Construir la Europa social es relanzar el proyecto común

El 25 de marzo se celebrará el 65º aniversario del Tratado de Roma. Tratado que dio nacimiento a la Comunidad Económica Europea que unió a países, recién salidos de la guerra, en un proyecto de cooperación económica. Esta idea visionaria incitó a nuestros países a dialogar de manera constante para asegurar una paz duradera. Los padres fundadores del proyecto europeo eran conscientes de que solo podían funcionar con la adhesión de sus pueblos. Cooperación y convergencia económica debían avanzar al mismo tiempo que el reparto del bienestar. Por lo tanto, la promesa de prosperidad que traía la convergencia económica tenía que ir acompañada de la convergencia social. Promesa parcialmente cumplida.

La construcción de la Europa social está siendo más larga y tortuosa que la construcción económica. Avances como la adopción del euro han fortalecido la integración y la interdependencia de las economías de los Estados miembros, pero eso no ha impedido que se extienda la percepción de la brecha entre las instituciones y la ciudadanía. En ausencia de instrumentos europeos que permitan compensar los desequilibrios sociales resultantes, Europa puede percibirse como un espacio exclusivamente al servicio de los intereses económicos y financieros. La crisis de 2008 afianzó esta percepción, acentuando la desconfianza hacia las instituciones europeas, favoreció el desarrollo de movimientos populistas, euroescépticos y eurófobos.

Hemos tenido que esperar casi 10 años para que los temas sociales vuelvan al centro de los debates políticos. La adopción del Pilar Europeo de Derechos Sociales en 2017 marcó un punto de inflexión. Del mismo modo, el enfoque solidario para responder a la crisis sanitaria de la covid es buena prueba de la importancia de esta dimensión social. No obstante, los avances son aún demasiado tímidos ante los desafíos a los que debemos enfrentarnos.

Los trabajadores y trabajadoras europeos quieren una Europa social fuerte, solidaria y protectora. Hoy, antes del Consejo informal de Ministros de Asuntos Sociales y de Empleo, nos movilizamos para exigir, a los responsables políticos europeos, que compensen los años de retraso aprobando, de aquí al aniversario del Tratado de Roma, una directiva europea lo más ambiciosa posible, sobre salarios mínimos y negociación colectiva.

Esta directiva debe imponer a los Estados miembros, en los que exista un salario mínimo legal, que se fije en un nivel decente para que cada trabajador y trabajadora pueda vivir dignamente de su trabajo en Europa. Todo ello, preservando las buenas prácticas que ya están en vigor en algunos países que garantizan la autonomía de los interlocutores sociales, la directiva tiene que imponer también a los Estados miembros la definición de las medidas necesarias para fortalecer la negociación colectiva en todos los países europeos. Porque la negociación colectiva, sobre todo a nivel interprofesional y sectorial, es la mejor herramienta para fijar salarios justos y un reparto equitativo de la riqueza producida por las trabajadoras y los trabajadores. Más allá de la cuestión de los salarios, la negociación colectiva permite también conseguir mejoras en las condiciones laborales y una mejor implicación de los trabajadores en las decisiones de sus empresas.

Esta directiva constituye una verdadera oportunidad para Europa: es una oportunidad para reconciliar a sus ciudadanos con el proyecto europeo legislando para aportar cambios perceptibles que tengan un impacto positivo. La Presidencia francesa ha hecho de este tema una de sus prioridades y está en condiciones de poder llevarlo a cabo en las próximas semanas. Por ello, hacemos un llamamiento a las instituciones y a los gobiernos europeos para que lleguen a un acuerdo a la altura de las expectativas de los trabajadores y trabajadoras y, más ampliamente, de las ciudadanas y los ciudadanos.

Laurent Berger es presidente de la CES y secretario general de la CFDT (Francia), Reiner Hoffman es presidente de la DGB (Alemania), Wolfgang Katzian es presidente de la OGB (Austria), Marie Hélène Ska es secretaria general de la CSC (Bélgica), Pepe Álvarez es vicepresidente de la CES y secretario general de UGT (España), Jarko Eloranta es presidenta de SAK (Finlandia), Luigi Sbarra es secretario General CISL (Italia) y Andrzej Radzikowski es presidente de OPZZ (Polonia).