Telefónica dice que la inestabilidad en Brasil “puede verse exacerbada” con Lula

Telefónica Brasil, controlada por el grupo español Telefónica, ha advertido a los inversores sobre el riesgo de que los problemas de inestabilidad política y económica en Brasil se vean “exacerbados” tras la victoria en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva. Telefónica Brasil ha incluido esa advertencia en su informe anual registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC).

Es la primera compañía brasileña cotizada en Estados Unidos que registra su informe anual ante el supervisor con sede en Washington tras la vuelta al poder de Lula, que se ve con recelo en círculos económicos y financieros por los riesgos de que su política ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica y fiscal, aumente la inflación y el déficit, y asuste a los inversores extranjeros.

El informe anual que registran las empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos (20-F) va siempre precedido de un capítulo en el que se recopilan toda clase de riesgos que puedan afectar a la cotización de las acciones de la empresa: económicos, regulatorios, tecnológicos, políticos, etc. Telefónica Brasil viene dedicando en los últimos años un capítulo a los riesgos políticos: “El Gobierno brasileño ha ejercido, y sigue ejerciendo, una influencia significativa sobre la economía. Esta influencia, así como las condiciones políticas y económicas brasileñas, podrían afectarnos negativamente y a nuestra cotización”, repite este año.

A continuación, la empresa enumera una serie de asuntos que le pueden afectar (inflación, tipos de cambio, tipos de interés, la política energética y fiscal...) y entre ellos menciona la “inestabilidad económica, política o social”. También algo nuevo: “Las políticas que adopte o vaya a adoptar la nueva Administración de Brasil tras las elecciones presidenciales de 2022″.

Tras ese listado, Telefónica Brasil señala, al igual que otros años, la incertidumbre regulatoria y repite una frase que ya estaba en el informe del año pasado: “La inestabilidad económica y política del pasado ha llevado a una percepción negativa de la economía brasileña y a una mayor volatilidad en los mercados de valores brasileños, lo que nos ha afectado negativamente a nosotros y al precio de negociación de nuestras acciones”.

Es a continuación cuando llega la novedad: “Estos problemas pueden verse exacerbados por los resultados de las elecciones presidenciales brasileñas celebradas en octubre de 2022, en las que fue reelegido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (de 2003 a 2010). Existe incertidumbre sobre las políticas que adoptará el nuevo Gobierno. No podemos asegurar que mantendrá las políticas destinadas a promover la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y las inversiones nacionales y extranjeras, y el hecho de que el nuevo Gobierno no lo haga puede afectar negativamente a la economía de Brasil, a los precios de los valores emitidos por emisores brasileños como nosotros y, en última instancia, a nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones”, dice textualmente.

El informe ha sido registrado este viernes por la tarde ante el supervisor estadounidense e incluye información reciente, como el plan de recompra de acciones aprobado el miércoles 15 de febrero por el consejo de administración. Sin embargo, aunque relata que “Brasil ha experimentado una agitación política significativa en los últimos años”, no incluye mención alguna al asalto a las instituciones democráticas de Brasilia del pasado 8 de enero. Aparentemente, el capítulo político del informe anual no se ha actualizado y de hecho, la única vez que se menciona a Bolsonaro, Telefónica Brasil se refiere a él como “el actual presidente”.

Fiscalidad y pleitos

Más allá de las advertencias sobre riesgos políticos, la filial brasileña del grupo que preside José María Álvarez-Pallete muestra su preocupación por los posibles cambios que pueda impulsar el Gobierno de Lula en la fiscalidad de los dividendos: “La nueva administración propuso durante la campaña presidencial revocar la exención del impuesto sobre la renta sobre la distribución de dividendos, lo que, de promulgarse, aumentaría los gastos fiscales asociados a cualquier dividendo o distribución, lo que podría afectar a nuestra capacidad para pagar dividendos y recibir dividendos futuros de nuestras filiales. Cualquier pretendida reforma fiscal, si se propone y aplica, también puede afectar significativamente a nuestro negocio. Cualquier cambio futuro en la política o la legislación fiscal podría afectar negativamente a nuestra actividad, situación financiera y resultados de explotación”, señala la empresa en su informe.

Los impuestos son un quebradero constante de cabeza para Telefónica en Brasil (y en otros países de Latinoamérica). Arrastra numerosos pleitos, algo que es frecuente entre las grandes compañías. En su informe anual, la filial del grupo español señala que tiene dotadas coberturas de cerca de 2.500 millones de reales (unos 450 millones de euros) en pleitos fiscales y regulatorios con las autoridades federales, estatales y municipales en los que ve “probable” perder.

Además, Telefónica califica como “posible” que pueda salir derrotada en otros litigios con las autoridades fiscales de mucha mayor cuantía. En los procedimientos fiscales federales, la cifra en reclamación asciende a 3.042 millones de reales. Mucho mayores son los procedimientos fiscales estatales, donde Telefónica Brasil se juega 21.712 millones de reales. A eso se suman cerca de 500 millones de reales en procedimientos fiscales municipales y otros 8.000 millones en procedimientos regulatorios. Suman más de 33.000 millones de reales (unos 6.000 millones de euros) en los que el riesgo no está provisionado, según su informe anual.

A eso se suman otros 5.800 millones de reales (algo más de 1.000 millones de euros) en procedimientos instados por vulnerar las reglas de competencia que la filial de Telefónica solo tiene cubiertos en una pequeña parte.

En materia laboral, Telefónica Brasil ha registrado 540 millones de reales para hacer frente a demandas de exempleados y subcontratados que reclaman pagos de horas extras, remuneración variable, paridad salarial y primas por trabajo insalubre o de riesgo, pues considera que el riesgo de pérdida es probable. Hay otros procesos laborales por 1.490,6 millones de reales para los que no hay provisiones, pues el riesgo de perder es menor.

Por último, la compañía afronta demandas civiles variadas por importe de algo más de 3.000 millones de reales que la empresa tiene cubiertos en aproximadamente una tercera parte.

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