Cuatro gigantes financieros de EE UU dan un paso atrás en materia climática ante la presión política

La presión política y regulatoria parece haber hecho mella. Cuatro gigantes financieros estadounidenses (JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco) que suman billones de dólares en activos han abandonado o reducido su vinculación con Climate Action 100+, la mayor iniciativa de grupos de inversión y grandes empresas para la reducción de emisiones y la lucha contra el calentamiento global.

“Las opiniones sobre las prácticas de sostenibilidad o ESG, en particular las relacionadas con cuestiones climáticas, se han convertido en cuestiones políticas, lo que puede amplificar los riesgos de reputación”, señala State Street en su informe anual, registrado esta semana ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC). “Están cediendo ante los negacionistas del clima”, dice un cargo demócrata.

Los criterios de inversión sostenible o ESG, siglas inglesas de medio ambiente, social y gobernanza, están en el centro de una batalla ideológica y política en Estados Unidos. Los republicanos han aumentado la presión contra dichos criterios en varios frentes. La última propuesta, en el legislativo estatal de New Hampshire, era convertirlos en delito en algunos supuestos. La iniciativa ha sido rechazada, pero sí hay Estados que vetan a las firmas de gestión que los aplican y también hay presión desde el Congreso.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, y otros dos republicanos más enviaron cartas a los directivos de State Street, BlackRock y Vanguard, pidiéndoles explicaciones sobre sus prácticas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG). En las cartas, los congresistas sugerían que las entidades estaban violando la legislación antimonopolio estadounidense al coordinarse y celebrar acuerdos colusorios para “descarbonizar” los activos gestionados y reducir las emisiones a cero neto. La pertenencia a grupos como Climate Action 100+ estaba en el punto de mira.

A esa organización pertenecen, de un lado, unos 700 inversores, pero estos cuatro gigantes representaban 14 billones de dólares, en torno al 20% del total. Del otro lado, hay empresas. Entre los inversores están gestoras de fondos españolas del Santander, CaixaBank e Ibercaja, entre otras. En cuanto a las empresas, las españolas presentes son Iberdrola, Naturgy y Repsol.

La retirada de los gigantes financieros no implica que las compañías renieguen de la lucha contra el cambio climático, pero sí que se desmarcan en su actuación de las directrices que marque el grupo. Climate Action 100+ marcó el año pasado unas nuevas directrices más estrictas para que los inversores fueran más activos en su exigencia de reducción de emisiones. Las entidades señalan que con su retirada pretenden mantener su autonomía e independencia de decisión frente a las empresas.

División política

Tras los primeros anuncios, el congresista Jordan lo celebró: “Las decisiones de JPMorgan y State Street son grandes victorias para la libertad y la economía estadounidense, y esperamos que más instituciones financieras sigan su ejemplo y abandonen las acciones colusorias en materia de ESG”, tuiteó.

En cambio, el interventor municipal de Nueva York, el demócrata Brad Lander, lo censuró: “El riesgo climático es un riesgo financiero. Hoy, BlackRock, JPMorgan y State Street optan por ignorar ambos”, dijo en un comunicado. “Al ceder a las demandas de los políticos de derechas financiados por la industria de los combustibles fósiles y dar marcha atrás en su compromiso con Climate Action 100+, estas enormes instituciones financieras están incumpliendo su deber fiduciario y poniendo en riesgo billones de dólares de los activos de sus clientes”, añadió. “Están cediendo ante los negacionistas del clima”, concluyó.

Lander criticó especialmente a BlackRock, cuyo jefe, Larry Fink declaró hace tres años que el riesgo climático es un riesgo financiero y se puso al frente del activismo inversor climático. Aunque BlacRock Inc ha abandonado Climate Action 100+, el grupo no se ha ido del todo, pues en su lugar se ha incorporado su división internacional, BlacRock International. BlackRock es accionista destacado de decenas de empresas españolas, entre ellas Iberdrola y Repsol, y con la compra de GIP, lo será también de Naturgy.

BlackRock ya había lanzado el primer aviso de que las cosas estaban cambiando en su informe anual de 2022. “Los criterios ESG y la sostenibilidad han sido objeto de una mayor atención regulatoria en todas las jurisdicciones”, advertía. “Algunos estados o cargos estatales de Estados Unidos han aprobado o propuesto leyes o han adoptado posturas oficiales que restringen o prohíben a las entidades públicas estatales hacer ciertos negocios con entidades identificadas por el Estado como ‘boicoteadoras’ o ‘discriminatorias’ contra determinados sectores o que tienen en cuenta factores ESG en sus procesos de inversión y votación en las juntas. Otros estados y localidades pueden adoptar una legislación similar u otras leyes y posiciones relacionadas con los criterios ESG”, añadía.

Otro problema para las grandes firmas de inversión es la diferente percepción y regulación en Estados Unidos y Europa. State Street lo admite expresamente en su informe anual: “Las expectativas generales de nuestros grupos de interés, incluidos reguladores y clientes, fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa, en relación con la sostenibilidad o las cuestiones ESG pueden ser notablemente diferentes de las expectativas en Estados Unidos. Dado que llevamos a cabo nuestras actividades de gestión de activos a escala mundial, las expectativas globales contradictorias en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos complican nuestra capacidad para mitigar los riesgos”, explica.

Los criterios ESG han cambiado de signo en los capítulos de riesgos de las compañías cotizadas. Antes, el riesgo era no adoptarlos. Ahora, lo es aplicarlos o ambas cosas a la vez. “Los activistas han emprendido acciones destinadas a cambiar o influir en las prácticas empresariales de JPMorgan Chase con respecto a cuestiones ESG, incluidas protestas públicas en la sede de JPMorgan Chase y otras propiedades, y la presentación de propuestas específicas relacionadas con ESG para su votación por los accionistas de JPMorgan Chase”, dice el banco en su informe anual.

“Los problemas fiduciarios, anticompetitivos, de poder de voto, de gobernanza y de otro tipo que plantean las estrategias de inversión ESG siguen siendo objeto de debate legislativo y normativo en todo el mundo, especialmente a nivel federal y estatal en Estados Unidos”, señala por su parte State Street, que subraya el escrutinio regulatorio y político a que está sometida la entidad. “Algunos cargos estadounidenses han sugerido que las prácticas de inversión relacionadas con la sostenibilidad o la ESG pueden dar lugar a violaciones de la ley —incluidas las leyes antimonopolio— y a incumplimientos del deber fiduciario”, admite.

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