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El Banco de España calcula que las medidas del Gobierno en 2022 bajaron la inflación en 2,3 puntos y subieron el PIB en 1,1

El supervisor alerta del impacto de la crisis energética en la competitividad de la industria y calcula que 1,6 millones de hogares en los que la energía supone una proporción muy alta de sus gastos quedaron fuera de la ayuda de los 200 euros

Un tren traslada decenas de coches a principios de marzo en Hannover (Alemania).
Un tren traslada decenas de coches a principios de marzo en Hannover (Alemania).getty

El Banco de España ha actualizado sus cálculos sobre el impacto que han tenido las medidas del Gobierno a la hora de bajar la inflación e impulsar la economía. Estima que en 2022 el conjunto de iniciativas aprobadas redujo el IPC en 2,3 puntos y mejoró el PIB en 1,1 puntos. Entre estas se encontraban el mecanismo ibérico que pone un tope al precio del gas, las bajadas de impuestos en el recibo de la luz o las ya finalizadas subvenciones de 20 céntimos al litro de combustible.

La invasión rusa de Ucrania ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del modelo energético europeo. Los ajustes y las medidas exprés, ayudadas por la inestimable colaboración de un invierno mucho más suave de lo habitual, han tenido éxito a corto plazo y han logrado evitar el temido corte de suministro. Pero los desafíos estructurales siguen siendo muy importantes. El Banco de España advierte este miércoles de que aún no ha llegado el momento de cantar victoria y dar por finalizada la crisis energética: aunque se ha superado el primer año de tensión, la dependencia no ha caído de forma estructural y no se puede descartar que en algún momento se puedan revertir las actuales dinámicas positivas observadas en los precios de la energía. De hecho, los contratos de futuros indican un cierto repunte, según alerta en un capítulo sobre energía incluido en su informe anual.

La UE ha sufrido unos incrementos de precios mayores que en otras áreas del mundo y, de mantenerse unos elevados costes de la energía, la industria europea terminaría perdiendo competitividad y reduciendo su tamaño. Según los datos que maneja el supervisor, la merma en la producción de la industria europea ha sido compensada con mayores importaciones de fuera de la UE. Es más: en sus gráficos se aprecia cómo las distintas ramas industriales sufren retrocesos proporcionales a lo que aumentan las importaciones en esas mismas categorías de productos. A juicio del supervisor, esto revela el daño que podría producirse en el supuesto de que se enquisten unos precios altos de la energía. Todavía queda recorrido para que el made in Europe vuelva a ser competitivo, destaca. Según otros expertos, las mayores importaciones, sobre todo de bienes intermedios, también son una forma de proteger los procesos industriales con mayor valor añadido, trayendo de fuera los insumos más intensivos en energía.

En estas circunstancias, se antoja todavía más necesario profundizar en el despliegue de las energías verdes. Sobre todo en países como España, que tiene las mejores condiciones de Europa para la solar fotovoltaica y las segundas mejores —solo tras Francia— para la eólica terrestre. Los costes de producir electricidad con sol y viento han descendido de forma considerable en la última década hasta quedarse incluso por debajo de los combustibles fósiles: nada es más barato que la eólica terrestre y la energía fotovoltaica.

El organismo recuerda, no obstante, que la transición energética conlleva costes sustanciales al tener que penalizar con impuestos los fósiles. Máxime cuando la dependencia de estos es algo superior en el caso español, en parte porque en el caso del transporte es menos eficiente debido a que la carretera se usa mucho más que el tren para el trasiego de mercancías; en parte porque el parque de camiones es más antiguo y está menos electrificado. La intensidad energética del transporte es un 20% mayor en España, según se desprende de los datos del Banco de España.

