España, a la cola de la ejecución de los fondos estructurales europeos

España es el país de la Unión Europea que invierte con más lentitud el dinero comunitario de los fondos estructurales. Hasta ahora ha consumido el 63% de los poco más de 75.000 que corresponden al anterior periodo presupuestario de la UE, es decir, ha gastado 47.315 millones, según las cifras del informe anual de 2022 que la Comisión Europea ha divulgado esta semana y contiene datos hasta septiembre de 2023. Ese grado de ejecución es con diferencia el más bajo de los Veintisiete: Italia, el siguiente país con menos eficiencia, llega al 70%. Por el contrario, Portugal ya ha hecho todos los deberes y ha invertido todo el dinero que contemplaban sus planes para estas partidas de gasto comunitarias. Mucho van a tener que acelerar las administraciones españolas su ritmo de gasto y justificación para llegar a tiempo y poder desembolsar lo asignado a lo largo de este año que comienza, el último ejercicio de ejecución de este programa de fondos estructurales.

Los fondos estructurales y de inversión de la Comisión Europea constituyen una de las grandes partidas de gasto comunitario para cada periodo presupuestario plurianual, que se prolonga durante siete años, aunque los países tienen unos años más para invertir el dinero. En concreto, el informe del Ejecutivo de la Unión analiza hasta el pasado 30 de septiembre la situación de los fondos estructurales entre 2014 y 2020, que pueden gastarse hasta finales de 2024. Para ese periodo, el anterior al actual (2021-2027), había prevista en las cuentas comunitarias una cantidad de 546.055,3 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar otros 195.282,4 millones que aportan entre todos los Estados miembro, hasta sumar una cantidad conjunta de 741.337,7 millones. Es sobre esta última cifra sobre la que se calcula la ejecución y ahí la agregada de todos los socios es del 85%, 22 puntos por encima de lo que ha alcanzado España.

A pesar de ser uno de los mayores receptores de fondos estructurales, la capacidad española para gastarlos siempre se pone a prueba en los últimos años del periodo máximo de ejecución. No obstante, en esta ocasión se ha sumado el dinero del plan de recuperación de la pandemia, que en el caso español asciende a cerca de 161.500 millones. Estos recursos, de los que España ya ha recibido 37.000 millones, han supuesto una mayor presión. De hecho, en junio del año pasado las administraciones apenas habían podido gastar unos 5.200 millones, una cifra muy alejada de las cantidades presupuestadas.

Que la prioridad de los países de la UE se ha centrado los últimos años en invertir el dinero de los planes se observa también con lo que está sucediendo con los fondos estructurales correspondientes al periodo 2021-2027. Por ahora, según los datos publicados por la Comisión Europea, son muy pocos los Estados miembros que han recibido algo más que el dinero correspondiente a la prefinanciación que le corresponde a estos programas.

Este año es el último en el que puede invertirse el dinero asignado de los fondos estructurales, compuesto por el fondo de desarrollo regional europeo, el fondo social, el fondo de desarrollo agrícola y rural, y el fondo marítimo y pesquero. Y España va a tener que apretar el ritmo en 2024 para llegar a tiempo y gastar todo lo previsto. Y tendrá que hacerlo bastante respecto a la velocidad mantenida en los primeros nueve meses de 2023. Esto se ve con claridad con las cifras facilitadas por la Comisión: a finales de 2022 el porcentaje de ejecución español era del 57%, a 30 de septiembre ascendía a ese 63%.

La mayor parte de dinero que tiene asignada España de los fondos estructurales comunitarios corresponde al fondo de desarrollo regional y al fondo social europeo, algo más de 38.041 millones de euros y 16.226 millones, respectivamente, contando solo el dinero procedente de Bruselas. Ya no llega dinero de los fondos de cohesión, algo que sí le pasa a Polonia, el país más beneficiado por estas políticas europeas de convergencia, a otros países del centro y el este de Europa (República Checa, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Croacia o Eslovenia), Grecia y Portugal. España dejó de recibir estos fondos porque el PIB per cápita en paridad de poder de compra estaba por encima de la renta nacional bruta del 90%.

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