Hacienda no prevé aprobar las mejoras a la Inspección antes del 23-J

El Ministerio de Hacienda y Función Pública no prevé tratar en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interterritorial de Retribuciones (CECIR) las mejoras para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya plantilla inició este lunes una huelga que se anuncia como indefinida pero que seguramente se resuelva en los próximas días u horas. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero explican que en la próxima reunión de la CECIR, el órgano en el que se daría luz verde a estas mejoras, “no se prevé ninguna decisión en lo relacionado con la Inspección”.

Esto es importante para los trabajadores de Inspección porque condicionan la huelga al resultado de esta reunión. Los sindicatos convocantes coinciden al señalar que no tiene sentido alargar el paro si en el próximo encuentro de la CECIR no se cumplen sus objetivos, ya que después llega un periodo electoral sin certezas de que los interlocutores sean los mismos tras el 23-J. Miguel Ángel Montero, responsable de CSIF en la Inspección de Trabajo, cree que si la CECIR “no nos hace caso” los trabajadores “tendremos que reflexionar sobre la conveniencia de seguir adelante con la huelga; no vamos a llevar a los trabajadores a una pérdida de salarios si no va a servir para nada”. Su homólogo de UGT, Juan Antonio Rodríguez, coincide: “No tiene sentido hacer huelga a un Gobierno en funciones que puede no salir elegido”.

Estos sindicalistas pensaban que la próxima reunión de la CECIR sería este miércoles, lo que les fijaba una meta en el camino a partir de la cual repensar la huelga. Indican que esa información se la dio el Ministerio de Trabajo, pero la CECIR depende de Hacienda. Fuentes de este departamento aclaran que la reunión, que se celebra una vez al mes, no será este miércoles. ”Está por ver cuándo”, añaden. Por el carácter mensual de estas reuniones, lo normal es que solo haya una más antes del 23 de julio.

Dado este escenario, los sindicatos convocantes discutían este lunes por la tarde sobre la posibilidad de desconvocar el paro. “Estamos decidiendo si pararlo todo. Lo más seguro es que lo hagamos porque no tiene sentido seguir ante el convencimiento de que no vamos a conseguir absolutamente nada”, indica María José Díaz, del sindicato UPIT. Montero, de CSIF, indica que tomarán la decisión definitiva tras la protesta que celebrarán este martes frente a la sede de Función Pública en Madrid. Rodríguez, de UGT, señala que la decisión dependerá de cuándo se reúna la CECIR. Los sindicatos convocantes de la huelga, entre los que no está CC OO, afirman que la dirección general de Inspección no les ha facilitado datos sobre el seguimiento de la huelga, pero que ha sido “muy alto”.

Disenso entre ministerios

Más allá de otras consideraciones, el primer motivo por el que la CECIR no aprobará esas mejoras es porque no hay consenso entre Trabajo y Hacienda. Los primeros piden que se cumpla el acuerdo al que llegaron con la plantilla en 2021, que reorganiza la estructura de Inspección, mejora las condiciones laborales y refuerza el número de efectivos. Los segundos defienden que la oferta que pusieron sobre la mesa la semana pasada mejora sustancialmente el escenario del organismo. La plantilla y el departamento de Yolanda Díaz también rechazaron esta propuesta, que catalogaron como “claramente insuficiente”.

Además, Hacienda recuerdan las mejoras ya aprobadas o comprometidas para Inspección: “En mayo de este año se autorizó la inclusión en las ofertas de empleo público de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo, además de un nuevo crédito de 6,15 millones de euros de productividad extraordinaria para toda la plantilla. A esto se suma que todo el personal de la Inspección se beneficia de las subidas salariales contenidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado con CC OO y UGT en octubre de 2022. Un alza salarial que contempla una subida del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, junto a un 1,5 adicional variable. Subidas que, en acumulado, pueden alcanzar el 9,8%”.

Todo este conflicto está condicionado por la pelea entre partidos. Trabajo (liderado por la candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno) acusa a Hacienda y Función Pública (PSOE) de no aprobar las mejoras para los trabajadores por motivos políticos. En el ministerio de Díaz creen que por esas mismas motivaciones sí aprobó mejoras para los trabajadores de la Seguridad Social o de Justicia, departamentos que gestionan los socialistas. El ministerio de Montero se defiende destacando la suficiencia de sus últimas propuestas.

Inspección cuenta actualmente con unos 3.100 trabajadores y necesitaría, según los sindicatos, al menos 4.500 para operar correctamente. Para sostener esta postura resaltan que en España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000.

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