El control de los cielos se privatiza con polémica

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha iniciado el proceso para la privatización de los servicios de tránsito aéreo de las torres de siete grandes aeropuertos, que hasta ahora presta la empresa pública Enaire, lo que ha despertado los recelos y la férrea oposición de los controladores aéreos. Aunque no se trata de un proceso nuevo –se inició en 2010 con la liberalización de 12 torres de otros tantos aeropuertos- los controladores creen que es un paso más para la privatización total de un sistema que funciona eficientemente, en el que prima la seguridad, y que solo supondrá el traspaso de un negocio del que se benefician todos los ciudadanos —al estar en manos públicas— a los accionistas de empresas privadas, generalmente fondos de inversión.

También están preocupados por el futuro del empleo de un colectivo que agrupa a 2.000 trabajadores, aunque el Ministerio les ha dado garantías de que se mantendrán todos los puestos de trabajo y las condiciones laborales. En principio, la privatización de las siete torres solo afectaría a 130 empleos, según datos a los que ha tenido acceso este diario. La privatización también ha provocado una tomenta política entre los socios de Gobierno de Pedro Sánchez como Podemos y serias críticas de los apoyos del PSOE en los ejecutivos regionales de Baleares, Valencia y Canarias.

En realidad, no se trata de una privatización total de toda la actividad de control aéreo, sino solo de una parte, los denominados servicios de control de aeródromo, los que aseguran el aterrizaje y despegue ordenado de las aeronaves en el aeropuerto. Los servicios en ruta, que comprenden el control y supervisión de los movimientos de aeronaves mientras están en el aire, y los de aproximación a los aeropuertos, seguirán siendo prestados por Enaire, puesto que no se encuentran liberalizados.

Precisamente, ese desdoblamiento de la actividad es una de las principales causas de la oposición de los controladores de Enaire al proceso que ha iniciado el Ministerio de Transportes, puesto que consideran que se van a duplicar las funciones que se prestan actualmente, ya que los servicios de ruta y de aproximación representan más del 80% de la actividad. “No va a haber ningún ahorro de costes para el viajero porque la liberalización no supone eficiencias, simplemente va a necesitarse más gente para todo el proceso; en aeropuertos ya liberalizados como el de Ibiza no ha habido ningún ahorro, y los precios de los vuelos están por las nubes porque las tasas finalmente las paga el pasajero”, asegura Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), el sindicato que agrupa al 90% de los trabajadores del sector.

La licitación afectará a las torres de los aeropuertos de Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur. Por el momento, el Ministerio ha publicado el proyecto de orden ministerial y ha habilitado un plazo de 20 días hábiles para que todos los implicados presenten alegaciones. Cuando se publique la orden, Aena dispondrá de un periodo de 18 meses para iniciar el proceso de selección de los nuevos proveedores, por lo que las licitaciones no se publicarán hasta 2024. Luego habrá un plazo de dos o tres años hasta que el nuevo proveedor empieza a dar el servicio, según las estimaciones del Mitma.

Desde el Ministerio que dirige Raquel Sánchez defienden que se trata de avanzar en el proceso de liberalización “para ahondar en un sistema dinámico, transparente, eficiente y competitivo que ayude a mejorar el servicio”, pero de la mano del sector, de Enaire y de los controladores, “priorizando la eficiencia, la seguridad, la transparencia y la calidad en el empleo”, señalan fuentes de Transportes.

Así se lo trasladaron altos cargos del Ministerio a los representantes de USCA en la reunión que mantuvieron el pasado lunes, día 13, en la que el Ejecutivo ha garantizado que mantendrá todos los puestos de trabajo en Enaire, y no se rebajarán las exigencias de seguridad. “La seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los reglamentos europeos y que han sido recogidos en el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea, aprobado el 23 de julio. Es decir, sólo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea”, indican las mismas fuentes.

Pese a la reunión, los controladores mantienen su rechazo porque consideran que el actual modelo público es eficiente y, de hecho, es el que han adoptado todos los países europeos para sus grandes aeropuertos. “No entendemos ni la oportunidad ni la necesidad de esta privatización, salvo por la precarización del servicio en un momento en que, por ejemplo, se clama por la calidad de los servicios públicos como la sanidad. En el aeropuerto de Gatwick se privatizó la torre y dos años después han tenido que dar marcha atrás. Y no tiene mucho sentido detraer ingresos de una empresa pública para dárselos a fondos de inversión, algunos de ellos buitres, como Portobello”, declara el representante de USCA.

Actualmente, Enaire presta servicios en 21 torres y dos proveedores privados, Saerco y FerroNats, en las 22 torres civiles restantes, de las que 12 torres de control corresponden a las liberalizadas en 2010 (A Coruña, Alicante, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo) y el resto son servicio de información de vuelo (AFIs) y torres civiles fuera de la competencia de la Administración General del Estado, como la de Lleida, Región de Murcia o Castellón.

