Portugal aprueba otra vez la ley que prohíbe nuevos pisos turísticos y desafía el veto del presidente de la República

Las medidas del Gobierno socialista portugués para combatir la crisis de la vivienda chocaron este verano contra el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que pertenece a la familia del centroderecha. La ley que incluía la prohibición de abrir nuevos pisos turísticos en las principales ciudades del país, un impuesto extraordinario a los propietarios de estos alojamientos y el fin de la concesión de los visados de oro por inversiones inmobiliarias fue aprobada a finales de julio en el Parlamento, pero no llegó a ser publicada en el Diario de la República por el veto de Rebelo de Sousa. El jueves fue de nuevo al pleno para ser debatida sin cambiar una coma para forzar su promulgación y su entrada en vigor en octubre. El debate se realizó sin la presencia de miembros del Gobierno y ni siquiera la ministra de la Vivienda, Marina Gonçalves, acudió a escuchar a los portavoces parlamentarios. La aprobación, prevista en la sesión de este viernes, está garantizada por la mayoría absoluta de los socialistas en la Asamblea.

El bloqueo presidencial al paquete de medidas conocido como Más Vivienda se justificó por su falta de credibilidad a la hora de aplicarse. “No se vislumbran nuevas medidas, de efecto inmediato, que den respuesta al ahogo de muchas familias frente al peso de los aumentos de tipos de interés y de alquileres”, sostuvo Rebelo de Sousa. Su decisión no fue bien vista entre quienes batallan contra la crisis de la vivienda en Portugal. “El presidente no está exento de un abordaje ideológico sobre el paquete”, declaró la investigadora y activista del movimiento Vida Justa, Rita Silva, al diario Público.

La ley aprobada recurre a varias medidas fiscales para estimular el mercado inmobiliario y favorecer el retorno de pisos turísticos (hay 108.523 en todo el país) al alquiler tradicional, además de establecer algunos límites en las subidas de las rentas. La iniciativa más criticada cuando se presentó la propuesta del Gobierno fue la del alquiler forzoso de pisos vacíos. El texto final lo considera una medida excepcional sobre casas vacías durante más de dos años, a la que podrán recurrir los ayuntamientos “siempre que se considere necesario para garantizar la función social de la vivienda”.

En paralelo al debate sobre la ley en la Asamblea, se celebró un Consejo de Ministros donde se dio luz verde a nuevas medidas para aliviar la presión que sufren familias con hipotecas variables por la rápida e intensa subida de tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo en los últimos 14 meses. Los hipotecados podrán reducir la cuota que abonan actualmente, gracias a una moratoria en el pago del 30% en la tasa del euribor decidida este jueves por el Gobierno. La medida estará en vigor durante los próximos dos años, el tiempo que se prevé necesario para que la inflación vuelva al 2% y el BCE desande en parte el camino del ascenso de tipos.

El ministro de Finanzas, Fernando Medina, calculó que entre 900.000 y un millón de familias podrían beneficiarse de esta disminución. Es una medida que los hipotecados podrán solicitar hasta el fin de marzo de 2024, siempre que tengan cinco o más años pendientes para amortizar el crédito. Los bancos estarán obligados a ofrecerles un plan con la reducción del 30% del euribor y el pago diferido de las cantidades de intereses pendientes, que se realizará después de cuatro años.

La congelación de la cuota y el alargamiento hasta siete años del plazo de amortización del crédito es posible en España desde hace un año, tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Asuntos Económicos y la banca, aunque se limita a las familias más vulnerables. En Portugal podrán solicitarlo todas las familias hipotecadas. En una reciente entrevista con EL PAÍS, el gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, recomendaba realizar un “apoyo selectivo sobre los más vulnerables” con medidas presupuestarias para mitigar en esos hogares el impacto de la subida de hipotecas. Para este grupo de familias, el Gobierno luso aprobó este jueves extender una bonificación de los intereses que ya estaba en vigor y que va dirigida a hogares con menos de 38.623 euros de ingresos anuales y una hipoteca menor de 250.000 euros, cuya tasa de esfuerzo para pagar el crédito supere el 35%.

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