Un tercio de los contratos que se firmaron en enero tuvieron una duración inferior a un mes

El mercado laboral comenzó el año con algunas dudas, pero sigue contando con 20,6 millones de personas trabajando, una cifra nada desdeñable. Desde que entró en vigor la reforma laboral en diciembre de 2021 —aunque fue en marzo de 2022 cuando se desplegó por completo—, el indefinido se ha colocado en el epicentro de la contratación —que se ha multiplicado desde entonces—, orillando la temporalidad y rebajándola hasta cifras más cercanas a los niveles europeos (16%). Sin embargo, en enero se produjo un retroceso inesperado en cuanto a la duración de los contratos que se firmaron en ese mes: la media fue de 48,85 días, la cifra más baja en este periodo desde 2006. Entre otras razones, porque uno de cada tres contratos pervivió menos de un mes, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El recorte en la duración de los contratos en el inicio del curso —un periodo muy influenciado por la campaña de Navidad, lo que justifica que las nuevas incorporaciones sean para cubrir un tiempo determinado— se redujo prácticamente a la mitad en comparación con los datos que se recogieron en el mismo momento hace 18 años, cuando la cifra fue de 86,8 días. Sin embargo, desde entonces se inició una caída más o menos continuada que se ha ido agudizando en los últimos años. Tomando como referencia los últimos cuatro meses de enero, la caída de 2024 es la mayor de todas: mientras que en 2022 la media fue de 52,21 días; en 2023 pasó a ser de 51,82; y este año se ha reducido en 2,87 puntos.

Según los datos del SEPE, uno de cada cinco contratos firmados en enero tuvo una duración inferior a una semana (244.745), mientras que 66.664, el 5,6% del total, duraron entre siete y 15 días. Además, se firmaron 90.143 con una longevidad de entre 15 días y un mes, el 7,6% del total. El grueso mayoritario, un tercio del total (33,8%), presentaron una duración inferior a un mes.

Comparando los contratos que se firmaron entre 2019 y 2022 (ejercicios completos), su duración media apenas se recortó en dos días. En este tiempo, se acordaron 227.037 contratos menos de duración inferior a siete días (un 48% menos); 69.064 menos de entre 15 días y un mes (43% menos); y lo de duración indeterminada (fundamentalmente obra y servicio y los de interinidad o sustitución) se desplomaron un 85%, registrándose 568.062 menos.

La lucha contra la mortalidad contractual está contemplada en la reforma laboral en forma de un incremento de las penalizaciones (que ya existían) para aquellos contratos temporales de menos de 30 días. Con el actual cuerpo normativo, la cotización adicional a pagar por los empresarios —una vez concluyen estas relaciones laborales— es de 29,74 euros.

Sin embargo, la Orden definitiva de Bases de Cotización para 2024 —que todavía no ha sido publicada—, elevará esta penalización alrededor de un 5%, hasta los 31,22 euros, en consonancia con el aumento que experimentará también la base mínima (lo mismo que el salario mínimo interprofesional). El objetivo es desincentivar a las empresas para que no hagan contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas. Una práctica que ha imperado durante años, y que tenía su principal representación en aquellas contrataciones que se firmaban en lunes y se rescindían el viernes.

Crece el absentismo

Al tiempo que la duración de los contratos se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años, el absentismo laboral ha duplicado su dimensión, y de forma especialmente destacada en el último ejercicio. De acuerdo con los datos del INE, el porcentaje de personas que no acudieron a su puesto de trabajo por estar de baja —una Incapacidad Temporal, como se detalla técnicamente—, el año pasado representó el 4,1% del total de ocupados, cuando hace más de una década, en 2013, se situaba en el 2%.

Afinando en el detalle, se evidencian dos periodos con comportamientos muy dispares dentro de la serie histórica: entre 2007 y 2012 la tasa de absentismo pasa del 2,8% inicial al 2%, y desde entonces hasta hoy, esta se ha ido incrementando hasta doblar su tamaño. Un comportamiento que ha situado a España en lo más alto del ranking europeo de absentismo laboral junto a Francia y Portugal. El impacto de la covid justifica una parte de este cambio de tendencia.

“Son múltiples factores los que influyen en la IT, como las condiciones de trabajo, la cultura de las empresas y las políticas y prácticas de recursos humanos”, señala Juan Miguel Mesa, uno de los autores del trabajo titulado Estudio sobre la incapacidad temporal y siniestralidad, elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Mesa también apunta a factores externos al trabajo como “la situación familiar o el contexto social y cultural”.

El coste de estas ausencias laborales —que engloba tanto a las justificadas como a las injustificadas— se estima en más de 17.000 millones de euros (el 1,4% del PIB de España), según los últimos datos de la oficina estadística europea Eurostat. Se trata de un peso superior al de la media comunitaria (1,2%) y que ha experimentado un incremento de 0,6 puntos respecto a 2014.

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