca por ser uno de los países con mayor asignación de fondos europeos, con más de 160.000 millones de euros. En concreto, dispone de unos 77.000 millones en transferencias y hasta 84.000 millones en préstamos, a los que se unen los 2.600 millones de euros para inversiones en autonomía energética del programa REPowerEU, según el IV informe de ejecución del Plan de Recuperación.

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