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La justicia europea declara ilegales las ayudas fiscales de Bélgica a 55 multinacionales

La petrolera BP y la cervecera AB Inbev, entre las compañías beneficiadas por exenciones por 700 millones

La comisaria Margrethe Vestager en una conferencia de prensa en febrero.
La comisaria Margrethe Vestager en una conferencia de prensa en febrero.Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images)

Los litigios a cuenta del régimen fiscal belga para los beneficios extraordinarios de las multinacionales ha vivido un nuevo capítulo en los tribunales europeos de Luxemburgo. El Tribunal General de la UE ha fallado que la exención de determinadas ganancias constituyen ayudas de estado ilegales por una cantidad de 700 millones. En total, se acogieron al régimen 55 empresas, entre ellas el gigante petrolero británico BP y la primera compañía cervecera del mundo, la belga AB Inbev. La sentencia, que confirma una decisión de la Comisión Europea de 2016, constituye una importante victoria para la ofensiva de la jefa antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, contra los acuerdos fiscales favorables.

Con este fallo, el Tribunal General (TGUE) se corrige a sí mismo después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el órgano jurídico superior, tumbara su primera decisión. En febrero de 2019, el Tribunal General había anulado la decisión de la Comisión de considerar ese régimen fiscal una ayuda de Estado ilegal. El fallo fue recurrido y en septiembre 2021 el órgano superior le rectificó, devolviéndole el caso.

Ahora el TGUE apunta que “la Comisión consideró acertadamente, en 2016, que el régimen fiscal belga relativo a los beneficios extraordinarios infringe las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado”. Los jueces desestiman todas las alegaciones presentadas por Bélgica, que todavía puede recurrir de nuevo a la instancia superior.

“Las exenciones fiscales concedidas por Bélgica a las empresas que forman parte de grupos multinacionales constituyen un régimen de ayuda ilegal”, según la sentencia publicada este miércoles. Bélgica aplica desde 2005 un régimen fiscal que exonera determinados beneficios “extraordinarios” de las entidades belgas que forman parte de grupos multinacionales si cumplen determinados requisitos, como centralizar sus actividades, crear puestos de trabajo o realizar inversiones en Bélgica. Además de BP y AB Inbev, la lista de beneficiarias incluye al grupo industrial estadounidense Magnetrol, la química alemana BASF, Wabco, Cellio, Atlas Copco y Belgacom (ahora Proximus).

“El régimen en cuestión era selectivo porque no estaba abierto a las empresas que habían decidido no realizar inversiones, centralizar actividades o crear empleo en Bélgica. Además, no estaba abierto a empresas que formaran parte de grupo empresarial pequeño”, argumenta el Tribunal General. El Ministerio de Finanzas belga está estudiando el veredicto, según la agencia Reuters. Bélgica todavía puede apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Algunas multinacionales llevan años beneficiándose del tratamiento fiscal que obtienen en algunos países de la UE. Los Estados que defienden estos incentivos, en contraposición a la posición más dura de las autoridades antimonopolio, lograron el año pasado un balón de oxígeno tras la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de avalar las ayudas fiscales concedidas por Luxemburgo a Fiat a partir de 2012. La sentencia anulaba la orden dada por la Comisión en 2012 para que la empresa automovilística devolviera el dinero de las exenciones, estimado en 30 millones, porque consideraba que vulneraba la libre competencia.

La sentencia de Fiat supuso otro varapalo a la Comisión, que en los últimos años ha visto cómo los jueces tumbar decisiones suyas sobre ayudas que considera ilegales de Estados miembros a grandes empresas a través de mecanismos y acuerdos fiscales. El caso más sonado es el de Apple, que entre 2003 y 2014 recibió ayudas que, según Bruselas, distorsionaban la competencia, por lo que en 2016 dictó que el gigante tecnológico estadounidense devolviera 13.000 millones más intereses por los retrasos al Tesoro irlandés. Tanto Dublín como la empresa recurrieron a los tribunales, que en primera instancia —el Tribunal General de la UE (TGUE)— les dieron la razón. Algo similar ha sucedido con Starbucks y Países Bajos, que lograron que el TGUE les diera la razón.

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