Trabajo plantea un subsidio por desempleo más alto de inicio y compatible con un trabajo durante 45 días
Amplía los beneficiarios de las ayudas no contributivas, sube sus cuantías, las hace decrecientes y alarga su duración
![La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su llegada al Palacio de La Moncloa para asistir al primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete de Pedro Sánchez.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/A5V73VH76VFMHOKPODTOA4LNAY.jpg?auth=0836794d4205b0da695240c9888be1ebbd8b54308aba7e12ce1740bb50ce7de5&width=414)
![Antonio Maqueda](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb1dc7264-7e6f-4409-a0bf-3e238fd06374.png?auth=11ebbb494668610683391effd8d3d71f1c1d8de88d2f0e2de10fff70c0ec9be0&width=100&height=100&smart=true)
El Ministerio de Trabajo ha planteado sus propuestas sobre cómo debería cambiarse el sistema de subsidios por desempleo, unas ayudas que reciben los parados que han agotado la prestación contributiva o que no han cotizado lo suficiente y que en el caso de los mayores de 52 años se percibe hasta la jubilación. Se trata de unas 800.000 personas que cobran 480 euros, el 80% del IPREM (el indicador público de rentas múltiples). El último borrador del decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece un subsidio decreciente compatible con un trabajo a tiempo completo durante 45 días, amplía su alcance y eleva las ayudas. Estos postulados distan mucho de los que planteaba el Ministerio de Economía: mientras que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, hablaba en declaraciones públicas de reforzar el compromiso de búsqueda de empleo, el departamento de Yolanda Díaz ha diluido esta idea en el texto. La confrontación entre ambos está servida, tal y como se ha evidenciado este miércoles con las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz en contra de los planes de Economía. La titular de Empleo ha marcado territorio frente a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, recordando que las competencias en esta materia son suyas.
Economía había introducido en el borrador que se puedan acoger al subsidio los menores de 45 años sin responsabilidades familiares siempre que hayan agotado una prestación mayor de 360 días. Este grupo no tenía antes esta cobertura. Sin embargo, Trabajo quiere ir más allá y ampliar el acceso de este colectivo “a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses” o a las trabajadoras eventuales agrarias. Así se ampliaría mucho el abanico de beneficiarios.
Trabajo plantea también elevar tanto la cuantía como el tiempo que se pueden percibir estas ayudas. La cantidad sube porque durante un año se podrá cobrar más que en la actualidad. En lugar del 80% del IPREM (ahora 480 euros), en los seis primeros meses se cobrará el 110% (660 euros) y en los siguientes seis meses, el 90% (540 euros). Pero a partir del año se ingresará el 70% del IPREM (420 euros). Es decir, se diseña la ayuda de una forma descendente. Aunque el esquema se aleja mucho de las ideas que barajaba Economía, que quería hacerlo más gradual para incentivar más la búsqueda de empleo.
Este diseño de Trabajo hace que en el conjunto del periodo el parado ingrese una cantidad mayor. Y supone por tanto un menor incentivo a la colocación. La argumentación que esgrime Economía es que los casos difíciles de reinsertar deberían pasar al Ingreso Mínimo Vital, mientras que los subsidios por desempleo tendrían que estar diseñados para fomentar la incorporación al mercado laboral. Y así lo dice la reforma pactada con Bruselas: esta deberá “facilitar la transición hacia la protección social cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad”. Los expertos siempre apuntan que cuanto más tiempo se está con una prestación, más probabilidades hay de que empeore la empleabilidad del parado y que este se convierta en un desempleado de larga duración.
Díaz también prolonga el periodo de cobro de estas ayudas equiparando los subsidios de menor duración a los de mayor. De esta forma, algunas aumentan en unos seis meses respecto a la situación actual. Este sería otro elemento que no ayudaría a la reinserción.
El plan de Trabajo permite compatibilizar el subsidio con el trabajo a tiempo completo. Hasta ahora solo se podía hacer a tiempo parcial: cobrando el subsidio para cubrir el porcentaje de tiempo que no se trabaja. Sin embargo, aunque con la nueva legislación se propone poder hacerlo a tiempo completo, en realidad se implanta de una forma restrictiva porque solo se permite percibirlo durante 45 días. “Transcurrido el periodo máximo de compatibilidad se producirá la suspensión del subsidio”, dice el texto. La cantidad que se ingresará durante esos 45 días será del 40% del IPREM, 240 euros. Este periodo en el que la ayuda es compatible se queda muy por debajo de lo que defendía Economía.
Sin reforzar el compromiso de actividad
Todos estos cambios únicamente afectarán a los nuevos perceptores. Los que ya lo están recibiendo seguirán en las mismas condiciones. El Gobierno quiere que la reforma entre en vigor el 1 de junio del año que viene.
Respecto al compromiso de búsqueda de empleo, simplemente se señala que la recién aprobada Ley de Empleo ya incluye un refuerzo de este concepto. Pero Economía busca ir más allá y homologar a España en esta materia con el resto de países europeos. Los informes de la OCDE dejan claro que España está a la cola en la frecuencia de los controles a los parados. Ahora se cambia el control periódico de seis meses a tres. Pero los países suelen supervisar a los parados con frecuencias mucho mayores. Por lo general, en otros países las sanciones son menores pero el control es más estricto. España también se encuentra rezagada en la intensidad del control, esto es, la cantidad de información y acciones que se le exigen como enviar currículums, acudir a entrevistas o seguir cursos de formación. El compromiso de reforma adquirido con Bruselas afirma que se debe “vincular la prestación a un itinerario personalizado de activación para el empleo”. Sin embargo, el borrador no aborda nada significativo a la hora de elevar las exigencias.
El Ministerio de Díaz sí que eleva la importancia del acuerdo de actividad por el que el parado se compromete a buscar activamente empleo. La falta de acreditación de esta búsqueda activa deja de ser una infracción leve y pasa a tener las consecuencias de incumplir el compromiso de actividad, cuyas exigencias son mayores. Aunque esta iniciativa va en la buena dirección, no refuerza el control efectivo. Y los expertos señalan que la ausencia de controles es el principal problema en este sentido. Además, Trabajo elimina la infracción leve en el caso de que el parado no esté inscrito como demandante de empleo. Es decir, aunque no se renueve la demanda se seguirá cobrando.
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