Las universidades denuncian que empleadores públicos y privados rechazan la nueva cotización de los becarios

El derecho a cotizar de los becarios no remunerados vuelve a tropezar. Las universidades denuncian que, de forma general, empresas e instituciones públicas están rechazando estudiantes en prácticas si tienen que asumir la ínfima porción de cotización que les corresponde. Lo más común es que los acepten si el coste recae en la universidad. Así, una solución que se contemplaba como excepcional, según los rectores, es la norma. El problema es tangible en estas semanas, dado que este nuevo derecho entrará en vigor el 1 de enero y ya hay prácticas en marcha que van más allá de esa fecha. Es decir, hay prácticas que se planean hoy para las que ya se debe tener en cuenta la cotización.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) protestó el martes en un comunicado. “No estamos encontrando receptividad ni de lo público ni de lo privado. Nos dejan claro que ellos no se van a hacer cargo de la cotización”, denuncia en conversación con EL PAÍS María Antonia Peña, presidenta de Crue para Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva. Y las universidades no pueden, simplemente, asumir que el estudiante no desarrolle las prácticas. Esta nueva cotización aplica a las prácticas no remuneradas que forman parte del plan de estudios, así que sin ellas el alumno no se gradúa. “Nos dejan dos opciones. O quitamos las prácticas del plan o pagamos nosotros la cotización”, añade Peña.

La cotización de los becarios es una compromiso de la reforma de las pensiones. El decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado establecía la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de esas prácticas no laborales —para aquellas con compensación económica está reconocido desde 2011—. “Quedarán comprendidas como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena”, detalla el decreto.

Esta cotización beneficia al estudiante de cara a su futura jubilación, pero no en la protección por desempleo. Además, el texto establece que el poder público bonifica el 95% de la cuota, lo que reduce de forma sustancial la incidencia de este derecho en el empleador. Desde el Ministerio de Seguridad Social reivindican el beneficio de esta nueva política para los alumnos: “Implica un cambio de paradigma, ya que conlleva reconocer el esfuerzo de los estudiantes incluyéndoles en el sistema y otorgándoles la protección que se merecen”.

En principio, este avance para los becarios iba a entrar en aplicación el 1 de octubre. Sin embargo, la Seguridad Social decretó una moratoria en junio para dar más tiempo a los centros educativos para adaptarse a la nueva normativa. Este movimiento del Gobierno llegó justo después de que Crue elevase el tono contra esta política. Una vez conocida la decisión de la Seguridad Social, Crue celebró la moratoria: “El sistema universitario gana tiempo para abordar una situación muy compleja y que pone en riesgo la realización de una completa formación de nuestros estudiantes”.

Entonces los sindicatos fueron muy críticos con la decisión del Gobierno. “Supone una inexplicable cesión a las presiones de autoridades académicas, que se vienen oponiendo sistemáticamente a estos nuevos derechos a las personas más jóvenes”, indicaron UGT y CC OO en un comunicado conjunto. En él catalogaban como “ridículo” el coste de la medida para los empleadores, dada la bonificación del 95%. “Significa cotizaciones inferiores a los 10 euros mensuales en todos los casos”.

Protesta de las universidades

Según se acerca la entrada en vigor de esta medida, vuelve a agitarse la protesta. “El decreto recoge que la asunción de estas cuotas por las universidades debía ser excepcional”, recuerdan los rectores en su comunicado. Lo que dice el decreto es que en las prácticas sin remuneración la cotización debe ser abonada por el empleador, salvo que un convenio pactado entre las partes especifique que la obligación es del centro educativo. Y sin ese segundo escenario, las universidades dicen que apenas están encontrando empleadores dispuestos.

Peña considera “surrealista” que este problema se dé cuando es una institución pública la que acoge al becario. “Nos dicen que no se van a hacer cargo, y pasa con todos los niveles, incluidos ministerios. También con comunidades autónomas, con lo importante que es la colaboración en carreras como Medicina o Magisterio”. “Se ha pedido al resto de ministerios”, continúa la Seguridad Social, “la máxima colaboración en un asunto tan prioritario para los estudiantes, como es tener una cotización por sus prácticas. Hay que tener en cuenta el cambio que supone un sistema así, que arranca ahora y supone un proceso de aprendizaje”. La rectora de la Universidad de Huelva también recuerda que no todas las empresas que emplean becarios son grandes compañías, “también hay ONG o empresas pequeñas y familiares que no pueden asumir más gastos”.

A esto se suma la delicada situación de las cuentas de las universidades. “No vamos sobrados de financiación y esto nos presiona aún más”, añade Peña. Con todo, considera que el coste de las cotizaciones puede ser “asumible” por la bonificación, pero lo que les desbarata son los costes administrativos: “Estamos hablando de 400.000 prácticas al año. Gestionar la cotización de cada una es muchísimo trabajo añadido”. Fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá indican que “normalmente la gestión de altas y bajas la realiza el destino donde realizan las prácticas los estudiantes”.

La rectora indica que las prácticas son “muy positivas” para el alumnado y que por ello se han ido asentando en los planes de estudios, incluso dándoles un carácter obligatorio. Sin embargo, anticipa que una contracción en las prácticas disponibles puede acabar reduciendo el peso de estas en las carreras universitarias.

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