La última batalla entre telecos y grandes tecnológicas se libra en Bruselas: “¡Que paguen Google y Netflix!”
Los operadores de telecomunicaciones europeos defienden un “trato justo” para que la UE obligue a las plataformas estadounidenses a costear las redes. La mayoría de países se opone a la tasa aunque España la apoya
![Logos 'apps' de Google, Amazon, Facebook, Apple y Netflix](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZXLKTR5USFLMLHZ5ZK5DJOYVBI.jpg?auth=c57f74667f4fa2e0cce31559a6c3432827bb580a03d0872abde704c06f34c4eb&width=414)
![Ramón Muñoz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fce2472ec-0e38-4909-a3c5-b313f445b055.png?auth=d1e5bab5ad6ebf2d7595f6e5b7a2e51d0f84040b7c966b603e3ce842faa5ca24&width=100&height=100&smart=true)
Se necesitan mutuamente porque su negocio depende el uno del otro. Pero al mismo tiempo son enemigos acérrimos como dos viejos vecinos que comparten la linde de sus propiedades. La guerra entre las big telco —las compañías de telecomunicaciones europeas— y las big tech —las plataformas de contenidos estadounidenses— se recrudece y estamos a las puertas de la gran batalla final. Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom contra Google, Netflix, Facebook o Amazon, por citar las más grandes. Las primeras ponen las redes para que las segundas puedan distribuir sus series de televisión, aplicaciones o servicios online. Las telecos se quejan del alto coste de tender esas redes de fibra o de telefonía móvil 5G de las que se benefician las plataformas, porque les permite ofrecer más gigas de contenido y a una velocidad mayor sin coste alguno. “¡Que paguen Google y Netflix!”. Este es el lema que repiten en muchas intervenciones de sus ejecutivos las compañías telefónicas. No es nuevo. Llevan más de una década gritándoselo a los reguladores europeos. Pero esta vez parece que no quedará en un clamor en el desierto.
La Comisión Europea acaba de cerrar la consulta pública que incluye la propuesta de que las grandes empresas tecnológicas contribuyan a los costes de infraestructura en la medida en que generan tráfico en las redes. La iniciativa, denominada oficialmente El futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y de sus infraestructuras, ha pasado a conocerse popularmente como la del “trato justo” (fair share), en alusión a las demandas de las compañías de telecomunicaciones.
El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se ha mostrado receptivo con la propuesta de las telefónicas: “Internet de alta velocidad requiere grandes inversiones. Por eso, además de facilitar el despliegue de la red en el corto plazo, estamos explorando la importante cuestión de quién debe pagar por la próxima generación de infraestructura de conectividad”, ha dicho el comisario, quien estuvo antes al frente de France Telecom (la actual Orange) y conoce bien los problemas de los operadores.
La consulta tiene varias aristas aún por limar, como establecer el umbral para calificar a una empresa de tecnología como un “gran generador de tráfico”, categoría en la que, a priori, estarían Google, Apple y Microsoft y las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Facebook (YouTube). Aproximadamente la mitad del tráfico de datos que circula por las redes proviene de estos gigantes. La otra cuestión de fondo es el método de contribución: mientras que algunos países miembros apuestan por la creación de un fondo digital —ya sea a nivel de la UE o nacional—, otros prefieren un pago directo a los operadores de telecomunicaciones en función del tráfico que consuman. La industria de telecomunicaciones ha puesto el baremo para que paguen aquellas compañías tecnológicas que superen el 5% del tráfico total de internet.
Por el momento, el Parlamento Europeo aprobó este martes por una amplia mayoría el Informe de Política de Competencia, dentro del cual figura la enmienda que incluye la mención a la contribución justa de la financiación de las redes de telecomunicaciones, y urge a la Comisión Europea a “abordar y mitigar las persistentes asimetrías en el poder de negociación entre los grandes generadores de tráfico y los operadores de telecomunicaciones, y adopte medidas que “contribuyan de manera justa a la financiación adecuada de las redes de telecomunicaciones sin perjuicio de la neutralidad de la red”.
Reunión de ministros de Telecomunicaciones
Precisamente, Breton presidió el pasado día 1 de junio, en Luxemburgo, la reunión de ministros de Telecomunicaciones de 18 países de la UE. Del encuentro no salieron buenas noticias para los operadores porque una mayoría de Estados rechazaron imponer la tasa. Los críticos a ese nuevo impuesto a la red son Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Lituania, Malta y los Países Bajos. Pero Francia, Grecia, Hungría, Italia, España y Chipre se encuentran entre los 10 países que respaldaron la idea, mientras que Polonia, Portugal y Rumania han preferido adoptar una postura neutral, según fuentes conocedoras de la negociación citadas por Reuters.
