Un tribunal inglés rechaza anular un laudo millonario contra España por el recorte a las renovables antiguas

El Tribunal Superior de Londres ha rechazado este jueves la petición del Gobierno español de anular el registro en Inglaterra de un laudo arbitral que le obliga a pagar 129 millones de dólares (120 millones de euros) a unos inversores perjudicados por el recorte aplicado en 2013 sobre las ayudas a las energías renovables. El juez británico, según el escrito de resolución, ha desestimado los argumentos de las autoridades españolas, que trataban de reclamar inmunidad en el caso.

La diatriba judicial se remonta a casi diez años atrás, cuando dos inversores en proyectos de energías verdes en España (Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar) llevaron a España a arbitraje en virtud del tratado de la Carta de la Energía por retirar las subvenciones a este tipo de infraestructuras. Hace un lustro, en 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial falló a su favor, obligando al Estado español a abonarles 101 millones de euros. A partir de ese momento, las autoridades españolas intentaron anular el laudo alegando que tenía inmunidad soberana, algo que ahora ha rechazado la justicia británica.

Uno de los abogados que ha representado a los dos inversores, Nick Cherryman, ha calificado el fallo de “histórico”. “Confirma que el Gobierno español no puede alegar inmunidad soberana como una forma de subvertir sus obligaciones en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía”, o evitar pagar laudos del Ciadi, añade en un comunicado.

Hace 15 años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) puso en marcha un sistema de incentivos para paliar la brecha entre la escasa madurez tecnológica de entonces y el coste de generación del resto de tecnologías no renovables, para que estas pudieran ir entrando al mercado español. El Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó esas primas en 2013, ocasionando una avalancha de demandas en contra de España. Estas han acabado, en muchos casos, en el Ciadi (Banco Mundial) y en otros centros de resolución de disputas, como Uncitral (Naciones Unidas) o SCC (el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo). La mayoría están todavía pendientes de resolución, pero un gran número de ellos han terminado en contra de los intereses del Estado español, que se ha visto obligado a pagar.

A diferencia de la eólica y, sobre todo, la solar (fotovoltaica o termosolar) de primera generación, las renovables que se instalan hoy en España y en el resto de Europa no requieren ningún esquema de primas y son rentables por sí mismas.

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