Trabajar menos para vivir mejor

De acuerdo con una reciente encuesta, dos terceras partes de la ciudadanía española apoyan la reducción de la jornada laboral, hasta las 37,5 horas semanales, que hemos empezado a negociar. La proporción de apoyo se mantiene si, como viene defendiendo nuestra organización, se pregunta por un día menos de jornada y 32 horas de trabajo. El respaldo se incrementa hasta casi un 75 por ciento si la respuesta viene de los más jóvenes. En nuestro país, la conciliación de la vida laboral y familiar está emergiendo como una importante prioridad.

Una de las principales ventajas vinculadas a la reducción de la jornada laboral se asocia con el bienestar de los empleados. Reducir la cantidad de horas que las personas trabajadoras pasan dentro de las empresas permite conciliar de forma mucho más eficiente gracias a la flexibilidad de una jornada menos larga. Está comprobado que horarios más cortos hacen que las personas se impliquen con los objetivos empresariales, y que esta motivación las haga mucho más productivas, eficientes y creativas. Aminorar el tiempo de trabajo rebaja el absentismo, reduce el estrés, achica la ansiedad y mitiga el riesgo de enfermedades relacionadas con el empleo.

En España, la jornada laboral se encuentra inalterada desde hace más de 40 años. De momento, la digitalización, la robotización y la automatización no han conseguido desterrar las políticas empresariales basadas en el presentismo y en extensos periodos infructuosos. Respetar los límites del tiempo de trabajo no es una exigencia baladí: jornadas largas y extenuantes provocan cansancio, menor concentración y por lo tanto, mayores accidentes laborales. Cualquier proyecto empresarial sólo será verdaderamente rentable si respeta las reglas del bienestar de sus personas empleadas, cumpliendo con los límites de la jornada laboral ordinaria y extraordinaria.

El registro de la jornada, obligatorio en nuestro país desde 2019, tenía por objetivo acabar con los incumplimientos en cuanto a jornada máxima y horas extraordinarias. Desgraciadamente, el sistema vigente no cumple con la pretendida función y puede ser fácilmente manipulable y no recoger fielmente las horas realizadas en los puestos de trabajo. Se ha tornado necesario que las empresas incorporen herramientas eficaces, como la inteligencia artificial, la tecnología algorítmica o el cruce de datos, con el debido control de la Inspección de Trabajo, a la que se debe de dotar de los medios necesarios, para que los registros reflejen de manera real e inmutable las verdaderas horas realizadas por cada persona.

En nuestro país, según la EPA, se realizan a la semana seis millones de horas extras de las cuales el 49% no se remuneran ni en dinero ni con tiempo de descaso. El equivalente a casi 180.000 empleos, casi la mitad sin cotizaciones sociales ni salariales de ningún tipo. Se trata de una extendida situación de fraude laboral que afecta a una gran proporción de las personas trabajadoras de nuestro país, especialmente a las mujeres.

Aumentar el coste de las horas extraordinarias sería un importante desincentivo de su realización que crearía empleo. Se eliminaría esa tendencia de extender la jornada . Si no actuamos, se van a seguir manteniendo proyectos empresariales que construyen su modelo de rentabilidad sobre incumplimientos fragantes de la normativa laboral. Por eso debemos garantizar que las horas extraordinarias que se realicen se abonen por encima del importe de las horas ordinarias, tal y como exigen los convenios internacionales que nos obligan. Regularizar y abonar adecuadamente estas horas por encima de las ordinarias es una cuestión de justicia con las personas trabajadoras.

El correcto control de la jornada y el adecuado abono de las horas extraordinarias son, en consecuencia, otras dos tareas pendientes y el motivo por el que UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Porque entendemos que debemos trabajar para vivir dignamente, defendemos que otro modelo productivo es posible.

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