Una jueza paraliza las obras del complejo turístico de lujo de Sandra Ortega en Portugal

El primer revés judicial que ha sufrido el proyecto turístico de lujo que promueve Sandra Ortega Mera, la primogénita de Amancio Ortega, en la costa de Portugal ocurrió la semana pasada. La jueza del Tribunal Administrativo y Fiscal de Beja, Ana Casa Branca, ordenó la paralización provisional de las obras que se están ejecutando para este complejo de 506 camas en la península de Tróia, una lengua de dunas formada junto a la desembocadura del río Sado, en el sur del país, y que pertenece al municipio de Grándola. La suspensión cautelar se dictó en respuesta a la admisión de la providencia presentada por la Plataforma Dunas Livres, que reúne a una decena de organizaciones que se oponen a la destrucción del que consideran el último tramo de litoral virgen de Portugal.

En su despacho, la jueza ordena a la Cámara Municipal de Grándola que impida la continuidad de las obras de urbanización, pero estas se mantienen de momento. Hasta la tarde del martes ni el municipio ni la promotora habían recibido la notificación judicial, según declararon a EL PAÍS. La empresa señaló que proseguirán mientras no tengan el mandamiento del tribunal. Dunas Livres, que está financiando su pleito gracias a un crowdfunding, tiene previsto solicitar la paralización definitiva a continuación.

La conocida como Costa Azul comprende un tramo de playas, dunas y paisajes de 40 kilómetros desde Tróia hasta Melides, que famosos y millonarios frecuentan cada vez más. El vídeo que grabó Madonna cabalgando sobre un caballo andaluz por uno de los arenales lo certificó definitivamente como paraíso para estrellas. Entre los motes que han hecho fortuna en los últimos tiempos para referirse al área sobresale el de los Hamptons europeos. Y entre los proyectos turísticos para ricos construidos o en desarrollo figuran el hotel del diseñador de zapatos Christian Louboutin, el complejo turístico del actor George Clooney y el multimillonario Mike Meldman o la urbanización de Claude Berda, una de las mayores fortunas de Francia y gran impulsor del turismo de lujo en Portugal.

Sandra Ortega, a través de su sociedad Rosp Corunna, compró por 50 millones de euros 340 hectáreas en la península de Tróia a la empresa lusa Sonae Capital en diciembre de 2016. Sobre los terrenos existían ya planes aprobados por la Cámara Municipal de Grándola que permitían una edificación de 152.000 metros cuadrados en tres unidades. Una de ellas incluía un campo de golf a pesar de estar enclavada en parte en la Reserva Natural del Estuario del Sado.

Para desarrollar la promoción turística, Sandra Ortega se asoció al empresario portugués José António Uva, que tiene una participación minoritaria en el proyecto. Para cada una de las unidades urbanísticas se constituyó una empresa (Ferrado Na Comporta I, II y III) en septiembre de 2016 en Lisboa. Su capital social es de un euro. Uva, que había trabajado como inversor en Londres, promovió la rehabilitación de la herdade São Lourenço do Barrocal en Monsaraz, un hotel rural alentejano celebrado como el perfecto ejemplo de conservación y refinamiento que atrae al segmento de lujo.

El proyecto Na Praia, que ocupa unas 98 hectáreas, incluye un hotel y tres aldeas de cinco estrellas, dos equipamientos deportivos y de ocio con spa, gimnasio, piscina, pista de tenis y un helipuerto. La finalización de las obras estaba prevista para 2024. La Plataforma Dunas Livres sostiene que afecta a hábitats de alto valor ecológico y que perjudicará áreas colindantes que disponen de figuras de protección como la Reserva Natural del Estuario del Río Sado, la Red Natura 2000 o la declaración de Sitio RAMSAR, que distingue los humedales de importancia internacional. Por su parte, la empresa asegura que las obras se desarrollan fuera de la Red Natura 2000 y que tampoco dañan las dunas primaria o secundaria. “El proyecto interviene sobre una faja dunar más apartada del océano, las dunas interiores (paleodunas) y no impide el acceso público a la franja costera frontal”, explicaron por correo electrónico. La promotora destaca que el complejo ha renunciado al campo de golf y al 80% de la edificabilidad permitida en los planes aprobados por el ayuntamiento en 2012. Las camas se han rebajado en un 85% (de 3.242 autorizadas a 504).

Declaraciones ambientales

En agosto de 2019, Na Praia recibió la declaración ambiental favorable “condicionada” de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo. A pesar de apreciar “impactos negativos muy significativos de magnitud elevada” de la urbanización sobre sistemas ecológicos y sobre riesgos de la dinámica costera, el organismo le dio luz verde al considerar que eran “susceptibles de minimización”. A favor destacaron, además, la construcción de un helipuerto para la evacuación urgente de enfermos en una zona que dista más de 50 kilómetros del hospital más cercano. La única medida compensatoria exigida en esta declaración fue la recuperación de 100 hectáreas en la Reserva Natural del Estuario del Río Sado con la eliminación de especies invasoras. La empresa asegura que ya ha erradicado eucaliptos y acacias plantados en las últimas décadas en unas 200 hectáreas y que reintroducirá especies propias de la zona como el zimbro gallego.

Sin embargo, en el proceso administrativo posterior (la Decisión sobre la Conformidad Ambiental del Proyecto de Ejecución) se emitió una resolución desfavorable inicialmente “previéndose la destrucción de áreas de importancia excepcional en términos de hábitats y flora”. La promotora decidió entonces rebajar de 584 a 506 camas la dimensión del complejo y suprimió actuaciones que afectaban directamente a una zona RAMSAR para recibir luz verde, lo que ocurrió en la segunda Decisión sobre Conformidad Ambiental.

En enero de 2022 comenzaron las obras. “Si sigue adelante el plan urbanístico, esta zona dejará de ser el último gran trozo de costa salvaje de Portugal y tal vez de Europa. Queremos pararlo porque está destruyendo 200 hectáreas de terreno cubierto por especies protegidas”, lamenta Maria Santos, portavoz de la plataforma Dunas Livres. “No tiene sentido, viene de un plan de urbanización de la década de los sesenta, está desfasado”, afirma Santos, muy crítica con la postura “connivente” de las instituciones portuguesas hacia el complejo Na Praia.

Dunas Livres asegura que tuvo que presionar a través de un organismo público para lograr acceder al proyecto turístico presentado en la Cámara Municipal de Grándola, que le exigió 1.180 euros por la copia de los documentos. “En cuanto a la Agencia de Medio Ambiente, trabaja contra el medio ambiente y a favor de los intereses económicos”, reprocha Santos.

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