Los pisos turísticos pagarán un impuesto extraordinario en Portugal
Las medidas para favorecer el acceso a la vivienda incluyen el fin de los visados de oro para extranjeros que compren casas
El crecimiento constante de los pisos turísticos en Portugal tiene los días contados. A finales de 2022 había 108.523 viviendas turísticas, que representaban el 1,8% de los alojamientos del país. Es una ratio superior a la española, donde los apartamentos turísticos son el 1,2% del total. En cuanto el Diario de la Republica publique la ley con medidas sobre vivienda aprobada la semana pasada en la Asamblea, entrará en vigor la prohibición de abrir nuevos apartamentos turísticos en Lisboa, Oporto y buena parte del litoral del país. El veto solo excluye las zonas de interior donde existe un fuerte despoblamiento. En cualquier caso, para abrir un piso turístico en estas localidades será necesario contar con el visto bueno de la comunidad de propietarios del edificio.
Cambia también su fiscalidad. Los dueños de viviendas turísticas tendrán que pagar una “contribución extraordinaria” del 15%, y se suman así a otros sectores que ya realizan aportaciones tributarias especiales como el energético o el de la gran distribución alimentaria. Una medida que ha disgustado a los empresarios, a pesar de que han logrado rebajar la tasa respecto a la prevista inicialmente (35%). Tampoco agrada al sector la posibilidad de suspender licencias ya concedidas, que podrá ocurrir cuando dos tercios de la comunidad de propietarios así lo decida. Portugal cuenta con unos 70.000 pisos turísticos en condominios.
En algunos habían surgido conflictos que llegaron al Tribunal Supremo, que en marzo de 2022 dictó una sentencia que vetaba los negocios turísticos en aquellos edificios con título de propiedad horizontal destinado a vivienda. “El alojamiento turístico no es compatible con la vivienda por varias razones: inseguridad y malestar de las familias residentes en los edificios”, señalaba Romão Lavadinho, presidente de la Asociación de Inquilinos de Lisboa, en un artículo publicado en el semanario Expresso. “La solución no está en lanzar debates polarizados que enfrentan a turistas y residentes y crean prejuicios, como culpar a los pisos turísticos de los problemas estructurales históricos de la vivienda”, rebatía en el mismo medio Eduardo Miranda, presidente de la Asociación de Alojamiento Turístico de Portugal.
La nueva regulación sobre pisos turísticos forma parte del programa Más Vivienda del Gobierno portugués, que pretende atajar uno de los mayores problemas del país, donde los bajos salarios dificultan el alquiler y la compra de casas. El programa se presentó en febrero como una revolución por su intervención sobre el mercado, aunque ha ido perdiendo fuelle por el camino de la consulta pública y la tramitación parlamentaria. En esta autocorrección de los socialistas, que disponen de mayoría absoluta en el Parlamento, se ha descafeinado la iniciativa más novedosa y controvertida de las defendidas por la ministra de Vivienda, Marina Gonçalves, que era el alquiler forzoso de pisos vacíos.
La ley lo contempla ahora como una medida excepcional a la que podrán recurrir los ayuntamientos “siempre que se considere necesario para garantizar la función social de la vivienda”. Además solo podrá aplicarse sobre aquellos pisos vacíos desde hace más de dos años y que estén ubicados en poblaciones costeras. Portugal cuenta con 723.215 pisos vacíos, según el Instituto Nacional de Estadística. En su versión inicial, el Estado pretendía forzar su alquiler para subarrendarlos durante cinco años. La polémica llevó incluso al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dudar de su constitucionalidad.
La ley también entierra la concesión de visados de oro a los extranjeros por realizar inversiones inmobiliarias en Portugal. Entre octubre de 2012 y febrero de 2023 se concedieron 11.758 vistos gold. El 89% se entregaron por la compra de casas, lo que ha hecho que se apunte hacia ellos como uno de los factores que influyen en la subida de precios.
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