Fedea empeora la previsión de déficit de las comunidades hasta el 0,8% del PIB

Las comunidades tendrán más déficit este año y pondrán en riesgo el objetivo presupuestario del Gobierno para el conjunto de Administraciones, según estima el último Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas elaborado por el centro de análisis Fedea. El documento, publicado este lunes, calcula que las cuentas regionales cerrarán el ejercicio con un desfase del 0,8% del PIB, por encima de las previsiones oficiales, que lo sitúan en el 0,6%. El culpable de este desvío es un crecimiento del gasto superior al previsto, impulsado por los mayores desembolsos sobre todo en personal y pago de intereses.

“Si se confirma nuestra previsión de déficit, se pondría en riesgo la senda de reducción de déficit anunciada por el Gobierno para el año 2023, que descansaba a su vez en la reducción de déficit esperada por parte de las comunidades autónomas”, señala el estudio, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz y Carmen Marín. El Ejecutivo ha trasladado a Bruselas un objetivo de déficit del 3,9% del PIB para 2023, casi un punto inferior al del año pasado y a solo nueve décimas del umbral máximo del 3% que permiten las reglas fiscales europeas —objetivo al que España se ha comprometido para 2024—, que están congeladas desde la pandemia pero que con toda probabilidad volverán a estar en vigor a partir de enero.

Solo Navarra, Asturias y Baleares terminarían el año con superávit. Los mayores déficits, por encima del 0,6% que estima el Ejecutivo, los registrarán la Comunidad Valenciana (-2,3%), Murcia (-2,2%), Castilla-La Mancha (-1,2%), Cataluña (-1,2%), Aragón (-0,9%), Extremadura (-0,9%), La Rioja (-0,8%) y Madrid (-0,6%).

Los autores revisan los ingresos y gastos de las comunidades entre enero y julio. Durante estos siete primeros meses del año, el saldo fue negativo en 1.142 millones de euros, una cifra equivalente al 0,1% PIB. El dato es mejor al de 2022, cuando el desfase superó los 4.800 millones de euros (-0,4% PIB), pero no se debe a medidas diseñadas para rebajar el déficit: es más bien el efecto de las entregas a cuenta —el dinero que reparte el sistema de financiación autonómico— y la liquidación del mismo, que suponen cerca de un 80% de los ingresos no financieros de las comunidades de régimen común.

En 2023, los recursos del sistema de financiación han alcanzado un récord por el aumento de las entregas a cuenta, superiores a los 124.000 millones de euros, y por la elevada cifra de las liquidaciones correspondientes al ejercicio de 2021, de unos 11.000 millones. Comparado con 2022, son unos 26.000 millones más.

Un 7,3% más de gasto

El ejercicio llevado a cabo por los investigadores de Fedea pasa por añadir al déficit registrado hasta julio el saldo entre agosto y diciembre de 2022, que fue del -0,7% PIB, y el diferencial esperado entre los ingresos y los gastos del período agosto-diciembre de 2023 con respecto al mismo período de hace un año.

El gasto no financiero hasta julio ha crecido en un 0,9%, pero si eliminan los efectos contables de las liquidaciones del sistema, el incremento alcanza el 7,3%. La remuneración de asalariados (que representa un 45% del total de gastos) avanza en un 6,8%, los consumos intermedios un 7,5%, las transferencias sociales en especie y la formación bruta de capital fijo un 4,4% y un 5,8%, respectivamente. En cuanto al gasto en intereses, se dispara hasta los 2.617 millones de euros en julio, un crecimiento del 42,9% causado por las fuertes subidas de tipos de interés que empezaron el pasado verano para controlar la inflación”.

Las tres comunidades con mayores aumentos del gasto hasta julio han sido Navarra (12,5%), Baleares (11,4%) y La Rioja (10,5%). En el extremo opuesto están Asturias (4,2%), Cantabria (5,3%) y Andalucía (5,9%).

Por el lado de los recursos, el documento destaca las mayores entregas a cuenta, pero señala que el resto de ingresos han disminuido hasta julio en un 3% (1.327 millones) comparado con el año pasado. Un resultado sobre todo causado por la menor recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, reflejo de la ralentización del sector inmobiliario.

“Con el más que probable retorno de las reglas fiscales europeas para el año 2024, creemos que la consolidación fiscal del conjunto de las Administraciones públicas en España no se puede demorar más y debería ser una de las principales tareas que debe afrontar el futuro Gobierno de España”, concluye el informe.

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