El número de desahucios en España cae al mínimo histórico por debajo de las cifras de la pandemia

Los desahucios en España cayeron a mínimos el año pasado. De acuerdo con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicadas este miércoles, el año pasado se practicaron 26.659 lanzamientos (el término jurídico con el que se conoce el procedimiento por el que el titular de una propiedad recupera su posesión). Esto supone una caída del 30,3% con respecto al ejercicio previo. Y marca un nuevo suelo en la serie estadística que arranca en 2013, ya que son menos incluso que en 2020 (29.406 lanzamientos), cuando los juzgados estuvieron cerrados durante un tiempo por la pandemia de coronavirus. La cifra sería la mínima en, al menos, dos décadas, desde antes de que estallará la burbuja inmobiliaria, cuando se dispararon los desalojos, pero la seria estadística solo recoge los casos desde 2013. Algunos expertos relacionan los datos con la ley de vivienda aprobada el pasado mayo y con las huelgas que afectaron a la Justicia.

Lo que no cambió, pese al descenso generalizado, es el hecho de que la mayoría de personas desalojadas de sus casas vivían de alquiler. De hecho, casi un 74% del total de desahucios tenían detrás a inquilinos, que es el mayor peso de la serie histórica. En términos absolutos, sin embargo, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, por impago de la renta, finalización de contrato u otras irregularidades relacionadas con el alquiler) fueron 19.676, de nuevo la cifra más baja de los once ejercicios en los que el CGPJ lleva recopilando estos datos. Respecto al año pasado, el retroceso es del 28,5%.

La estadística judicial, la más completa que hay para seguir el fenómeno de los desahucios en España, nació de la alarma social que generaron las ejecuciones hipotecarias en los primeros años tras el estallido de la burbuja. Sin embargo, las causas derivadas del impago del préstamo de la casa nunca fueron mayoritarias en sus datos y son las que más se han reducido. De los más de 29.000 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias que se practicaron en 2015, el año pasado fueron apenas 5.260. Es también el mínimo del que hay constancia y la caída fue superior a la general (-38,2%). Esto se relaciona con el hecho de que la bolsa de morosos hipotecarios de la época de la burbuja (que sigue siendo el principal nutriente de este dato) se va reduciendo y tras la crisis de 2008 los bancos pusieron requisitos de solvencia mucho más elevados.

Además de las dos grandes categorías (inquilinos y prestatarios), la estadística incluye una tercera posibilidad de otras causas de lanzamiento (sin especificar) que es minoritaria (1.723 casos el año pasado).

Tras el retroceso general de los lanzamientos se encuentra, a juicio de algunos expertos, la Ley por el derecho a la vivienda que entró en vigor en mayo de 2023. Esta modificó algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan los desahucios. “Esos retoques están haciendo que se demoren los procedimientos”, resume Natalia Palomar, que es abogada de la asociación sin ánimo de lucro Provivienda. Aunque el Gobierno desplegó dentro del paraguas social de la pandemia algunas medidas antidesahucio, la norma del año pasado amplió los supuestos en los que el gran propietario (más de diez inmuebles) debe pedir un informe de vulnerabilidad de los ocupantes de la vivienda antes de iniciar el proceso de desalojo. Además, también debe acudir, si se acredita esa vulnerabilidad y otros supuestos, a un procedimiento de intermediación.

Esto tiene implicaciones para los servicios sociales municipales y autonómicos y, en general, obliga a hacer unas adaptaciones que, según Palomar, todavía no se han hecho en la mayoría de territorios. La abogada, de hecho, cree que hay otro dato de la estadística judicial que es revelador de esto. Los procedimientos verbales posesorios para la inmediata recuperación de la posesión por ocupación ilegal también cayeron. Estos, que no se refieren a todos los casos de ocupación ilegal, son unos procedimientos simplificados a los que pueden acudir propietarios particulares, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas. Y en el caso de los grandes propietarios, se les exige también la certificación de vulnerabilidad de los ocupantes. El año pasado ingresaron en los juzgados 2.268 casos, un 18,5% menos que en 2022.

Paco Morote, portavoz de la PAH, pone el acento en otra posible causa. “Ha habido muchos meses de inactividad de la Administración de Justicia”, señala en alusión a las huelgas de letrados y funcionarios de Justicia que se convocaron entre enero y mayo (se paralizaron por la convocatoria de elecciones autonómicas y locales). “Por desgracia, es eso lo que lo explica”, añade Morote, “no ha habido una mejora de las circunstancias que llevan a la gente a ser desahuciada respecto al año anterior”.

La estadística del Efecto de la crisis en los órganos judiciales, un título que delata sus orígenes, también da cuenta de los casos de cláusulas hipotecarias abusivas que pasan por los juzgados. Se trata de otra herencia de los años de la burbuja, amplificada después por algunas decisiones en instancias judiciales españolas y europeas. La avalancha de reclamaciones fue tal que en su día se decidió concentrar estos procedimientos en juzgados especializados, aunque hoy en algunas provincias ya se han cerrado esos órganos. El año pasado entraron 88.622 casos nuevos, un 11% más que en 2022, pero menos del total de casos que se resolvieron (104.637). Pese a ello, al acabar el ejercicio quedan en los juzgados 141.417 casos pendientes de resolución. En la abrumadora mayoría de las ocasiones, según otras estadísticas judiciales, los juzgados dan la razón a los prestatarios.

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