El foco mediático y político de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez ha estado en la posibilidad de amnistiar a líderes y ciudadanos encausados por el procés. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en las negociaciones separadas entre PSOE, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana van mucho más allá que el contenido de esa proposición de ley que ambos partidos independentistas pedían como condición indispensable para el acuerdo. Las contrapartidas obtenidas, con importantes y también polémicos avances en temas como el traspaso del servicio de Cercanías, no solo incluso agitan el tablero de juego en temas clave como la deuda de las Comunidades Autónomas, sino que también hacen evidente la diferencia de estrategias de negociación en el seno del secesionismo.

Por un lado, Junts ha querido poner todo el acento durante las negociaciones en mostrarse como un exigente negociador en el campo de la resolución del conflicto político, intentando quitarle importancia a lo conseguido por ERC en la pasada legislatura, como por ejemplo los indultos. Los republicanos, por su parte, sin querer renunciar a que la amnistía lleve su sello, han apostado por que brillen las cesiones en temas sectoriales y mostrar así su perfil de gestión y de preocupación por el día a día de los ciudadanos. Se trata de dos caminos diferentes que se entienden mejor si se tiene en cuenta que las dos formaciones mayoritarias del independentismo ya piensan en la carrera para las elecciones catalanas de 2025 y donde el control del Gobierno de la Generalitat es el premio más buscado.

Estas son las medidas contenidas en los dos acuerdos suscritos, más allá de la amnistía:

Esquerra Republicana

Los republicanos fueron el primer grupo independentista en cerrar y presentar su acuerdo con el PSOE. El presidente de la formación, Oriol Junqueras, y el ministro en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños, firmaron un texto de 14 folios el pasado día 3 en la capital catalana. Así los socialistas se aseguraban los siete votos de ERC en el Cogreso para Sánchez.

Quita de 15.000 millones de la deuda con el Estado. Los republicanos lograron que el Gobierno ponga en marcha un mecanismo de reducción de la deuda con el Gobierno central, con especial énfasis en el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA. Este mecanismo de crédito en condiciones ventajosas fue puesto en marcha por el PP en 2007, ante la crisis de deuda, y a día de hoy la Generalitat acumula un endeudamiento de alrededor de 75.000 millones de euros. El acuerdo de investidura implica que las arcas del Govern queda exenta de devolver 15.000 millones de euros de capital, más unos 1.300 millones de euros en intereses a lo largo de los próximos años. Los gobiernos de varias comunidades del PP y del propio PSOE han puesto el grito en el cielo pero al mismo tiempo no han ocultado su interés en acogerse. Además, el Ejecutivo que preside Pere Aragonès podrá dedicar a gasto corriente los 1.300 millones de euros en intereses a lo largo de los próximos años y que generaba la deuda.

Traspaso de Rodalies. El traspaso de los trenes de Rodalies es un tanto de valor para Esquerra, toda vez que desbloquea un tema que permanecía enquistado en la carpeta de asuntos pendientes de la Generalitat. Los consejeros de Territorio se han ido sucediendo, pero todos han reclamado insistentemente el traspaso completo de la red de Cercanías, foco constante de percances, averías, retrasos e incidencias. El pacto entre ERC y PSOE establece que la transferencia se hará de forma progresiva. Junqueras manifestó que el acuerdo alcanza a “todas las líneas de Rodalies del ámbito de Cataluña”, pero el documento consensuado indica que quedan excluidos del traspaso los tramos ferroviarios considerados de interés general. El Ministerio de Transportes señala que este calificativo rige para los “itinerarios de tráfico internacional”, y para aquellas vías que enlacen “las distintas comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional”. Para operar el servicio de Cercanías, se acuerda constituir la sociedad mercantil Rodalies Catalunya, empresa mixta del Estado y la Generalitat, con participación mayoritaria de la Generalitat.

Financiación de Mossos y servicios penitenciarios. Según el texto firmado por ambas partes, el Gobierno central financiará la incorporación de 3.739 efectivos más de los Mossos d’Esquadra, hasta alcanzar una plantilla final de 22.006 efectivos. Con este acuerdo, se conseguirá una ratio de 2,628 agentes por cada mil habitantes, actualizándose así la actual de 2,365 agentes establecida en 2006. La financiación ordinaria de la transferencia de las prisiones a la Generalitat y temas tan sensibles como su plantilla se actualizará en un 26% el módulo de gastos generales.

Segunda fase de la mesa de diálogo y negociación. Esquerra ha logrado que el PSOE compre la continuidad de la mesa de diálogo entre Gobiernos que en su día pactaron para la pasada investidura y de la que han salido acuerdos como los indultos o la reforma de Código Penal. Inicialmente, los republicanos quitaban esos avances de la negociación pero ahora lo vinculan a ese foro. Ahora, el nuevo acuerdo da un impulso a ese diálogo institucional “sobre el futuro político” pero también crea otro “espacio de negociación” y que sí contará con un mecanismo que tenga las funciones de “acompañar, verificar y realizar un seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos” y que será un organismo de “reconocido prestigio”.

Junts

La rúbrica final del acuerdo de Junts ha tardado más y no ha sido sino hasta la semana pasada que, desde Bruselas, ha llegado la fumata blanca.

Mesa de diálogo con mediador. Las direcciones del PSOE y Junts firmaron el pasado jueves un acuerdo con una mesa entre ambos partidos y que contará con un mecanismo “internacional” de acompañamiento y verificación de los pactos. La figura que haga esa función de seguimiento será “internacional” y su primera reunión ha de ser este mes, en una ciudad europea para que Carles Puigdemont pueda asistir. En ese foro, sin las limitaciones de una negociación institucional, Junts aspira a hablar de “la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”. Los de Puigdemont también quieren negociar allí que LOFCA que establezca una cláusula de excepción para Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional, y permitir la cesión del 100% de los tributos.

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