Economía de la investidura

Tres parámetros internos trazan el horizonte inmediato de la economía española: a) las proyecciones de crecimiento; b) el programa de la coalición y las promesas de la investidura; y c) los pactos de socialistas y nacionalistas.

Las previsiones de otoño de la Comisión Europea, simultáneas a la investidura, son bastante balsámicas para España, siempre en el grupo de cabeza del crecimiento, y holgadamente delante de Alemania, Francia e Italia. Con el 2,4% de alza del PIB este año, cuadriplicará el promedio de la eurozona (0,6%). En 2024 lo aventajará casi en un 50% (1,7% contra el 1,2%). Y en 2025, en un 25% (2% contra el 1,6%).

Ello debe permitir mantener la competitividad externa. Y una mayor recaudación que absorba gastos sociales selectivos anunciados en la sesión parlamentaria: incentivos fiscales a la reducción de jornada; prolongación de la rebaja impositiva a los alimentos; y transporte público gratuito para menores, jóvenes y desempleados, que son adicionales al programa de gobierno (más acceso al ingreso mínimo, mejoras en el plan de vivienda). Esa bonanza recaudatoria puede ser declinante, por lo que se compensará con las alzas anunciadas en Sociedades, patrimonios y progresividad del IRPF. Hay margen para ampliar la presión fiscal —3,6 puntos porcentuales— hasta igualarla a la media de la eurozona: pero no ilimitado, ni sería aconsejable usarlo de golpe, sino periodificar su aplicación en dosis prudentes, para que empresas y contribuyentes físicos la digieran sin asfixia.

El proceso de elaboración presupuestario que ahora tomará velocidad debe aquilatar ese equilibrio entre contención del endeudamiento y mantenimiento ligeramente al alza del gasto social en términos absolutos y quizá inflexión en términos relativos. O como propugna el programa España avanza del PSOE y Sumar, “conjugar la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo y la sostenibilidad de las cuentas públicas” con “el crecimiento, la creación de empleo y una ambiciosa agenda de inversiones”.

Más ruido han suscitado los pactos económicos del PSOE y los partidos indepes catalanes. Pero el acuerdo con Esquerra para la condonación parcial de la deuda al FLA no encierra ninguna desigualdad, pues es de “alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común”: la extensión a Galicia en el pacto suscrito con el BNG lo corrobora. El texto firmado con Junts para nada implica que “Sánchez pacta ceder a Cataluña el 100% de los impuestos”, contra lo que publicó un diario económico: esa es la pretensión exclusiva de Junts, contraria al criterio socialista. Además, tampoco tendría en principio el alcance del concierto vasco, pues este atribuye a Euskadi más competencias que las derivadas de una mera cesión.

Conviene un debate sereno. Cataluña debe seguir siendo territorio contribuyente neto, por ser el cuarto más próspero. Su problema es que obtiene un retorno desequilibrado: los recursos públicos recibidos desde el sistema de financiación autonómica la relegan de esa cuarta posición a la décima. Y en 2021 la inversión pública regionalizada prevista por la Administración General del Estado se ejecutó en el Principado solo en un 35,7%; contra un 187,3% en Madrid.

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