Gestores privados

Las torres de control de los aeropuertos gestionadas por Saerco y FerroNats aglutinaron el 28,5% de los movimientos de aeronaves en el conjunto de los aeropuertos españoles, según datos de las compañías. El fondo Portobello, a través de su filial Serveo, se hizo con el control de la mayoría del capital de FerroNats a comienzos de este mes de febrero en una operación cuyo importe no se hizo público.

El anuncio de la privatización se produce en pleno conflicto laboral de los 160 trabajadores adscritos a estas dos empresas, quienes están llevando a cabo jornadas de paro de 24 horas todos lunes desde el pasado 30 de enero hasta el 27 de febrero, en demanda de mejoras laborales, ya que sus retribuciones y jornadas son sensiblemente inferiores a las de sus colegas de Enaire.

Desde el Ministerio se defiende que la liberalización está apoyada por Aena, y ha sido reclamada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en diversas ocasiones, y recomendada por la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados. Pero los sindicatos subrayan la paradoja que Enaire es el principal accionista de Aena, con el 51% del capital, por lo que el “discutible” ahorro de costes para su participada por las privatizaciones será compensado negativamente por la pérdida de ingresos de la propia Enaire.

El proceso de privatización del control aéreo se abrió a finales de 2010 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que protagonizó un agrio conflicto con los controladores aéreos que desembocó en la declaración del primer estado de alarma de la democracia en diciembre de 2020 y en la militarización del servicio tras el cierre del espacio aéreo durante dos días. En 2022, y tras más de una década de procesos judiciales instigados contra los trabajadores de Enaire por el Ministerio de Fomento, que entonces dirigía el ministro José Blanco (actualmente lobista a través de su consultora Acento Public Affairs), la Audiencia de Madrid eximió de toda responsabilidad a los 131 controladores acusados de abandonar su puesto de trabajo. Sin embargo, ningún cargo de Aena ni del Ejecutivo de Zapatero fueron imputados por el cierre del espacio aéreo que causó un caos aeroportuario los días 3 y 4 de diciembre de 2010, con 700.000 pasajeros afectados.

Follón Político

Por si fuera poco, la privatización también ha abierto un cisma con los socios de Gobierno del PSOE, tanto Unidas Podemos a escala nacional como con los apoyos de nacionalistas y partidos regionalistas en Valencia, Baleares y Canarias, en plena precampaña para las elecciones autonómicas.

El diputado de Podemos y portavoz de la Comisión de Transportes en el Congreso de los Diputados, Rafa Mayoral, ha remitido una carta a la ministra Raquel Sánchez, y para mostrarle nuestra oposición a la posible privatización de las torres de control y solicitarle una reunión de urgencia. En la misiva, colgada en su cuenta de Twitter, solicita una reunión para “abordar el problema en profundidad” y adoptar una posible solución ante un asunto que considera que afecta a la seguridad de los aeródromos. El diputado morado asegura que el Gobierno debe dar marcha atrás a un proceso que comenzó con la privatización de Aena, “que ha resultado un fracaso”.

Por su parte, el senador Carles Mulet, designado por las Cortes Valencianas, perteneciente al Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, donde están integrados los partidos Compromís, Més per Mallorca, Más Madrid, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera, ha registrado en la Cámara Alta una batería de preguntas por escrito por las privatizaciones, y en las que manifiesta su preocupación por “el futuro de los controladores aéreos ante el eventual aumento de la privatización, que generaría traslados forzosos a los centros de control con el consiguiente perjuicio para la vida de los trabajadores”, como ya está sucediendo en Canarias.

El senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal también ha pedido la comparecencia inmediata en el Senado de la ministra de Transportes para que dé explicaciones sobre la propuesta de privatización de la torre del aeropuerto de Palma que, a su juicio, “daña claramente los intereses estratégicos de Baleares” y “responde claramente a una segunda oleada privatizadora que perjudicará a Baleares y sus servicios públicos”.

La coordinadora general de Podemos Baleares y diputada en el Congreso, Antònia Jover, ha lamentado que “el ala derecha del Gobierno de coalición sigue los pasos de Rajoy que, con la falacia peligrosa de privatizar lo público para ganar eficiencia vendieron las empresas públicas del país al mejor postor”, y ha pedido a la presidenta de la comunidad, Francina Armengol, que frene la privatización.

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha afirmado que la privatización de las torres de control de los dos aeropuertos de Tenerife y el de Gran Canaria, que prepara el Gobierno central, supone un “atropello” al Estatuto de Autonomía, y ha señalado que su grupo va a plantear varias iniciativas políticas y no descarta, incluso, acudir a los tribunales de justicia. Clavijo ha tildado de “grave” que se vulnere el artículo 161 del Estatuto que regula la competencia de Canarias sobre los puertos y los aeropuertos y ha cargado contra el “silencio” del presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, y los cabildos de las islas capitalinas.

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