El próximo Gobierno deberá decidir si sube los impuestos energéticos en más de 10.000 millones

El próximo Gobierno tendrá que decidir la suerte de distintas medidas fiscales ya en su primer año de legislatura. Las cantidades no son pequeñas: superan los 10.000 millones de euros. No solo hay impuestos y recargos pendientes de implementarse, como los polémicos peajes en las autovías que en los últimos días han acaparado los titulares de los medios. El Ejecutivo que se conforme tras las elecciones de este domingo también deberá decidir si prorroga o elimina, total o parcialmente, la rebaja a los impuestos energéticos adoptada para frenar la inflación. Por último, tendrá que determinar el futuro de los nuevos tributos extraordinarios a banca, energéticas y grandes fortunas. La norma que los regula establece que se evalúen antes de que finalice su vigencia, de dos años. Es decir, antes de que termine 2024.

En la decisión influirán las presiones externas y la evolución de las variables macroeconómicas. Las previsiones apuntan a una ralentización de la economía internacional y europea, mientras que la inflación, sobre todo la subyacente, seguirá por encima del objetivo del 2%. El año que viene también volverán a aplicarse las reglas fiscales europeas —suspendidas desde el inicio de la pandemia y en fase de reforma—, sin que las cuentas públicas españolas estén ajustadas a los máximos permitidos, del 3% del PIB para el déficit y del 60% para la deuda. La estimación para el cierre de año ronda el 4% y el 110%, respectivamente.

Con estos mimbres, Bruselas ha empezado a enseñar las garras. En sus recomendaciones de primavera avisó a España de que es una de las candidatas a entrar en 2024 en el procedimiento de déficit excesivo, reservado a los socios del club con un agujero presupuestario disparado. En el mismo documento, le instó a retirar las ayudas generalizadas aprobadas para mitigar el impacto de la inflación. El mensaje hacía referencia, en particular, a la rebaja de la fiscalidad de los suministros de gas y electricidad, que se mantendrá hasta diciembre, y cuyo coste anual para la hacienda pública rondará este año los 9.000 millones de euros —según los cálculos de la Autoridad Fiscal (Airef) e incluida la suspensión del impuesto de generación—.

En los últimos días, el Ejecutivo comunitario también ha recordado a Madrid que se ha comprometido a introducir peajes en las autovías hasta ahora gratuitas a partir del próximo año. El Gobierno, que en un principio lo negó, matizó después que la iniciativa sí está incluida en el Plan de Recuperación —que no menciona los peajes, sino un “un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad” de cara a 2024—, pero que está negociando con Bruselas para eliminarla. “Han pasado cosas desde 2021 [año en el que el plan se envió la UE] a 2023″, ha argumentado el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en TVE el pasado viernes, en referencia al estallido de la guerra en Ucrania y su impacto en los precios. Varios ministros salieron en tromba a apoyar esta versión, pero nada asegura, de momento, que Bruselas acepte renunciar a la medida para desembolsar los fondos. Aunque el Plan de Recuperación no detalla ni la fórmula concreta ni los ingresos que brindaría el pago por uso en las carreteras, cuando se publicó el documento trascendió que se estudiaba un sistema de peajes que brindaría unos 1.500 millones de euros al año.

Hay, además, medidas de fiscalidad medioambiental que Europa venía exigiendo antes del estallido de la pandemia, como la equiparación de la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. El Gobierno la incluyó en el proyecto de Presupuestos de 2021, con una previsión de recaudación de unos 500 millones, pero decayó por el veto del PNV. Ahora, la adenda al Plan de Recuperación enviada a Brusela menciona que se “revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante”.

El Gobierno también se había comprometido a implementar en la primera mitad de 2023 una reforma fiscal integral que al final aparcó por el deterioro de la coyuntura y la subida de los precios energéticos. Esta incluía una “una reforma fiscal verde” y, con esta finalidad, la puesta en marcha “de un Grupo de Expertos para la Reforma Fiscal, que proporcione propuestas al Gobierno para su despliegue a lo largo de los próximos años, en paralelo con la recuperación económica”, según recoge el Plan de Recuperación. A día de hoy, la economía ha recuperado los niveles precovid y también están listas las propuestas del grupo de expertos, plasmadas en el Libro Blanco para la Reforma Fiscal que se presentó en marzo del año pasado. Este plantea una profunda revisión de la fiscalidad verde. Tan amplia que estima unos ingresos de hasta 15.000 millones de euros.

Las recomendaciones incluyen iniciativas pendientes de aprobar, como la equiparación de la fiscalidad de diésel y gasolina y los peajes; algunas que ya están vigentes, como el impuesto al plástico y la subida del impuesto de matriculación. Otras que convertirían en permanentes algunas de las rebajas fiscales temporales ahora en vigor —la reducción del impuesto especial sobre la electricidad— y otras más que aún no se han planteado. Por ejemplo, impuestos a los combustibles de aviación, marítimos y agrarios y a los billetes de avión.

Gravámenes extraordinarios

El futuro de los gravámenes extraordinarios a banca, energéticas y grandes fortunas también deberá decidirla el próximo Gobierno. En este caso, la intención de los partidos es más clara. En cuanto a la imposición a los más ricos, Sumar propone un gravamen permanente; el PSOE afirma que evaluará el tributo extraordinario y analizará la tributación de la riqueza en el marco del sistema de financiación autonómica. En cambio, tanto el PP como Vox pretenden eliminar el impuesto de solidaridad si llegan a La Moncloa. Es más: varias autonomías gobernadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo lo tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Sánchez creó este tributo a finales de 2022 para gravar las riquezas superiores a los tres millones de euros. Su vigencia es temporal, de dos años, y la norma que lo regula prevé que se evalúen sus resultados a finales de 2024 para decidir si mantenerlo o suprimirlo. Su propósito no es solo recaudatorio. También tiene una finalidad “armonizadora” para que también se recaude en aquellas comunidades que bonifican el impuesto sobre el patrimonio —Madrid, Andalucía y Galicia, todas del PP—. Su estimación de recaudación inicial era de unos 1.500 millones al año, cifra que se ha visto rebajada a unos 600 millones por unos resquicios que ha dejado la redacción de la ley.

Más dudas —y más dinero— rodean los gravámenes temporales —también por dos años— a las grandes energéticas y entidades financieras. El PP, en un principio muy crítico con estas figuras, ahora se inclina por no derogarlos. El vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, subrayó que dependerá de la situación económica y hasta se inclinó por ampliar el recargo a la banca después de 2024. También en este caso, la ley que los crea señala que, “en el último trimestre de 2024, el Gobierno realizará un estudio” de sus resultados “y evaluará su mantenimiento con carácter permanente”. Las compañías afectadas ya han pagado la mitad del impuesto, más de 1.400 millones. Para cuando se haga el segundo pago, previsto para septiembre, Hacienda confía en que la cifra supere los 3.000 millones, equivalente a más de la mitad del presupuesto de educación.

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