Francia deja a los hipermercados la libertad para definir sus propias cestas contra la inflación

El Gobierno francés presenta un acuerdo con los grandes distribuidores para ofrecer una serie de productos al precio más bajo posible

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.
El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.GEOFFROY VAN DER HASSELT (AFP)

Las cadenas de supermercados francesas se han comprometido este lunes a ofrecer a sus clientes una serie productos alimentarios y de primera necesidad al más bajo precio posible. La medida, según el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, costará a estas empresas “varios centenares de millones de euros”. Cada firma tendrá la libertad para definir su propia cesta de productos asequibles y para fijar el precio.

La Maire, flanqueado por los dirigentes de algunas de las principales cadenas, anunció un acuerdo que pondrá en marcha el llamado “trimestre anti-inflación”. Se trata, dijo, de “un dispositivo masivo, eficaz y protector”. El objetivo es amortiguar la inflación en los alimentos, que en febrero alcanzó en Francia el 14,5% respecto al mismo mes del año pasado. Un logo con la bandera tricolor, el mismo para todas las cadenas, identificará los productos rebajados. La medida se empezará a aplicar en los próximos días y debe prolongarse hasta junio.

El Gobierno quería, al principio de la negociación con los hipermercados, una cesta anti-inflación común para todos. La iniciativa topó con un amplio rechazo en la empresas, que preferían configurar la cesta por su cuenta. Algunas marcas ya han puesto en marcha sus cestas anti-inflación sin esperar el acuerdo con el Gobierno. Este, en todo caso, velará con inspecciones por que la reducción de los precios lo asumiesen estas empresas, y no los productores.

La subida de los precios de los alimentos es motivo de preocupación para el presidente, Emmanuel Macron. La reforma de las pensiones ya ha provocado semanas de huelgas y manifestaciones masivas. Este martes los sindicatos se han propuesto paralizar el país.

El temor es que la erosión del poder adquisitivo saque de nuevo a los franceses a la calle cuando haya terminado la discusión sobre las pensiones, o se sume a esta crisis. En la mente de los gobernantes franceses está la revuelta de los chalecos amarillos, que estalló en 2018 como una protesta contra la subida del precio del carburante. Además de los acuerdos voluntarios con los hipermercados, el Gobierno prepara para los próximos meses un cheque alimentario para las personas con menos recursos.

El ministro Le Maire descartó en su declaración ante la prensa medidas directamente intervencionistas por parte del Estado. “Respecto a reducir el IVA, pienso que es ineficaz y costoso”, afirmó. “Otros dicen que no hay más que bloquear los precios administrativamente. Lo siento, pero estamos en una nación que cree en la libertad de comercio. No nos corresponde a nosotros fijar los precios, sino que es cada distribuidor el que hará los esfuerzos que desee en un cierto número de productos que él defina. Nosotros simplemente nos aseguraremos de que se respeten los compromisos adquiridos por el distribuidor”.

El método elegido por el Gobierno francés –presión pública y un acuerdo de buena voluntad en el que la carga económica recae en los distribuidores– es parecido al que ha servido para que Total Energies se comprometiese hace unos días a que la gasolina diésel no superase en 2023 el precio de 1,99 euros por litro en las estaciones de servicio francesas. Es un método distinto del que en 2021 y 2022 aplicó para contener la inflación en el gas y la electricidad. Entonces fue el Estado el que asumió la carga. Y funcionó.

El llamado escudo anti-inflación logró mantener la inflación francesa entre las más bajas de Europa, pero ya ha costado 110.000 millones de euros. La prioridad, tras las políticas de gasto masivo durante la pandemia y en el primer año de la guerra en Ucrania, es rebajar una deuda pública que hoy se sitúa entorno al 112% del producto interior bruto y un déficit presupuestario en 2022 del 5%.

Reacciones en España

El Gobierno español ha reaccionado a la medida aprobada en Francia. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado el acuerdo alcanzado por el Gobierno francés para referirse la posible implantación de medidas similares en España. “Llevo desde el verano pasado señalando no solo que esto era posible, sino que es imprescindible”, ha afirmado la vicepresidenta en declaraciones a los medios durante un acto en Santiago de Compostela. Díaz, ha defendido la posibilidad de crear “una cesta de productos, los que sean, con un precio limitado”. Además, se ha referido al artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista, que avala la opción de fijar precios en el caso de los márgenes de comercialización de determinados productos y ha apuntado que esta intervención es “una de las asignaturas pendientes”.

Por otro lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el sector de la distribución española es “maduro y competitivo” y “está en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares” a la de Francia. Durante la inauguración de la feria internacional del sector cárnico Meat Attraction, celebrada en Madrid, Planas ha elogiado el pacto alcanzado en el país galo y ha abogado por tomar medidas enmarcadas dentro de la “libre competencia”.

La respuesta al incremento en el precio de los alimentos ha generado diferentes propuestas dentro del Ejecutivo, que aprobó una rebaja del IVA a algunos productos básicos. Unidas Podemos ha pedido ir más allá y topar el precio de ciertos alimentos o bonificar productos con cargo a las arcas públicas. En cambio, Díaz se ha mostrado más partidaria de establecer una cesta básica que vaya sobre los márgenes empresariales de las distribuidoras. Del lado del ministerio de Agricultura, Planas no es partidario de tomar nuevas iniciativas, al considerar que las subidas de precio ya han tocado techo y que las bajadas del IVA requieren de más tiempo. En su intervención de este lunes, ha afirmado que lo “mejor” para promover el consumo alimentario es ofrecer “precios razonables” y espera que “todos” ayuden para lograrlo. De nuevo, el ministro ha insistido en tomar medidas que mantengan un equilibrio en la cadena alimentaria: “Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleven a una contención de los precios, pero siempre con respeto a la Ley de la Cadena Alimentaria y sin que sea en perjuicio de la industria ni de los productores”, ha advertido.

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Sobre la firma

Marc Bassets

Es corresponsal de EL PAÍS en París y antes lo fue en Washington. Se incorporó a este diario en 2014 después de haber trabajado para 'La Vanguardia' en Bruselas, Berlín, Nueva York y Washington. Es autor del libro 'Otoño americano' (editorial Elba, 2017).

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