60 euros al mes: la diferencia para la subida del salario mínimo que separa a sindicatos y patronal

Fumata negra. Sin acuerdo en la reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para fijar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el próximo año. La cifra que separa a patronal y sindicatos es de 60 euros brutos al mes. Es la diferencia entre la subida del salario mínimo que proponen los empresarios, de hasta los 1.040 euros brutos mensuales en 14 pagas, y la que plantean los sindicatos, un alza hasta cerca de los 1.100 euros.

La negociación apenas se movió un milímetro. La patronal ni siquiera se presentó a la mesa de negociación ante lo cual los representantes del departamento que dirige Yolanda Díaz evitaron mostrar sus cartas y no plantearon ninguna propuesta. El Gobierno no quiere marcarse una fecha para cerrar el pacto y ha emplazado a los agentes sociales a seguir negociando.

De hecho, Trabajo esperará a conocer el dato final de inflación de diciembre, que permitirá calcular la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, antes de adoptar cualquier decisión, según reconocen fuentes presentes en la reunión.

La patronal, a través de una nota, ha fijado su posición: un incremento del 4%, hasta alcanzar una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios firmados en 2022 (3,03%) y de la subida aplicada a los funcionarios (3,5%).

Sin embargo, esta cifra de subida de la CEOE está incluso por debajo de la horquilla baja propuesta por el grupo de expertos convocados por Trabajo, que plantean una revalorización de entre el 4,6% y el 8,2%. Esta comisión de expertos recibió el encargo de determinar el 60% del salario medio neto en 2023, el objetivo marcado por el Gobierno para subir el salario mínimo a final de legislatura y cumplir así con la Carta Social Europea.

Los sindicatos, por el contrario, defienden una subida que acerque el salario mínimo a los 1.100 euros al mes para que contrarreste el golpe de la inflación en los salarios de los trabajadores más precarios.

Díaz ha evitado estos días manifestar “posiciones propias” sobre cuál debería ser la subida del SMI para 2023, aunque se ha mostrado partidaria de revisar el SMI en los próximos seis meses si la situación económica española lo exigiera. “Tenemos la voluntad constructiva para alcanzar un acuerdo. Los sindicatos se han manifestado en la franja alta”, dijo. Sobre el plantón de la patronal y la propuesta de una subida del 4% dijo: “Me alegro mucho de que desde ayer a hoy, como está negociando en diferido, que suba medio punto de la subida del 3,5% que planteaban ayer al 4% que han enviado hoy”. Y agregó: “Le pido al señor Garamendi que se sume a la mesa y cumpla con su función constitucional. El SMI es la herramienta más importante de compensación de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que afecta a más de dos millones de trabajadores”.

El secretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, defendió una subida del 10% del SMI hasta los 1.100 euros, para los que “a pesar de tener un puesto de trabajo, no tengan dinero para vivir”. Luján recordó al Gobierno que el salario mínimo tiene que mantener el poder adquisitivo, por lo que no puede subir menos que las pensiones, que se revalorizarán en 2023 un 8,5%. Recuerda que la Carta Social Europea habla del 60% del sueldo neto y la propuesta de expertos no tiene en cuenta las cotizaciones de la Seguridad Social, por lo que en realidad el suelo salarial quedaría incluso por debajo.

Por su parte, la secretaria de acción sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, reconoció que la reunión ha sido una mera toma de contacto en la que solo se ha analizado el segundo informe del comité de expertos. Vicente admite que han echado en falta la presencia de los empresarios. “Pensamos que podemos llegar a un acuerdo para que el SMI, por primera vez en la historia, cumpla la Carta Social Europea que España tiene ratificada desde hace muchos años y se pueda cubrir la crisis inflacionista”, indicó.

Los representantes sindicales avisaron al Gobierno que la propuesta que presenten sea de todo el Ejecutivo. “No nos sirve una propuesta de Trabajo, que luego haya que cambiar en el Consejo de Ministros porque otros no estén de acuerdo”, replican.

Fuentes de la negociación explican que aunque no hay fecha para retomar la negociación, todas las partes admiten que el acuerdo se adoptará en las primeras semanas de enero y tendrá carácter retroactivo, como ya sucedió hace un par de años. Por ese motivo, precisa, el consejo de ministros del próximo martes prorrogará el decreto con la actual subida que deja el suelo salarial en 1.000 euros brutos al mes.

Tensión con la CEOE

El plantón de la patronal en la reunión convocada este miércoles por Trabajo ha protagonizado la jornada. Aunque Díaz insistió en que todos los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, estaban convocados a la reunión, finalmente, ni CEOE ni Cepyme han acudido a la cita. Antes de entrar a la sesión de control del Congreso, Yolanda Díaz ha reclamado a los empresarios que cumplan su “mandato constitucional” y les ha advertido de que en las mesas hay que estar “presente”, pues no se negocia “en diferido” ni “desde fuera”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya había anunciado que las organizaciones empresariales no asistirían a la reunión convocada este miércoles por el ministerio, con el que consideran “roto” el diálogo después de haber introducido en la Ley de Empleo una enmienda para que la Inspección de Trabajo controle las causas alegadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Otro de los motivos que han esgrimido los empresarios para no acudir a la cita de este miércoles es la celebración de su Junta Directiva, convocada antes de que Díaz citara a los agentes sociales para hablar del SMI.

La patronal, aunque no ha estado sentado a la mesa, ha publicado una nota para mostrar su postura. La CEOE ha argumentado que considera “una prioridad en 2023 el mantenimiento del empleo del colectivo afectado por el SMI”. Para ello, reclaman, “es necesario llevar a cabo un incremento acompasado con este contexto” de alta inflación. Han argumentado su postura recordando que la productividad por trabajador aún está por debajo del nivel prepandemia. Además, sostienen que el salario mínimo incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas, puesto que presentan menores niveles de productividad y suelen ofrecer salarios más bajos.