Hacienda lanza una propuesta a los inspectores para anular su huelga, pero Trabajo y la plantilla la ven insuficiente

Nuevo capítulo en el conflicto de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a solo cinco días del comienzo de la huelga indefinida. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha hecho una nueva oferta al Ministerio de Trabajo, pero no convence ni a la plantilla ni al departamento de Yolanda Díaz. Fuentes del ministerio indican que el documento planteado “está lejos de dar satisfacción al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo”. Explican que no incluye “ninguna mejora concreta para los inspectores y subinspectores que cada día velan por que se cumplan las condiciones laborales” y que “concentra sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos”. Los trabajadores coinciden en este análisis.

Fuentes de Función Pública recuerdan que “en mayo de este año se autorizó la inclusión en las ofertas de empleo público de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo, además de un nuevo crédito de 6,15 millones de euros de productividad extraordinaria para toda la plantilla”. “A esto se suma”, continúan las mismas fuentes, “que todo el personal de la Inspección se beneficia de las subidas salariales contenidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado con CCOO y UGT en octubre de 2022. Un alza salarial que contempla una subida del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, junto a un 1,5 adicional variable. Subidas que, en acumulado, pueden alcanzar el 9,8%”.

Esta tarde el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado la nueva propuesta a los representantes sindicales de los inspectores. “A pesar de que tiene avances en la estructura central del organismo”, explican en Trabajo, “es claramente insuficiente y no cumple con los compromisos que el Gobierno adquirió, que pasaban sobre todo por reforzar la estructura territorial y que inspectores y subinspectores tuvieran una mejora de sus condiciones para mejorar el cumplimiento de la vigilancia de la legislación laboral”.

Esta pelea laboral está enconada desde hace meses. Empezó por el incumplimiento de un acuerdo al que llegaron los sindicatos y Trabajo en julio de 2021, que establece tres objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. Sin embargo, apenas ha habido avances desde entonces, dicen los sindicatos, porque Hacienda y Función Pública no da luz verde. Es decir, el Ministerio de Trabajo (con el que los sindicatos firmaron el acuerdo) no aplica las mejoras pactadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada Función Pública). Además, tanto los trabajadores como Trabajo creen que hay motivaciones políticas en este desaguisado: creen que los conflictos laborales en Justicia o Seguridad Social sí se han resuelto porque son ministerios socialistas, mientras que Inspección depende de Unidas Podemos. La plantilla pide la dimisión tanto de Díaz como de Montero.

El texto de julio de 2021 implicaría un refuerzo de casi 1.000 plazas más. Inspección cuenta actualmente con unos 3.100 trabajadores y necesitaría, según los sindicatos, al menos 4.500 para operar correctamente. Para sostener esta postura resaltan que en España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000.

En los últimos meses los trabajadores de Inspección han protestado con paros puntuales y concentraciones, sin que hayan surtido efecto. Justo antes de las elecciones del 28-M, fuentes de Trabajo expresaron su malestar con Función Pública por no desbloquear el acuerdo. Entonces, el departamento de Montero trasladó una oferta que no convencía ni al ministerio de Díaz ni a los trabajadores, con mejores por debajo de lo pactado en julio de 2021. La semana pasada subieron los decibelios con la paralización de varias campañas de inspección.

Este lunes, la vicepresidenta segunda volvió a insistir en que la responsabilidad de que no se desbloqueen las mejoras comprometidas es de Función Pública. “Creo que no hay ninguna razón para que no se cumpla por parte del Gobierno de España con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. Saben ustedes que esto está en el negociado de Función Pública y, por tanto, quedo pendiente de que resuelvan este problema”, comentó Díaz, que ha reivindicado el papel de los inspectores: “La Inspección de Trabajo es vital en una democracia, es la garante del empleo de calidad y, por lo tanto, imprescindible. No hay excusa, hay que cumplir”. Si no hay una solución, desde el lunes 26 de junio los trabajadores irán a una huelga indefinida.

Por su parte, Montero dijo el 6 de junio que “nosotros siempre estamos abiertos a que el diálogo sea lo que se abra camino en la relación entre los diferentes colectivos, los empleados públicos, y también, como no, el Gobierno de España a través de sus correspondientes ministerios de tutela”. “Seguiremos trabajando en esa dirección y en esa línea”, concluyó. Tanto UGT como CC OO han pedido por carta a las dos ministras que den soluciones a este conflicto.

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