Las tres promesas del nuevo mercado eléctrico europeo: estabilidad de precios, garantía de suministro y protección al consumidor

Casi todo el trabajo estaba hecho desde mediados de octubre, cuando se logró lo más difícil: el pacto entre los 27 Estados miembro. Superada esa primera prueba de fuego, con importantes concesiones a la nuclear francesa, tocaba poner de acuerdo al Consejo, al Parlamento y a la Comisión, las tres instancias clave en la arquitectura comunitaria. Con esa luz verde, de madrugada, la reforma que aspira a dotar al mercado eléctrico comunitario de mayor estabilidad y que durante nueve largos meses pareció inalcanzable, queda —salvo sorpresa inesperada en la votación en el pleno de la Eurocámara— esculpida en piedra.

¿Qué cambia respecto al acuerdo entre gobiernos?

Se mantiene gran parte de la reforma por los Estados. Sobre todo, su espíritu: la estabilidad de precios sigue siendo lo fundamental, lo que llevó a los Veintisiete a abrir el melón de la reforma por la vía de urgencia tras el estallido del mercado en 2022 por la escalada del gas. Pero se modifican varias cosas, algunas de ellas importantes y de marcado acento social, que era donde más había puesto el foco la Eurocámara en su propuesta inicial.

Se refuerzan, por ejemplo, los pasos que deben dar las capitales para proteger a los clientes con menores recursos frente a la pobreza energética. Las compañías eléctricas, además, no podrán cambiar unilateralmente los contratos, como ha sucedido en varios países durante la crisis energética. Y se añade, también, una regulación específica para evitar la manipulación del mercado eléctrico y aumentar la transparencia. En los últimos años, han sido varios los episodios de malas prácticas de las empresas energéticas analizados por los reguladores nacionales.

¿Quién declarará una crisis y cómo lo hará?

Nadie tiene, ni remotamente, en la cabeza que se repita una situación como la del año pasado, cuando el gas puso patas arriba el mercado eléctrico. La reforma, sin embargo, concede a la Comisión y al Consejo la potestad de declarar una situación de crisis si el precio de la luz volviese a dispararse en el mercado mayorista, del que beben en última instancia las tarifas que pagan hogares y empresas.

En ese caso, el Ejecutivo comunitario sería el encargado de redactar una propuesta, que luego aprobaría el órgano que reúne a los gobiernos nacionales y que facultaría a los Estados miembro a intervenir. Se pretende, así, evitar el descontrol del año pasado, con medidas unilaterales de cada capital, y se pone el acento en la necesidad de evitar que el mercado se fragmente, el mayor logro de Bruselas. “Los criterios para la declaración de una crisis serán plenamente objetivables”, enfatizan fuentes al tanto de la negociación. “Y esto es muy importante, porque hará que sea prácticamente automático”.

¿Qué son los mecanismos de capacidad y por qué son importantes?

Son, en palabras del Consejo Europeo, “medidas de apoyo” de los Estados —pagadas, en última instancia, por el sistema eléctrico; es decir, por los consumidores— a las centrales eléctricas “con el fin de garantizar la seguridad del suministro de electricidad a medio y largo plazo”. En plata: ayudas para aquellas tecnologías que, como la nuclear (sobre todo, en Francia), el gas (en España e Italia) o incluso el carbón (en Alemania y, particularmente, en Polonia), seguirán siendo importantes en los próximos años como base y, sobre todo, como respaldo para las renovables.

Tras décadas en las que los combustibles fósiles y la energía atómica han sido prácticamente la única forma de generar electricidad, la irrupción de la eólica y la fotovoltaica las está desplazando (o ha desplazado ya, como en la península Ibérica o en Dinamarca) a un discreto segundo plano, reduciendo su retribución y alimentando una paradoja: las centrales térmicas, de gas o de carbón, operan muchas menos horas. Esta situación pone en riesgo su viabilidad financiera, pero siguen siendo necesarias para suministrar electricidad en días y horas clave, en las que por condiciones meteorológicas o porque la demanda aumenta, no basta con la producción de los aerogeneradores y de los paneles solares. Algo particularmente importante en los países que tienen una mayor producción renovable: en España, más del 80% de la generación será verde en 2030.

“Con tanta renovable intermitente, hace falta una mayor firmeza y flexibilidad. Eso, en sí mismo e incluso si no hubiera habido crisis, ya justifica la reforma”, esboza Antonio Hernández, socio del área de Sectores Regulados y Análisis Económico de la consultora EY. “Para conseguir firmeza y seguridad de suministro es fundamental desarrollar nuevas fuentes de ingresos para las centrales de gas o para el resto de tecnologías. La decisión que se ha tomado es que los mecanismos de capacidad pasen a ser estructurales y no puntuales, como hasta ahora”.

Aunque cada Estado tendrá la última palabra sobre cómo aterrizar estos mecanismos de capacidad, la reforma suprime su carácter temporal y simplifica los procesos de aprobación. Y deja en papel mojado —hasta el tramo final de la década— los umbrales máximos de emisiones de cada central para que puedan acogerse al apoyo público. El carbón, en definitiva, podrá acceder —al menos a corto y medio plazo— a los mecanismos de capacidad en igualdad de condiciones, pese a su mucha mayor huella ambiental: una victoria para Berlín y Varsovia. También la nuclear: un tanto que se apunta Francia.

El acuerdo final aboga, también, por aumentar la flexibilidad de demanda: reducir el consumo en las horas en las que la generación renovable cae. Es la forma más lógica de adaptarse a la producción renovable, pero también más difícil: ¿quién reduce su consumo y qué incentivos tiene para hacerlo?

¿Es un buen acuerdo para España?

El Gobierno español llegaba a esta negociación en una posición de difícil equilibrio. Por un lado, como titular de la presidencia de turno del Consejo de la UE, tenía que empujar para que se lograse un acuerdo antes de que terminara el año, un objetivo que se ha conseguido. Por otro, su vocación prorrenovable le hacía ser mucho más proclive a medidas que garantizasen una correcta retribución de las tecnologías limpias de almacenamiento (como las centrales de bombeo o las baterías, llamadas a jugar un papel clave en las próximas décadas) que a ayudar al carbón o a la nuclear. Madrid también aspiraba, al menos en un principio, a modificar el actual sistema marginalista de fijación de precios, algo que fue descartado por la Comisión y por la mayoría de países. En estos flancos, el éxito es mucho menor: ha importado más lograr un acuerdo que el tipo de acuerdo, con cesiones importantes a países como Francia, gran adalid continental de la energía atómica.

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