Los empresarios arremeten contra los pactos de investidura: “Será muy difícil que haya crecimiento económico y de empleo”

Han tardado varios días, pero el resultado ha sido unánime: las cúpulas empresariales de CEOE, Cepyme y ATA, en representación de las grandes empresas, las pymes y los autónomos, se han sumado este lunes a las duras críticas contra los pactos de investidura firmados por el PSOE con los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Tras una reunión extraordinaria y de urgencia de hora y media de su Comité Ejecutivo, las patronales han alertado en un comunicado que dichos pactos, que permitirán la investidura del socialista Pedro Sánchez, “menoscaban la separación de poderes y la seguridad jurídica”; van contra la igualdad de todos los ciudadanos recogida en la Constitución; y, sobre todo, advierten de que “se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo”.

Los máximos representantes empresariales han emitido un texto con seis puntos —del que no se ha desmarcado ninguno de sus representantes, tampoco el líder patronal catalán, Josep Sánchez Llibre, según distintas fuentes empresariales— en los que, no citan siquiera la amnistía, pero sí se quejan de que las medidas incluidas en estos pactos, como la creación de un cupo fiscal para Cataluña que tampoco menciona expresamente el comunicado, pero que, según dicen, plantean políticas económicas “que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas y dejan de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE”.

Asimismo, critican tácitamente medidas laborales acordadas con el PNV, como la prioridad del convenio colectivo autonómico y la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, asegurando que eso supone una “falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social”. Todo esto el día que la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, su interlocutora habitual en el Gobierno, ha calificado el acuerdo de la amnistía como “histórico”.

No obstante, la respuesta del Gobierno a todas estas críticas llegó este lunes por boca de la mano derecha de Díaz, el secretario de Estado de Empleo en funciones, Joaquín Pérez Rey, quien antes incluso de la reunión de las cúpulas patronales, animó a los miembros de CEOE-Cepyme a que “sigan trabajando por el bien de su país, a que se aparten de las proclamas ideológicas y a que se dediquen a lo que saben hacer, que es negociar las mejores medidas para mejorar el mercado de trabajo”.

Quejas extensibles a todos los pactos

Aunque han dejado pasar el fin de semana para arremeter contra estos pactos con los nacionalistas, no es la primera vez que se quejan, ya que los dirigentes empresariales ya expresaron formalmente su frontal rechazo a las medidas que el PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición por considerar que “tendrán un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España”. De hecho, fuentes patronales han indicado que precisamente Sánchez Llibre ha hecho hincapié en que este primer acuerdo entre los socialistas y Sumar es realmente el más dañino para la economía.

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, calentaba motores este lunes antes de la reunión del comité ejecutivo extraordinario y avanzaba por dónde irían las quejas patronales, asegurando que el tejido empresarial español está “enormemente preocupado” por las”consecuencias” de los pactos para investir a Sánchez que, en su opinión, serán “muy negativos”.

En concreto, denunció, en unas declaraciones televisivas, “la pérdida de calidad democrática”y “el mensaje negativo a los inversores”. En concreto, se refirió a la propuesta de Junts, que aboga por sancionar a aquellas empresas con sede diferente a su centro operativo, calificándolo de “un ataque frontal la libertad”. “Si las empresas se fueron de Cataluña lo hicieron por una falta de seguridad, porque había un ambiente de enorme desconfianza”, ha asegurado el presidente de la patronal madrileña.”No se puede penalizar a una empresa por tomar decisiones dentro de su libertad, cumpliendo las leyes, de decidir dónde o cómo quieren llevar a cabo su actividad”, ha añadido Garrido. Asimismo, ha asegurado que”mediante amenazas las empresas no solo no van a volver, sino que probablemente se seguirán yendo”.

En este punto, el comunicado pactado por las patronales defiende “el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad” y reprochan que los pactos distorsionarán previsiblemente la unidad de mercado y deteriorarán la imagen de España en el exterior, lo que redundará en un deterioro de la competitividad de las empresas.

Y, finalmente, los empresarios demandan “una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en la Constitución”; al tiempo que hacen un llamamiento para que “el objetivo de todos sea preservar la paz social y la convivencia entre todos los españoles”, para lo que creen que sería necesario “situar los principios constitucionales por encima de cualquier otro interés político o económico”.

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