Los ministros de Telecomunicaciones críticos con la propuesta mencionaron la falta de un análisis serio sobre los efectos que causaría ese impuesto a la red, la ausencia de ese déficit de inversión que denuncian las telefónicas y el riesgo de que las grandes tecnológicas transfieran el costo adicional a los consumidores. También advirtieron sobre la posible violación de las reglas de “neutralidad de la red” de la UE, que exigen que todos los usuarios sean tratados por igual, independientemente del origen del tráfico que consumen, así como posibles barreras a la innovación y una menor calidad de los contenidos. Recogen así el análisis que el mes pasado realizó el BEREC, el grupo de reguladores de telecomunicaciones entre los que se encuentra la CNMC española, que también se opone a la tasa.
Se espera que Breton emita un informe a finales de este mes de junio con un resumen de los comentarios proporcionados por las Big Tech, proveedores de telecomunicaciones y otros actores relacionados con el asunto, que ayudarán a decidir sus próximos pasos. Cualquier propuesta legislativa debe negociarse con los países de la UE y los legisladores comunitarios antes de que pueda convertirse en ley.
![Los comisarios Vestager y Breton (centro) con Allison Kirkby (Telia); Ana Figueiredo (Altice Portugal); Christel Heydemann (Orange); Joost Farwerck (KPN); José María Álvarez-Pallete (Telefónica); Margherita Della Valle (Vodafone); Pietro Labriola (TIM); Tim Hoettges (Deutsche Telekom); Lise Fuhr y Steven Tas (ETNO).](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/BV2DSBGRQRCUHONGA4SGYYMQU4.png?auth=ded545cef146af349d593be8aa61875fdc4db2bf856b5e831c6a21a9e13cd64c&width=414)
Propuesta conjunta de los operadores
Las telecos se lo han tomado muy en serio esta vez. Los máximos responsables de los grandes operadores, con José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, Christel Heydemann y Margherita Della Valle, consejeras delegadas de Orange y Vodafone, respectivamente, a la cabeza, mantuvieron el 6 de junio en Bruselas encuentros con los comisarios europeos Margrethe Vestager (Competencia) y Thierry Breton. De cara a la consulta europea, las patronales de telecomunicaciones GSMA (mundial) y ETNO (europea) han sellado una propuesta conjunta para introducir un “mecanismo de contribución equitativo que permita negociaciones equilibradas entre las empresas de telecomunicaciones y los grandes generadores de tráfico, que actualmente obtienen el mayor beneficio de la inversión en telecomunicaciones, al mismo tiempo que crean una carga de alto costo a través de su tráfico y ejercen un poder desproporcionado en todos los mercados”.
Las asociaciones afirman que Europa se encuentra en un punto de inflexión, en el que urge un cambio político que cree las condiciones adecuadas para el futuro liderazgo europeo en conectividad y evite que el continente se quede aún más rezagado respecto a sus competidores mundiales. Según explican los representantes de los operadores, “Europa sufre un déficit de inversión en redes de, al menos, 174.000 millones de euros, con la dificultad añadida de un entorno de mercados de telecomunicaciones muy fragmentados”.
Oposición de las plataformas
Las plataformas se niegan en redondo a pagar por el uso de las redes. Dicen que es falso que no inviertan y avisan de que la tasa tendría un efecto adverso sobre la creación de contenidos y servicios digitales, y podría recaer a la postre sobre el consumidor final. Su argumento es que los usuarios ya pagan por sus conexiones de banda ancha. “Es como si los fabricantes de electrodomésticos tuvieran que pagarles a las eléctricas por el consumo de energía cada vez que alguien pone una lavadora o enchufa el aire acondicionado”, señalan fuentes del sector en España.
¿Y de qué contribución justa se está hablando? La Comisión Europea no ha dado cifras aún, pero ya se barajan cantidades millonarias. Los operadores estiman que los objetivos marcados por la Agenda Digital Europea exigirán unas inversiones de 300.000 millones de euros, que ahora deben afrontar las telcos en solitario. Según sus estimaciones, si las inversiones continuaran en niveles actuales (a un ritmo de aproximadamente de 30.000 millones de euros al año en la UE), no se alcanzarán los objetivos de la Década Digital hasta, al menos, 2033.
La consultora Frontier ha estimado que el tráfico impulsado por estas empresas de Internet, conocidas también como Over The Top (OTT), podría generar costos de hasta 40.000 millones de euros al año para las empresas de telecomunicaciones de la UE, y podrían incrementarse en hasta 28.000 millones adicionales en los próximos años si el ritmo de crecimiento del tráfico de datos es el previsto. Axon, otra consultora tecnológica, señala que con una aportación de 20.000 millones de euros anuales por parte de las Big Tech se lograría una cobertura de fibra óptica para el 88% de la población en 2025, una mejora de 13,2 puntos porcentuales.
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