PSOE y Sumar se conjuran para defender la ley de vivienda y prometen más ayudas para pagar la hipoteca

Hasta 14 medidas en materia de vivienda recoge el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, aunque muchas ya se anunciaron en la legislatura anterior o se presentan con escaso detalle. El documento que han firmado este martes el presidente y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, contempla el aumento de parque público de vivienda para alquiler asequible con el objetivo de que alcance el 20% del parque total. Esta es la medida que aparece en primer lugar y una de las que ya se habían avanzado antes de la presentación del documento. Se trata, en realidad, de un compromiso que no es nuevo: Sánchez ya lo expresó en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo. De hecho, el Gobierno anunció entonces planes para aumentar el parque social en cerca de 200.000 viviendas en los próximos años, aunque sin concretar plazos. Esos planes eran una mezcla de casas ya existentes en manos de la Sareb, promociones nuevas en suelos de Defensa y otras promociones en distintos grados de desarrollo (algunas directamente sin plantear o en parcelas no urbanizables), todo ello impulsado por una nueva partida de fondos europeos.

Aquellos planes consistían más bien en aumentar el alquiler social y el asequible. El primero, destinado a situaciones de gran vulnerabilidad; el segundo, para hogares con dificultades a la hora de pagar los precios de la vivienda libre, que se beneficiarían de arrendamientos en torno a un 20% más baratos de lo que marca el mercado. Y no es exactamente vivienda pública porque ahí pueden entrar promociones privadas, aunque con condiciones marcadas desde las Administraciones. Ahora tampoco se añade mucho más detalle. El acuerdo sí especifica que la intención es poner “a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda”. Y señala que el aumento del parque se podrá hacer “mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando vivienda vacía”:

Uno de los instrumentos que están ganando más fuerza en los últimos tiempos son las cesiones de derechos de superficie, una forma de colaboración público-privada en la que una compañía privada, a cambio de construir un piso con características y precios de alquiler tasados por el sector público, obtienen el derecho a explotar esos arrendamientos durante un periodo posterior de hasta 80 años (el máximo legal, aunque eso se fija en el concurso). Se trata de una fórmula que han explorado ya algunas comunidades, como Madrid o Cataluña, y también el Estado o la propia Sareb. Transcurrido el periodo de concesión, y si esta no se renueva, esas casas sí pasarían a ser de gestión pública puesto que lo que se cede es solo el derecho de superficie, pero no la propiedad del suelo. Se trataría, salvando las distancias, de una concesión similar a la de las autopistas.

La reciente Ley por el derecho a la vivienda ya contempla actualmente la obligación de garantizar un 20% de “parque mínimo de viviendas destinadas en políticas sociales”. Pero lo hace solo como un compromiso a asumir en los municipios donde se declaren zonas de precios tensionados (aquellas donde se considera que los importes de la vivienda exceden lo razonable, conforme a una serie de requisitos acotados por la norma). El razonamiento se basa en la convicción de que España es uno de los países europeos con menos vivienda social y eso supone un problema a la hora de gestionar una situación actual, con precios de alquiler que han subido mucho más que los ingresos de los hogares y máximos históricos en muchas ciudades. De hecho, se estima que España no llega ni a dos pisos sociales por cada 100 viviendas, frente a una media continental que supera el 9%.

Otras medidas que contempla el acuerdo tiene que ver también con la norma que entró en vigor en mayo. El texto habla de desarrollar y monitorizar los efectos de la ley. Por ejemplo, “se definirá con carácter inmediato” el índice oficial de precios que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene que aprobar para que puedan ponerse en marcha los controles de precios de áreas tensionadas. Cataluña ha acusado al Gobierno de retrasar sus planes para poner topes de alquiler por no tener listo este índice ni aceptar el que la comunidad ya tiene. Transportes siempre ha sostenido que la definición del indicador está avanzando, con trabajo entre los técnicos estatales y los de Cataluña (la única comunidad que ha manifestado interés en aplicar ese apartado de la ley) y que probablemente estaría listo a finales de 2023. El acuerdo habla de ese “carácter inmediato” pero no fija un plazo.

Alquiler turístico

La vicepresidenta en funciones ha defendido las medidas en materia de vivienda recordando que “un 50% de las personas que viven de alquiler tienen riesgo de pobreza”. El objetivo de un Gobierno progresista, ha añadido, es “dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión”. También ha expresado el objetivo de hacer “que las ciudades sean sitios donde vivir”, por lo que el Gobierno se compromete a la regulación de la vivienda turística. Se trata de un objetivo que en el ámbito de Podemos y Sumar ya se mencionó en la pasada legislatura durante la negociación de la ley de vivienda, pero el ala socialista del Ejecutivo siempre alegó que por el reparto competencial se podía hacer poco desde el ámbito estatal. Ahora se recoge con una formulación sucinta: “Revisaremos la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas”. Así que, como los controles de precios, podría acabar tratándose de alguna medida con una aplicación posterior limitada.

La coalición PSOE-Sumar, de lograr la investidura de Sánchez, también busca ahondar en otras medidas que se han aprobado en los últimos tiempos, como el impulso del Bono Joven de Alquiler (coyuntural en principio, se habla de convertirlo “en una medida a largo plazo”) o las ayudas para rehabilitación, para la que hay ingentes fondos de recuperación europeos, pero no está avanzando al ritmo que debería para gastar esas ayudas comunitarias. El pacto incluye el aval que ya se anunció en su día para cubrir un 20% de las hipotecas de los menores de 35 años (la parte que normalmente no pueden obtener con financiación bancaria) y, para aliviar los estragos del encarecimiento de las letras, prevé ampliar hasta los 37.800 euros (actualmente está en 25.200 euros) el umbral de ingresos necesarios para poder acogerse a las ayudas especiales para prestatarios en apuros. Estas incluyen la posibilidad de congelar la cuota un año y ampliar el periodo de devolución de crédito hasta siete años (ahora son cinco).

El texto presentado este martes también llama a la erradicación del sinhogarismo, la garantía de que no se produce un desahucio de una familia vulnerable sin ofrecer una alternativa real donde vivir (algo que ya recoge la ley, pero tiene problemas de aplicación por la escasez de parque público) o la ampliación de recursos para políticas de Vivienda (sin fijar una cantidad) y el impulso de un registro de viviendas vacías.

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