El fiscal reprocha a Carlos Torres que “nadie” del BBVA asuma “responsabilidades”

La primera declaración en el caso Villarejo del actual presidente del BBVA, Carlos Torres, ha servido para que la Fiscalía lanzara otro dardo contra los altos cargos de la entidad financiera. Según detallan varias fuentes jurídicas, el ministerio público aprovechó el interrogatorio como testigo del directivo para reprocharle que “nadie” del banco asuma ahora la “responsabilidad” sobre los supuestos mecanismos de control interno de la compañía para evitar irregularidades. Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, investiga los contratos que el BBVA selló con el comisario José Manuel Villarejo durante más de una década —desde 2004 a 2017— para ejecutar presuntos proyectos de espionaje, así como la posible “responsabilidad penal” como persona jurídica de la empresa, que se encuentra imputada.

La Fiscalía Anticorrupción impulsó la declaración de Torres por el “alto grado de conocimiento” que podía tener sobre lo ocurrido en el seno del banco. Él aterrizó en 2008 en la entidad como directivo; en 2015, asumió el cargo de consejero delegado; y, en 2019, accedió a la presidencia en sustitución de Francisco González, imputado en esta causa. Además, durante un buen periodo (al menos desde 2015, según ha admitido), Torres presidió un comité dedicado a supervisar el “cumplimiento normativo”, en palabras del ministerio público. Aunque al respecto de este último órgano, el máximo responsable de la entidad ha limitado el alcance de sus funciones de entonces.

Según dijo el presidente del BBVA durante su declaración de este lunes, él encabezaba ese órgano, bautizado como Comité Global de Aseguramiento Corporativo durante unos años, pero matizó que este se encargaba exclusivamente de “supervisar la eficacia y el complimiento del modelo de control”. “Pero yo no dirigía ninguna de las áreas de la segunda línea de defensa, que llevaban a cabo esos controles. Presidía el órgano que supervisaba la eficacia del modelo, pero yo no dirigía las áreas”, precisó ante el juez instructor Manuel García-Castellón.

Fue entonces cuando el fiscal puso su reproche sobre la mesa y preguntó directamente a Torres quién era el responsable del “sistema” cuando él “entró en contacto” con esa estructura de control, según describen varias fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. “Porque por aquí ha pasado mucha gente y nadie es responsable de ese área, según se nos ha dicho”, comentó irónico el representante del ministerio público: “Antonio del Campo, de cumplimiento normativo, [dice que] no era responsable de la parte de responsabilidad penal de la persona jurídica. Eduardo Urbizu —de servicios jurídicos, auditoría interna y cumplimiento— tampoco era responsable... Todos se van escudando en que existe, a partir supongo de octubre de 2012, el comité de Asunto Corporativo y después el Comité Global Corporativo. Con lo cual, desde su punto de vista, a ¿quién se puede identificar como el responsable de este sistema?”.

“Es que es un sistema donde hay múltiples partes”, se escudó Torres, que describió entonces un mecanismo divido en “tres líneas de defensa”. “La primera responsabilidad de que no se incumplan normas, penales o de otro tipo, recae en los negocios. La tiene los directores de las filiales de cada uno de los negocios”, puntualizó el alto cargo del banco, que prosiguió: “Luego hay unas segundas líneas especializadas en riesgo, que ha ido evolucionando en la organización. En aquel momento estaban divididas entre distintas áreas. En Finanzas, por ejemplo, tenía que ver con el control financiero; en Legal, con los riesgos de conducta o prevención de capitales. Y luego hay una tercera línea, que es la de auditoría interna”.

—¿Y quien es responsable? —se preguntó Torres a sí mismo— Pues todo el entramado organizativo que he descrito. Y las tres líneas confluyen en el comité de Corporative Assurance, a efectos de supervisión de la eficacia del modelo.

El testigo, que afirmó que nunca supo de la contratación de Villarejo hasta que estalló el escándalo a mediados de 2018, también aseguró ante el magistrado que no recordaba si en algún momento tuvo conocimiento de algún plan de auditoría interna dirigido a revisar la actuación del presidente de la entidad (entonces Francisco González) o del consejero delegado (el propio Torres). Añadió que sí supo de la existencia de planes de auditorías para revisar decisiones de otros altos directivos de la entidad: “Se realizan en áreas concretas, hasta la máxima jerarquía que hayan tomado decisiones”, aseveró.

La Audiencia Nacional mantiene bajo sospecha toda una batería de contratos del BBVA con Villarejo, sellados entre 2004 y 2017, por los que el policía percibió más de 10 millones de euros. La Fiscalía ya atribuyó al banco retrasos en la investigación judicial por haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado correos electrónicos “incompletos” y dificultado “cada intento de recabar las pruebas”.

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