La transición crea, además, nuevas dependencias que poco o nada tienen que ver con las de la era fósil. Los materiales necesarios como el litio o el cobalto proceden en gran parte de países como China. También la producción de placas solares, que supone un 35% del coste total de la inversión en una planta fotovoltaica. Otro reto de calado, añade, son los mayores desarrollos tecnológicos que hacen falta para conseguir los objetivos de descarbonización en materias como las baterías, el hidrógeno verde o los sistemas de captura y almacenamiento de carbono. Incluso se recuerda que harían falta políticas compensatorias para los territorios que acogen las plantas renovables. Y se apunta que podría implicar la creación de nuevos cuellos de botella en los suministros y el incremento de los costes laborales por la demanda de trabajadores con perfiles muy especializados.

La UE ha demostrado una capacidad elevada para reducir sus importaciones energéticas de Rusia y adaptar su demanda de energía en el corto plazo. No obstante, en este capítulo España figura tras Eslovaquia como el país que menos ha reducido su consumo de gas natural, si bien estaba menos expuesto y ha exportado mucha electricidad producida con gas debido al parón nuclear francés. También puede haber contribuido la sequía de la hidroeléctrica y el funcionamiento del mecanismo ibérico que limita el precio del gas, que se valora como positivo a la hora de reducir los precios y mejorar la actividad pero que ha aumentado las exportaciones energéticas.

El paraguas de los 200 euros

La incidencia de la crisis energética en hogares y empresas está siendo muy variada. En principio sufren más las familias vulnerables, las empresas intensivas en energía y las pequeñas. Según los cálculos del supervisor, un 15% de los hogares españoles presenta un gasto energético desproporcionadamente alto. Esto es: aquellos en los que su gasto en suministros energéticos, en relación con sus ingresos, supera el doble de la mediana nacional. Se trata de un porcentaje menor que en otros países europeos gracias a las condiciones climáticas. Pero se concentra sobre todo en las rentas bajas.

Las estimaciones del banco concluyen que la ayuda de los 200 euros podría alcanzar a unos 3,6 millones de hogares, de los cuales solo la mitad tiene ese energético desproporcionado. En cambio, de acuerdo con sus cálculos, habría más de millón y medio de familias con un desembolso desmesurado en la factura energética que se quedaría fuera del perímetro de estas subvenciones. Su recomendación, por tanto, es que también hay que mirar el gasto, y no solo la renta, a la hora de afinar los criterios de la ayuda. “En cualquier caso, se estima que, por deciles de renta, podrían acceder a esta ayuda en torno a la mitad de los hogares situados en el 40% inferior de la distribución de la renta”, concluye. Es decir, esta iniciativa, a diferencia de muchas otras aprobadas por la crisis energética, sí que ha sido más focalizada como venía reclamando el organismo.

El supervisor observa que existen diferencias muy significativas entre países en la manera en que se trasladan los precios mayoristas de la electricidad a los minoristas. De hecho, ahora el Gobierno ya ha diseñado una reforma para tratar de quitar volatilidad a los precios que entrará en vigor a principios de 2024. En las facturas de gas y electricidad de los hogares españoles, el peso de los impuestos y los costes regulados es mayor que en la media de la UE. En cambio, el recibo de las empresas soporta en menor medida esos costes y tributos. En la gasolina y el gasóleo, la tributación es más baja que en el promedio comunitario.

Por otra parte, el Banco de España hace mucho hincapié en la gran importancia que tendrá la financiación en el camino hacia el nuevo modelo energético: hace falta un fondo común europeo que garantice que de la transición no salgan ganando aquellos países que tienen una mayor capacidad fiscal, sostiene.

Otro elemento esencial es avanzar en la integración del mercado energético europeo. En este sentido, España aparece muy aislada junto a Portugal, con una capacidad de interconexión eléctrica y gasista muy por debajo de la del resto de grandes socios del bloque y, también, de los objetivos fijados por Bruselas: los Pirineos siguen siendo una barrera demasiado grande. Ni siquiera la entrada en vigor del nuevo cable del golfo de Vizcaya será suficiente para equilibrar la partida. Esta desconexión es la misma que ha permitido la aprobación de la excepción ibérica por parte de la Comisión Europea, que acaba de ser renovada hasta final de año, pero aún queda mucho por hacer: la única forma de garantizar el equilibrio en el precio entre Estados es haciendo posible los intercambios.

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