El Salario Mínimo Interprofesional como derecho social humano

España es, de las principales economías europeas, el país que tiene un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más bajo. A pesar de que se alcanzó la cuota de los mileuristas, aún nos encontramos lejos de las principales economías europeas. Países como Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Francia, Reino Unido o Alemania hace tiempo que superaron la barrera de los 1.600 euros —Luxemburgo ha superado los 2.200 euros— y se encaminan, en muchos casos —holandeses, belgas, o alemanes— a subidas, para este próximo 2023, superiores al 10%.

Nuestra Constitución, art. 35, proclama el derecho de todos a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la persona trabajadora y su familia. Esto no ha impedido que en España —cuarto país europeo con un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, un 27,8% de la población residente, solo por detrás de Rumania, Bulgaria y Grecia— se haya experimentado un aumento de las personas pobres con empleo hasta el extremo que una de cada tres, casi 2,5 millones, están ocupadas, lo que demuestra la importancia que está cobrando la fijación del SMI como instrumento para combatir la penuria en el trabajo.

Tradicionalmente, a los llamamientos de actualización de los salarios mínimos se le oponía un discurso, pretendidamente economicista, que señalaba que los aumentos del SMI tenían efectos negativos en el empleo. Los economistas americanos Card y Krueger, premios Nobel de economía 2021, demostraron, sin necesidad de entrar en el debate sobre cuál es el nivel de exigencia que deben tener los países en combatir la explotación laboral y la erradicación de la pobreza, que el alza del Salario Mínimo Interprofesional no solo no producía merma en el empleo, sino que servía de catalizador del crecimiento económico. A esta tesis se ha incorporado recientemente el propio Banco de España, que ha reconocido el impacto positivo de la subida de los salarios de las personas con trabajos más precarios en la actual crisis de inflación. Los estudios más rigurosos, a los que se les suma uno del Instituto de Estudios Fiscales, acreditan que la subida del SMI mejora la economía en general, la vida de la gente trabajadora más humilde en particular y reduce las desigualdades sociales. Además, su elevación coopera con la sostenibilidad del sistema público de pensiones y fomenta su suficiencia en el futuro.

En nuestro país, la evidencia empírica existente —se han alcanzado las mayores cuotas de afiliación a la Seguridad Social con alzas del salario mínimo— muestra que la dinámica empresarial productiva responde muy positivamente al incremento de la demanda interna que, a su vez, está determinado por la evolución del consumo de las familias y, por lo tanto, de los salarios. En ese sentido, el aumento de los sueldos más bajos produce un mayor dinamismo económico con incremento de la demanda interna, de las inversiones y del empleo.

La reciente directiva 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados, que obliga al acceso efectivo por parte de las personas trabajadoras a la protección de un salario mínimo, señala que la observación, con perspectiva nacional, de una cesta de bienes y servicios a precios reales puede ser fundamental para determinar el coste de la vida con el objetivo de fijar una retribución digna. El papel de los salarios mínimos suficientes es particularmente importante para que las personas más vulnerables puedan cubrir las necesidades materiales como alimentación, ropa o vivienda.

La fijación de unos salarios mínimos justos, que proporcionen un nivel de vida digno, debe constituir la premisa básica de cualquier economía nacional que tenga conciencia social. Para evitar la pobreza de las personas ocupadas debemos garantizar unas percepciones mínimas adecuadas que permitan satisfacer las necesidades de quienes tienen un trabajo y sus familias. Las mujeres, las personas con discapacidad, las que sufren múltiples formas de discriminación, los migrantes, los trabajadores poco cualificados, los progenitores de familias monoparentales y los más jóvenes representan la mayoría de los más de dos millones de personas trabajadoras que perciben el SMI, por lo que su dignificación debe ser un requisito previo para alcanzar un crecimiento justo, inclusivo y sostenible. Su incremento, además, contribuye a la equidad en el mercado laboral, reduce desigualdades sociales y acorta la brecha de género.

Concebir el Salario Mínimo Interprofesional como un derecho social humano nos lleva a solicitar su actualización en consonancia con las principales economías europeas.