La Audiencia Nacional obliga a Iberdrola a revalorizar con el IPC su plan de pensiones

La Audiencia Nacional ha condenado a Iberdrola a revalorizar con el IPC las prestaciones de sus planes de pensiones del año pasado. La compañía había aplicado una repreciación menor, del 2,5%, pero los sindicatos recurrieron esta decisión de la comisión de control y finalmente el tribunal les ha dado la razón. “Todas las prestaciones recogidas en el Plan de Pensiones de Iberdrola deben revalorizarse con arreglo a la variación del IPC real de diciembre de cada año con respecto a diciembre del año anterior”, recoge el fallo con fecha del 12 de diciembre. De esta forma, se debió actualizar con una subida del 6,5%.

Contra esta sentencia cabe recurso, que la empresa podía presentar en los cinco días hábiles posteriores a la notificación. Fuentes de Iberdrola, a preguntas de EL PAÍS, no han confirmado si han presentado dicho recurso de casación. La demanda se presentó por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), UGT Fica y Comisiones Obreras de Industria. El fallo recoge que las prestaciones se habían revalorizado en función de la subida de precios al menos desde 2004. Así hasta el año pasado, cuando volvió el fantasma de una inflación al alza. En 2022, la firma empleó “una fórmula distinta, sin que así se hubiera aprobado por la comisión de control, al no haberse alterado el reglamento del plan”. Un cambio unilateral que contradice lo que recoge lo acordado previamente.

La compañía se opuso a la demanda y defendió que la modificación se explicaba por el cambio del criterio de revalorización de las pensiones públicas. Esto se avisó a los beneficiarios a través de una carta de la aseguradora Nationale Nederlanden, a cuyo cargo corren las prestaciones. “En relación con la revalorización de rentas correspondiente a 2022, ponemos en su conocimiento que se actualizarán en un 2,5%, en aplicación del mismo criterio de actualización establecido por el vigente artículo 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social para las pensiones públicas, de las que el Plan de Pensiones Iberdrola es complementario”, se recoge en la sentencia.

Pese a ello, añade el texto, que los planes sean instrumentos complementarios de la Seguridad Social no implica que estos o los fondos se regulen por las mismas normas del sistema público. De hecho, en el plan se establece que la revalorización tendrá que ser de la cifra que marque el IPC de diciembre respecto a diciembre del año anterior. “Las rentas definidas conforme a las tablas precedentes se revalorizarán anualmente, con efectos del día 1 de enero de cada año, conforme al 100% del incremento porcentual experimentado por el índice general de precios al consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística, u organismo que en el futuro le sustituya, hasta que el partícipe cumpla o hubiese cumplido 65 años de edad, y conforme al 50% del indicado incremento porcentual anual desde dicha fecha y hasta su fallecimiento o terminación”.

Nuevo golpe en 2023

Así, para el ejercicio 2022 la revalorización debió ser del 6,5%, por lo que ahora se deberá corregir. “En conclusión, la norma reglamentaria y su aplicación año tras año evidencia sin error interpretativo que las prestaciones se revalorizaban conforme el 100% del incremento definitivo del IPC anual, lo que se llevaba a cabo incrementándolas inicialmente conforme el IPC previsto y luego corrigiéndola para adaptarlas al IPC real y definitivo una vez conocido”, zanja la sentencia.

Además, como la inflación ha seguido disparada durante dicho ejercicio, para este año Iberdrola tendrá que hacer frente a otro fuerte incremento, del 5,7% en este caso, a no ser que se acuerde lo contrario en la negociación colectiva. Eso sí, de haberse mantenido el criterio de vincularlo a la subida de las pensiones, la revalorización para 2023 habría sido mayor, del 8,5% fijado en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, el año pasado Iberdrola habría pagado menos pero en este ejercicio, si hubieran mantenido ese criterio, la factura habría sido mayor de lo que ha marcado finalmente la inflación. “Esto no significa que no puedan de futuro modificarse las especificaciones contenidas en el reglamento del plan por el órgano competente y aplicando el proceso para ello previsto, estableciendo un mecanismo de revisión de las prestaciones con causa en el incremento anual del IPC distinto del actualmente existente”, matiza en todo caso el fallo.