Bruselas quiere evitar la guerra entre las operadoras y los gigantes tecnológicos por la financiación de las redes
El presidente de Telefónica lidera el clamor de las compañías de telecomunicaciones para que los gigantes de internet, como Google o Netflix, les paguen una “contribución justa”
No se podía buscar mejor escenario que el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona para escenificar la guerra abierta declarada entre las grandes compañías de telecomunicaciones, como Telefónica, Vodafone u Orange, y los gigantes de internet estadounidenses, como Google o Netflix, tras el anuncio de la Comisión Europea el jueves de que ha abierto una consulta pública para decidir si estas últimas deben colaborar en la financiación de las nuevas redes como el 5G o la fibra óptica.
El protagonista de esa iniciativa, el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, ha aprovechado la sesión inaugural del MWC23 para intentar calmar los ánimos en busca de un pacto entre las que denominó las big telco y las big tech para una “participación justa” en las cuantiosas inversiones que requerirán las nuevas redes en Europa para alcanzar la “conectividad gigabit rápida”.
“La consulta ha sido descrita por muchos como la batalla por la participación justa entre las big telco y las big tech. Una elección binaria entre quienes proporcionan redes hoy y quienes las alimentan con el tráfico. Yo no veo así las cosas. Sí, tendremos que encontrar un modelo de financiación para las enormes inversiones necesarias que respete y preserve los elementos fundamentales de nuestro acervo europeo: la libertad de elección del usuario final garantizada por nuestras normas sobre neutralidad de la red; la libertad de ofrecer servicios en un campo de juego justo y competitivo, garantizado hoy con nuestras nuevas e innovadoras regulaciones digitales: la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA)”, ha dicho Breton desde la tribuna del Mobile.
Para el comisario, “no se trata de si un interés creado debe prevalecer sobre otro” porque Europa se está jugando quedarse atrás respecto a otros continentes “en el gran salto de conectividad” que hay por delante, para asegurar que en 2030 todos los ciudadanos de la UE “tengan acceso a una conectividad gigabit rápida, confiable y con gran cantidad de datos”. “Estoy interesado en los aportes de todos los actores porque estoy convencido de que solo podemos dar forma a esta próxima revolución juntos”, ha añadido.
Breton no se dirigía a un público cualquiera. Entre los asistentes estaban los máximos dirigentes de las principales operadoras europeas. Y en la tribuna, y antes de su intervención, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica y de la GSMA, la organización de operadores que organiza el MWC, le ponía el capote en su discurso inaugural al pedir una “contribución justa” de todos los actores de la industria para las nuevas redes.
“Las telecos están convirtiéndose en supercomputadores. Necesitamos un mundo mucho más balanceado. Este nuevo mundo digital necesita colaboración. Y para colaborar se necesita que todo el mundo contribuya con una parte justa del esfuerzo”, ha apuntado Pallete. El presidente de Telefónica ha puesto como ejemplo de colaboración entre todos los actores digitales la GSMA Open Gateway, la nueva iniciativa de la industria móvil presentada este lunes en el congreso de Barcelona para abrir las funciones de las redes a los desarrolladores a través de APIs (protocolos para el desarrollo de aplicaciones).
En la misma línea, la consejera delegada de Orange, Christel Heydemann, reclamó que se acaben las “exigencias contradictorias” de la regulación y se obligue a las grandes compañías que se benefician del uso de la Red a sufragar las inversiones que se requieren, porque la situación actual es “insostenible” y las telecos no son capaces de asumir solas el fuerte desembolso que se precisa para atender las demandas de tráfico actuales. La directiva recordó que los cinco mayores generadores de tráfico online representan el 55% del tráfico diario en las redes, lo que representa un coste de aproximadamente 15.000 millones de euros que soportan las empresas de telecomunicaciones europeas cada año. “Mi convicción, y mis colegas sin duda estarán de acuerdo, es que los reguladores y los formuladores de políticas tienen un papel importante que desempeñar para equilibrar esta situación insostenible. Porque, después de todo, redunda en nuestro interés común que las empresas de telecomunicaciones sigan invirtiendo para respaldar nuevos servicios digitales y satisfacer las crecientes necesidades de los clientes, en todos los sectores de la economía y la sociedad europeas. Investigaciones recientes muestran, de hecho, que existe el riesgo de que 45 millones de europeos no sean alcanzados por las redes gigabit para 2030″.
