La Autoridad fiscal alerta de que los presupuestos para el año que viene ya no tienen margen para más gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avala que el Gobierno cumplirá el año que viene con el objetivo previsto del 3% del PIB de déficit, una cifra que se encuentra justo en el límite a partir del cual la UE aplica la disciplina presupuestaria. Sin embargo, advierte: sólo se conseguirá reducir el déficit hasta ese punto si se eliminan los cerca de 15.000 millones en ayudas anticrisis —con la excepción de las del transporte urbano, como ya prevé el Gobierno— y a condición de que las comunidades y ayuntamientos contengan sus incrementos del gasto. De hecho, en el caso de las autonomías, los objetivos de déficit que les ha puesto el Gobierno les permitirían incluso elevar sus desembolsos hasta un 9%, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de las metas de austeridad. Todo esto implica además que los Presupuestos Generales del Estado del año que viene no tendrían margen para elevar más el gasto a menos que se tomen medidas compensatorias, subraya la institución encargada de velar por la salud de las cuentas públicas.

En 2024 volverán las reglas fiscales de la Unión Europea, suspendidas en la pandemia y la guerra de Ucrania. Tomando como base el Plan presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas, la Airef calcula que el año que viene se agotaría el margen de incremento del gasto que la UE ha impuesto a España para el año que viene: los desembolsos no pueden crecer más del 2,6% una vez restadas las medidas de ingresos y sin contar con la evolución de los intereses. Con una inflación que rondará el 4% el año que viene y teniendo en cuenta las actualizaciones de pensiones y funcionarios, ese techo al gasto que ha fijado Europa se antoja bastante restrictivo.

No obstante, para el año que viene bastaría con la retirada de las medidas contra la inflación para que el conjunto del sector público pueda contener el gasto en esos incrementos del 2,6%, ha defendido Cristina Herrero, presidenta de la Airef, este jueves durante la presentación de su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos para el año que viene. Ya en 2025, si se eliminaran los impuestos temporales a las grandes fortunas y a los beneficios de banca y energéticas, el déficit saltaría hasta el 3,2% y se estancaría en ese nivel en los próximos años en el supuesto de que no se tomen nuevas medidas, según las previsiones de la Autoridad Fiscal.

Se pasará de un 2023 expansivo un “tono neutral” de la política fiscal en 2024, gracias a que el impulso de los fondos europeos compensará el tono contractivo de las finanzas públicas. Respecto al Plan de Recuperación, Herrero ha criticado la falta de información tanto sobre el estado de su despliegue como sobre su impacto sobre la economía. Para este año, la autoridad que preside prevé un impacto del 1,1% sobre el PIB, que debería aumentar el año que viene hasta el 1,9%, si bien señala que su ejecución sigue sujeta a muchas incertidumbres. La Autoridad Fiscal prevé un crecimiento de la economía del 2,3% para este año y del 1,7% para el que viene, lo que da una idea de lo importante que es que estos recursos comunitarios se desplieguen a buen ritmo.

Deuda

Al igual que el Ejecutivo, la Airef prevé una reducción de la ratio de deuda sobre PIB para el año que viene de 5,3 puntos, hasta el 106,3%, sobre todo apoyado en la evolución del crecimiento nominal del PIB, que tiene en cuenta la inflación. Sin embargo, la Autoridad Fiscal alerta de que este nivel de endeudamiento sigue siendo de los más altos de la UE y explica que en la propuesta de gobernanza de las nuevas reglas fiscales es esencial mantener la deuda pública en una senda descendente.

Según sus cálculos, para lograr esa reducción del endeudamiento “en el escenario más exigente”, se necesitarían adoptar medidas adicionales durante el periodo 2025-2028 por un valor de 0,64 puntos de PIB al año. Esto es, unos 9.500 millones de euros anuales estimado con el PIB actual, lo que arrojaría un total de al menos 38.000 millones en cuatro años. Estos ajustes se aplicarían sobre una senda inercial de aumentos de gasto e ingresos. Es decir, el gasto todavía podría aumentar a pesar de los ajustes. Y de todas formas será el Gobierno el que tenga que decidir cómo hace esos ajustes y si los hace más por la vía del gasto o de los ingresos.

La Airef prevé que el crecimiento para el año que viene sea del 1,7%, tres décimas menos que el Gobierno. Aunque avala el escenario que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, advierte de que presenta riesgos sobre todo por el comportamiento del consumo privado y la inversión en un contexto de elevada incertidumbre y de tipos al alza. “Todos los indicadores apuntan a un debilitamiento de la economía en el tercer trimestre, que está siendo más intenso de lo que pensábamos en primavera”, ha recalcado Esther Gordo, directora de análisis económico de la Autoridad Fiscal. Para lo que queda de año, la Airef prevé tímidos avances del PIB: un 0,1% en el tercer trimestre y un 0,2% en el cuarto.

Herrero ha señalado que la incertidumbre está condicionando el entorno económico y presupuestario: por un lado, en el ámbito económico pesan las subidas de tipos, la pérdida de confianza de empresas y hogares, el grado de ejecución de los fondos europeos, la guerra de Ucrania, la escalada del conflicto en Oriente Próximo y las limitaciones a la producción de los productores de petróleo, empujando así el precio del crudo hacia arriba. Además, ha advertido Gordo, el debilitamiento de los socios europeos afectará al sector exterior español. Y este golpe podría verse agravado por la situación de China, “que se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su historia y es un foco de preocupación”.

Por otro lado, abunda también la incertidumbre en el ámbito institucional: Herrero ha apuntado, entre otros, a la falta de un Gobierno y a la ausencia, por ahora, de unos Presupuestos como factores de incertidumbre que se añaden a una coyuntura económica incierta. La presidenta de la Airef también ha puesto el énfasis en que se desconoce cómo se van a aplicar las normas fiscales europeas, y en que el Ejecutivo no ha informado todavía a las comunidades y ayuntamientos sobre cuántos ingresos van a recibir del Estado, algo necesario para que las administraciones territoriales puedan ir elaborando sus cuentas para 2024.

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