España se ha posicionado claramente a favor de los operadores y ha pedido a la Comisión Europea que ponga “cuanto antes” sobre la mesa esa propuesta legislativa para que, durante la presidencia española de la UE, se pueda avanzar en una financiación conjunta de infraestructuras de telecomunicaciones que ahora solo recae en las telefónicas y en el sector público, según ha confirmado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en su visita al MWC este lunes.
Los GAFAM se defienden
La apertura de una consulta pública para la llamada ley de infraestructura digital, que tiene de plazo hasta el 19 de mayo, no ha dejado indiferentes a las grandes tecnológicas, como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, conocidas como GAFAM, y a las que se ha unido ahora Netflix. Calculan que pagar un peaje (fairshare) a los operadores por el uso masivo de sus redes —más del 50% del tráfico de datos proviene de ellas— equivaldría a que las compañías eléctricas cobraran a los fabricantes de electrodomésticos por la energía que consumen.
Y no están solos. Políticos y organizaciones han levantado la voz contra ese plan. El ministro de Asuntos Económicos de Países Bajos, Micky Adriaansens, ha advertido de que golpear a las big tech con el llamado “peaje de internet” provocaría una ruptura de la denominada neutralidad de la red, discriminando la difusión de unos contenidos sobre otros, además de elevar los precios para los usuarios europeos.
Previamente, BEREC, que agrupa a las autoridades reguladoras europeas, emitió un análisis previo en el que señalaba que no encontraba ninguna justificación económica para llevar a cabo una intervención regulatoria. De igual forma, indicó que no hay ninguna evidencia de uso gratuito de las grandes tecnológicas estadounidenses, porque los usuarios que visualizan vídeos en internet o utilizan servicios online ya pagan por ello; además de señalar que el crecimiento del tráfico de internet no se ha traducido en menores ingresos para las telecos. También se opone a la reforma la organización de protección al consumidor europeo BEUC.
Las cifras de la discordia
¿Y de qué contribución justa se está hablando? La Comisión Europea no ha dado cifras aún pero ya se barajan cantidades millonarias. Los operadores estiman que los objetivos marcados por la Agenda Digital Europea exigirán unas inversiones de 300.000 millones de euros, que ahora deben afrontar las telcos en solitario. Según sus estimaciones, si las inversiones continuaran en niveles actuales (a un ritmo de aproximadamente de 30.000 millones de euros al año en la UE), no se alcanzarán los objetivos de la Década Digital hasta, al menos, 2033.
La consultora Frontier ha estimado que el tráfico impulsado por estas empresas de Internet, conocidas también como Over The Top (OTT), podría generar costos de hasta 40.000 millones de euros al año para las empresas de telecomunicaciones de la UE, y podrían incrementarse en hasta 28.000 millones adicionales en los próximos años si el ritmo de crecimiento del tráfico de datos es el previsto. Axon, otra consultora tecnológica, señala que con una aportación de 20.000 millones de euros anuales por parte de las Big Tech se lograría una cobertura de fibra óptica para el 88% de la población en 2025, una mejora de 13,2 puntos porcentuales. Una tasa que, según Palletye, deberían pagar todas las empresas digitales que acaparen al menos el 5% del tráfico total de Internet.
Entre otras reformas pendientes para la consolidación del sector, ahora fragmentado en más de cien compañías en toda Europa, Bretón también ha abogado por crear un espectro radioeléctrico único para toda la UE, una propuesta que choca frontalmente con el afán recaudatorio de los Gobiernos nacionales que obtienen fondos millonarios con las subastas de las bandas de frecuencias para la telefonía móvil como las recientes del 5G y tendrían que ceder ese botín a las arcas comunitarias.
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